Vecinos de la Cañada se concentran en Sol para pedir casas legales

Los manifestantes, la mayoría de los sectores 3, 4 y 5 del asentamiento ilegal de la vía pecuaria, acompañados de su abogado, Roberto Alonso —especializado en los desalojos del poblado chabolista del Salobral—, solicitaron reunirse con la presidenta regional, pero solo pudieron rellenar una instancia para pedirle audiencia. "No estamos de gorra en nuestras viviendas. Llevamos muchos años, tres décadas en mi caso, pagando la contribución por el suelo, que luego no vale para nada si vienen a tirarnos nuestras casas", señaló Lidia, la presidente de la Asociación de Vecinos del Sector 4.

En este sentido, destacó que las Administraciones permitieron en los años 70 y 80 a un número de personas plantar sus huertos en la vía pecuaria aunque reconoce que luego algunos "edificaron un poco más. "¿Por qué no nos impidieron entonces construir y es ahora cuando molestamos?", se preguntó Lidia, que lo achacó a intereses urbanísticos cercanos.

Los concentrados señalaron que varios ayuntamientos de los que depende territorialmente la Cañada Real conocen el problema de delincuencia en la zona "localizado y controlado en un parte en concreta que conocen, pero que no quieren atajar para desprestigiar a todos los residentes". "No solo no se ha hecho nada, sino a los únicos que no están acribillando son a estos asentamientos", señaló la presidenta del sector 4.

Asimismo, los concentrados leyeron un manifiesto, que entregaron a los viandantes en la Puerta del Sol, en el que afirman que las administraciones les están dejando "en la calle como perros, e incluso peor, porque a otros los meten en una protectora", mientras que a ellos "les dan una patada en el culo" y les dejan "en la ruina". "Nosotros pagamos teléfono, la contribución, la letra de nuestros coches y los ladrillos, que no salen de los árboles. ¿Qué pensaría usted si le tiran la casa cualquier día sin avisar, con todos sus enseres dentro?", rezaba el documento.

Un problema "infinitamente más complejo"
Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó este jueves que el problema de los asentamientos ilegales en la Cañada Real es "infinitamente más complejo" que el de los poblados chabolistas, cuya desaparición de la ciudad está prevista para 2011 después del convenio firmado este miércoles con el Gobierno regional para acabar con otros cuatro núcleos de marginalidad, un plan que no incluye la Cañada entre sus actuaciones.

El primer edil indicó que "el plan hace referencia a determinados asentamientos y poblados", puntualizando sin embargo que "en la Cañada el problema es infinitamente más complejo, además de distinto" y considerando que "no se puede abordar con un simple proceso de realojos".

 "Es un problema gravísimo que requiere una solución conjunta con la creación de una comisión permanente, que se solicitó a la Comunidad de Madrid el 18 de septiembre de 2007 mediante una carta remitida a la presidenta Esperanza Aguirre", indicó Ruiz-Gallardón, quien aún no ha recibido respuesta desde la Puerta del Sol. Con esta opinión coinciden, según él, los alcaldes de los otros cuatro municipios afectados: Getafe, San Fernando, Coslada y Rivas Vaciamadrid. El alcalde de este último municipio, José Masa (IU), también habría trasladado, en las mismas fechas, una solicitud similar al Ejecutivo autonómico. 

Para el regidor, en dicha comisión deberían estar presentes tanto los consistorios afectados como la Comunidad de Madrid, titular de la vía pecuaria, y la Delegación de Gobierno, responsable de la seguridad. "Esa comisión debería tratar los temas sociales en primer lugar, porque son los más urgentes, como los educativos, sanitarios, de seguridad o urbanísticos, pero no se puede pensar que este problema es de desalojo de viviendas, sobre todo porque una parte muy importante de las mismas no son infraviviendas chabolistas, sino algunas de ellas tienen construcciones muy sólidas, extensas e incluso con actividades comerciales no sólo ilícitas, sino también ilegales", añadió.  

"Así que de ninguna forma se pueden incluir los problemas de la Cañada Real en un plan donde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) son el principal instrumento. Tenemos que abordarlo todos juntos y con una comisión intersectorial", concluyó el alcalde, recordando que el Ayuntamiento ya cuenta con "25 personas de servicios sociales atendiendo permanentemente las necesidades sociales de la zona, especialmente las de los menores".