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A pesar de que América Latina es una región exportadora, el alza en los precios de los alimentos y los combustibles ha provocado seis millones más de hambrientos y un retroceso a la situación que padecía a comienzos de siglo.
Según la oficina de la FAO para América Latina y el Caribe, la crisis de los dos últimos años ha elevado a 51 millones el número de personas que viven en la miseria.
"La región tiene un superávit de alimentos; sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso dificulta el acceso de muchas familias a los alimentos", señala la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
Pero "la situación podría empeorar aún más debido a la inflación y una posible recesión o desaceleración del crecimiento económico", considerando que "en los últimos años la región creció a un ritmo que no se veía desde el inicio de los setenta", dijeron a Efe los expertos de la FAO.
Los países más perjudicados son los importadores netos de alimentos y energía, como los de Centroamérica y el Caribe, mientras que las naciones andinas están promoviendo la recuperación de los alimentos originarios para disminuir su dependencia de las importaciones y fortalecer su soberanía alimentaria.
En tanto, los países del Cono Sur, que son exportadores de alimentos, minerales y otras materias primas, se están beneficiando del alza de los precios.
Sin embargo, la restricción del acceso al crédito como consecuencia de la crisis financiera puede dificultar su capacidad exportadora, advierte la FAO.
Esta institución propone tanto medidas urgentes, para resolver las situaciones más acuciantes derivadas del alza de precios de los alimentos, como cambios estructurales a largo plazo que permitan garantizar la seguridad alimentaria en América Latina.
Según datos de la FAO, uno de cada diez habitantes sufre desnutrición en América Latina, donde reducir el hambre a la mitad para el año 2015 (uno de los Objetivos del Milenio suscritos por 191 países) requerirá que cada año tres millones de personas dejen de vivir en la miseria.
En 2005, la FAO puso en marcha la "Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre", una campaña que ya arroja avances sustantivos, especialmente en Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y Guatemala, donde se han promulgado leyes para garantizar el derecho a la alimentación de los ciudadanos, estimular el consumo de alimentos y aumentar su producción.
En el extremo opuesto está Haití, expuesto a todo tipo de inseguridad, desde el paso de los huracanes hasta una inestabilidad política que hace fracasar todos los programas contra la desnutrición.
Según el responsable de la Coordinación Nacional para la Seguridad Alimentaria (CNSA) de ese país, Gary Mathieu, un mínimo de 3,3 millones de personas tiene problemas para alimentarse en Haití tras el paso de los ciclones, que afectaron las cosechas y la producción agrícola.
El paso de dos huracanes también afectó a inicios de septiembre a Cuba, donde 110.000 hectáreas de cultivos quedaron arrasadas y se perdieron 5.300 toneladas de alimentos, a pesar de lo cual el Gobierno asegura que no hay razones para afirmar que haya una "hambruna".
Distinto es el caso de Brasil, uno de los mayores productores mundiales de granos y prácticamente autosuficiente en la producción de alimentos, aunque la crisis de los alimentos también ha impactado en su inflación.
Por ello, el Gobierno ha anunciado medidas para facilitar las compras de trigo, uno de los pocos productos que el país necesita importar, así como otras iniciativas para impulsar la producción agrícola, que este año volverá a ser récord.
En Perú, de momento, no hay crisis alimentaria, si bien el encarecimiento de algunos productos básicos como el pollo y el arroz han hecho saltar algunas alarmas, provocando quejas de asociaciones civiles y sindicales, que culpan al Gobierno.
El sector agropecuario de Argentina, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, acaba de protagonizar su quinta huelga comercial, y desde marzo pasado los precios de los alimentos han subido un 30 por ciento en promedio en un contexto de inflación que las autoridades se niegan a reconocer.
En Venezuela rige desde 2003 un control de precios aplicado sobre algunos alimentos de la cesta básica, con lo que el coste de productos básicos está regulado por el sector público, que además dispone de una red de supermercados con productos subvencionados.
En México se registró en la primera mitad de este año una elevación de los precios de los granos y algunos productos agrícolas debido a la crisis alimentaria y energética mundial.
En respuesta, las autoridades aplicaron un plan de emergencia para reducir los precios mediante la eliminación de aranceles a las importaciones y aplicaron programas de apoyo a productores agropecuarios.
Mientras tanto, en Guatemala, la subida de los precios de los combustibles y los granos básicos amenaza con incrementar en 1,3 millones el número de pobres en un país donde la mitad de la población ya lo es.
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