En rueda de prensa en Palacio Quemado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desmenuzó toda la red que según la autoridad: "tejió Fernández para socavar las bases del sistema de derecho, apuntalar un régimen departamental corrupto y preservar los privilegios de sus allegados".
"Estas redes de tráfico de influencias, de corrupción y de nepotismo se instaló en medios de comunicación", denunció Quintana, quien, no obstante, ponderó el trabajo profesional de periodistas que se mantuvieron al margen de ese sistema prebendal.
El dignatario dio cuenta que periodistas, dueños de medios de comunicación, legisladores afines a la opositora Podemos y empresarios, que se beneficiaron con prebendas, y dirigentes cívicos constituyeron una red mafiosa que despilfarró los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Estos recursos, descontados en un 30 por ciento para el pago de la renta Dignidad, fueron el principal argumento de Fernández y sus aliados, no sólo para convulsionar el país entre agosto y septiembre pasados, sino impulsar un proceso sedicioso para derrocar al presidente Evo Morales, tal como se denunció el Gobierno.
La masacre de Pando acabó con al menos 18 vidas, decenas de heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos. "Estamos ante uno de los hechos más dramáticos en corrupción en los medios de comunicación en el departamento de Pando", alertó el Ministro.
Por tanto, dijo que dado estos antecedentes no es casual que algunos de los medios de comunicación quieran deformar la realidad de la masacre del Porvenir, "en base al invento y a la manipulación", que busca "salvar" al ex prefecto Fernández, hoy recluido en el Penal de San Pedro de La Paz.
En base a planillas de la Prefectura pandina y otras documentaciones, Quintana señaló que es clara "la vinculación informal y la compra de periodistas" que constituyó "la mayor censura de prensa en la historia de todo el país". "Prácticamente se silenció las voces disonantes y toda posibilidad de discrepancia", acotó.
Según la explicación oficial, todo se montó a partir de cuatro tentáculos: las cadenas televisivas, radios, periódicos y productoras que en su mayoría eran de los periodistas que, a la vez, trabajaban en la Prefectura pandina.
CANALES DE TV
La primera en la lista es Unitel-Pando, que tiene como propietario al diputado Ronald Camargo Suzuki (Podemos), paradójicamente adscrito a la Comisión Multipartidaria que investiga la masacre del 11 de septiembre donde murieron 18 personas.
De los periodistas de Unitel, según Quintana, muchos se beneficiaron con jugosos contratos de publicidad y de otra índole, o simplemente como Alex Valverde Flores siendo empleados de la Prefectura.
Valverde era técnico II de la Prefectura, con un salario de 2.200 bolivianos.
Quintana también involucró al Sistema Pandino de Comunicaciones, integrado por Bolivisión y ATB, de propiedad de Yusara Melena de Revollo, prima hermana de la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki.
Al igual que en Unitel, periodistas o funcionarios como Maria Luisa Sairo Suárez, secretaria de Bolivisión, percibía un sueldo por parte de la Prefectura.
También el periodista Carlos Pinedo Suárez, quien, además, es propietario de la productora Nuevo Milenio, recibía "jugosos sueldos de la Prefectura".
A la lista se suma Pando Visión, de propiedad de Arturo Ferreira Salvatierra, primo del ex Prefecto Pandino, quien también se adjudicaba contratos de la Prefectura para obras trabajadas por su compañía de construcción.
Además, tenía al periodista José Menacho, que trabajaba de técnico en la Prefectura, con un salario de 1.800 bolivianos. Dilermando Domínguez Rojas, en calidad de personal de apoyo, con un salario de mil bolivianos.
A este se suman periodistas contratados por la Prefectura como Camilo Bianche Reque, en calidad de coordinador con un salario de 4 mil bolivianos, pero también funcionario de Pando Visión; Hugo Mofi Solís, subsecretario de Comunicación Social de la Prefectura, a su vez empleado de la misma televisora.
Mientras que en Gigavisión, de propiedad de Luís Fernández, el periodista de este medio, Almir Cuellar Yohamona, era técnico de la Prefectura con un sueldo de 1.800 bolivianos.
En PAT, de propiedad de Claudia del Carmen Méndez Landívar, quien a la vez siendo periodista del medio, suscribió contratos de publicidad con la Prefectura por montos que superaban los 30 mil bolivianos.
RADIOS
Al igual que en los canales similar figura se plasmó en las emisoras radiales.
Según el Ministro de la Presidencia, está Radio Fides Pando, que dirige Giovanna Heredia. El periodista de esta emisora Juan Carlos Paredes firmaba contratos con la Prefectura pandina de forma bilateral.
Radio Centinela, de propiedad de Arturo Ferreira Salvatierra, otro primo del ex Prefecto pandino, el periodista de este medio, José Menacho, también trabajaba en la Prefectura.
Radio Líder, de propiedad de Sara Katiusca Suárez, esposa de Luís Fernández, gerente propietario de Gigavisión Pando, tenía contratos con la Prefectura.
En Radio Cadena Nacional, Alex Valverde, siendo periodista de este medio, trabajaba a la vez en la Prefectura.
Pero, además, los vínculos de la Prefectura con las emisoras radiales llegaron a afectar a una emisora militar e incluso a una de propiedad del Defensor del Pueblo en Pando, según denunció el Ministro.
Radio militar Nicolás Suárez, del Ejército Nacional, en este medio Leopoldo Fernández alojó a seis funcionarios de la Prefectura.
La denuncia señala que Noemí Arandia percibió un pago de 800 bolivianos; Rubens David Rivero Ramírez; Darcileni López Nadi, operadora en el medio con un sueldo de 900 bolivianos, salarios pagados de las arcas prefecturales.
Mientras que el director de la emisora Cnl. Brayan Justiniano, cuñado del prefecto de Pando, recibió contratos de la Prefectura por "jugosos montos", a través de un palo blanco, pero los recursos desembolsados nunca llegaron a las arcas de la emisora.
A esta larga lista se suma Radio Amazonía, de propiedad del Defensor del Pueblo, Rafael Vidal. La esposa de Vidal, Nilivet Rivera Méndez, suscribió contratos con la Prefectura.
LAS PRODUCTORAS
Otro espacio más donde se apoyó la Prefectura, dijo Quintana, fueron las productoras de radio y televisión que en Pando de dos el 2006 aumentaron a 40 al 2008, de las que son propietarios los mismos periodistas que trabajando en sus medios y a la vez en la Prefectura.
En la relación también se encuentran Sarita Producción, Nuevo Milenio, Iris Producciones, entre otras.
En la lista, se muestra nuevamente el nombre de Arturo Ferreira, quien creó su productora para adjudicarse de campañas publicitarias como jingles, para el que cobraba alrededor de 30 mil bolivianos.
"Como estos existen varios datos", aseguró el Ministro de la Presidencia.
LOS PERIODICOS
Respecto a los medios escritos, Quintana indicó está el caso del diputado Ronald Carmargo Suzuki (Podemos), quien creó un periódico que puso a disposición del Prefecto.
"Como el señor Camargo es un aliado estratégico del señor Leopoldo Fernández, recibió jugosísimos contratos en relación a los medios de comunicación", dijo el Ministro.
Pero más allá de ello, según la denuncia, la Prefectura contrató periodistas y medios de comunicación en el Brasil como en el periódico O Alto Acre, donde pagó a un periodista 24 mil bolivianos.
"Los tentáculos de corrupción llegaron al Brasil, pasaron la frontera y se trasladaron a los medios de comunicación brasileños", acentuó.
CONSEJO DE ÉTICA
El ministro Quintana anunció que enviará toda la documentación al Consejo Nacional de Ética, y a las asociaciones y federaciones de prensa del país para que evalúen el comportamiento de los empresarios, periodistas y medios de comunicación en esta "relación perniciosa".
A la par anunció que el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción iniciará las pesquisas de los periodistas que a la vez percibieron un sueldo por parte de la Prefectura, para iniciar un proceso de investigación.
Quintana criticó que funcionarios que percibían un sueldo de una entidad pública, como la Prefectura de Pando, también cumplían labores en una empresa privada.
"Supongo que un servidor público recibe recursos de las fuentes del Tesoro General de la Nación (TGN) por lo tanto tiene severas limitaciones para ser empleado por una empresa, mucho menos una empresa del gremio o del ámbito de los medios de comunicación", acotó.
Jcch/Dgav ABI
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