El popular alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció esta semana que desea postularse para un tercer mandato consecutivo (prohibido por las leyes de su estado) y propuso, que para efectuar la reforma, se convoque a un referéndum. Las encuestas establecen que si la reforma fuera aprobada, Bloomberg sería reelecto nuevamente. Se considera a su gestión como una de las mejores de los recientes tiempos, pero su anuncio de cambiar la ley para tener un tercer mandato generó también críticas de quienes señalan que eso afectaría a la democracia.
O sea que no estamos solos. En uno de los países con más sólida institucionalidad, como Estados Unidos, un político altamente popular desea reformar la ley para reelegirse. Ese mismo camino ha sido recorrido en los recientes años por líderes latinoamericanos de distinta tendencia política y estilo de gobierno. En los 90, Carlos Menem y Alberto Fujimori forzaron reformas constitucionales para poder reelegirse. En tiempos más recientes lo han hecho Hugo Chávez, Rafael Correa y Álvaro Uribe. En este último caso, gracias a su alta popularidad, especialmente después de la liberación de Ingrid Betancourt, aparentemente tratará de reformar la Constitución de su país una vez más, para lograr un tercer mandato. La situación de Lula da Silva es también muy indicativa. La Carta Magna de su país establece que un presidente puede gobernar sólo dos gestiones seguidas, pero ello no ha impedido que un grupo de sus adherentes inicie una campaña para introducir una reforma que le permita un tercer mandato. Evo Morales, en Bolivia, también busca lo mismo, a través de un artículo de la nueva CPE aprobada por la Asamblea Constituyente.
Todos estos líderes han buscado la reelección basados en un solo pilar: su alta popularidad. Aquí chocan dos conceptos: por un lado, el espíritu de una norma que establece límites a la reelección para asegurar una competencia leal entre los diferentes actores políticos y, por otro, la aspiración de importantes sectores de la población que respaldan la reelección de determinada autoridad. Ambos conceptos, si bien contradictorios, tienen su base en el mismo argumento: defender la democracia y dejar que sea el ciudadano el que tome una decisión sobre la continuidad de una autoridad.
En los regímenes parlamentaristas no existe este dilema. En la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, los primeros ministros pueden aspirar, sin límites, a ser reelegidos en el cargo (lo mismo que quería Hugo Chávez) y ello permitió gestiones gubernamentales extensas (y exitosas) como las de Felipe González, François Mitterand, Helmut Kohl o Margaret Thatcher. En Bolivia y en otros países, los diputados, alcaldes y otras autoridades elegidas pueden reelegirse también indefinidamente. Imaginemos que Juan del Granado se presentará a una tercera gestión, como su colega neoyorquino. La ley no lo impide y seguramente ganaría con facilidad.
Si en Bolivia existiera estabilidad institucional y los actores sociales y políticos lograran acuerdos para resolver nuestros asuntos mediante el voto, como debe ser, y no el veto, seguramente sería aprobada la reforma constitucional que autorizara la reelección presidencial. La mayor parte de los bolivianos seguramente votaría que Sí a esa posibilidad (y al resto del proyecto de CPE).
Lo curioso es que ahora la oposición —que enarbola el valor de la democracia— está evitando que los bolivianos podamos votar. El veto en el Senado (un miembro de diferencia, hace mucha diferencia) y la capacidad de movilización de los prefectos evita que podamos ir a las urnas, por el momento
* Periodista
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Tomado de la edición de La Prensa 05/10/2008
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