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Para Leopoldo Fernández

Corte ratifica el 'confinamiento'

Corte ratifica el "confinamiento"

Leopoldo Fernández ya no será trasladado a Sucre y tampoco estará en calidad de detenido en el penal de San Pedro de La Paz. La Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia aseguró que la reclusión dispuesta por el juez Williams Dávila quedó sin efecto, luego de que esta autoridad declinara competencia en el proceso iniciado en la sede del Gobierno, y porque la detención no fue dispuesta por una autoridad competente. Admite que el Prefecto está confinado, por lo que debe ser trasladado a un recinto militar.

 El presidente de la Sala Penal Segunda, José Luis Baptista, y el fiscal general, Mario Uribe, establecieron ayer que la autoridad departamental no será trasladada a Sucre mientras no haya una imputación formal en su contra y cumpla con el confinamiento ordenado por el Gobierno.

Baptista aclaró que la investigación seguirá su curso y que Fernández debe cumplir su encierro en otro lugar que no sea la cárcel. Precisó que nadie puede estar recluido si no es por una orden de autoridad competente y porque esa acción quedó sin efecto, luego de que el juzgado a cargo de ese proceso declinara competencia.

Uribe, por su lado, explicó que la Fiscalía no solicitó el traslado de la autoridad prefectural a Sucre y tampoco lo hará mientras no concluyan las indagaciones y se presente la imputación, etapa en la que se puede tomar una determinación.

Karlo Brito, abogado del Prefecto electo, declaró a la red ATB que no fue notificado con esta última decisión y que el pronunciamiento es sólo verbal, por lo que el auto que dispone su transferencia sigue vigente. Hasta anoche, la autoridad departamental seguía recluida en el penal de San Pedro y no había ninguna orden para su traslado a otro lugar

La situación judicial de Fernández continúa siendo confusa ya que está “confinado” por el Gobierno por violar el estado de sitio, encarcelado por un juez como medida cautelar y acusado de “genocidio” por la Fiscalía General que, sin embargo, no ha ordenado su arresto.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que el funcionario prefectural permanecerá en prisión porque la detención preventiva fue dispuesta por una autoridad judicial. Sin embargo, más adelante, al ser consultado si el Prefecto será llevado a un recinto militar porque el proceso ordinario iniciado en La Paz ya no está vigente y el caso pasó a la jurisdicción de Sucre, respondió: “Eso se discutirá”.

La determinación de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de pedir el traslado de Fernández a la capital ocasionó un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, pues el primero se negó a dar cumplimiento a esa disposición bajo el argumento de que él estaba confinado.

Incluso, el Gobierno acusó al tribunal supremo de montar una estrategia jurídica de “encubrimiento e impunidad” y sugirió que ese órgano estaba pagando la “factura al cacique” porque sus miembros fueron designados por cuoteo político.

El lunes, el juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, dio curso al auto supremo emitido por la Corte Suprema que instruye la remisión del Prefecto electo de Pando a Sucre porque ese tribunal se declaró incompetente para llevar adelante un proceso por la vía ordinaria por los delitos de asesinato, asociación delictuosa y terrorismo, cuando lo que corresponde es un juicio de responsabilidades.

El caso recayó en competencia de Melgarejo, luego de que el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, fuera recusado por la abogada Mary Carrasco, quien representa a la familia de tres normalistas caídos en los hechos violentos de Porvenir el 11 de septiembre, porque había anticipado criterio de que cumpliría con el requisito de la Suprema.

Dávila, como juez cautelar, dispuso la detención preventiva de Fernández en la cárcel de San Pedro el jueves 18. El Prefecto fue sometido a la justicia ordinaria tras su traslado a La Paz, el 16 de septiembre, en calidad de confinado.

Fernández cumplió ayer cinco días de reclusión en la cárcel de San Pedro y los movimientos sociales afines al Gobierno siguieron con los plantones frente a ese recinto para vigilar y presionar que aquél no sea llevado a la capital. Ayer fue el turno de la Federación de Adultos Mayores. El lunes protestaron los cocaleros de los Yungas, algunos con armas de fuego y machetes, mientras que los ancianos llevaban hondas.

Un ministro de la Suprema y el Fiscal General deciden esperar a que pase el confinamiento.

Las investigaciones de la Fiscalía contra Fernández por el delito de genocidio seguirán su curso.

Tropa policial reconoce a Bandeira

El contraalmirante Rafael Bandeira, designado prefecto de Pando por el presidente Evo Morales, fue reconocido ayer por la tropa policial como nuevo Comandante, aunque todavía no juró al cargo en la Corte Superior de Distrito de ese departamento, tal como disponen las normas.

El militar asumió el lunes sus funciones en ese gobierno departamental y ayer decidió una de las primeras medidas. Emitió la Resolución Prefectural 072/08 que dispone “día de regocijo” por el aniversario de Pando que se celebra hoy, pero sin suspensión de actividades públicas ni privadas. Dispuso también postergar hasta el 11 de octubre el acto de conmemoración de la efeméride departamental.

Pando cumple 106 años en medio de un estado de sitio dispuesto por el Gobierno, luego de que en esa región, más propiamente en la localidad de El Povenir, la violencia se desatara y terminará con la masacre de al menos 14 personas (entre campesinos y normalistas) y la muerte de un funcionario prefectural.

El Prefecto designado ya envió a la Corte Superior de Distrito su solicitud para jurar al puesto, pero hasta ayer no se había establecido fecha y hora para ese acto. Los allegados al prefecto electo de Pando, Leopoldo Fernández, confinado en la sede del Gobierno, no habían presentado ningún recurso para evitar que Bandeira jure al cargo.

Consejo pide informe a jueces

El plenario del Consejo de la Judicatura determinó ayer solicitar a los jueces Quinto y Sexto de Instrucción en lo Penal del distrito judicial de La Paz, Williams Dávila y Álvaro Melgarejo, respectivamente, que informen acerca de sus actuaciones judiciales en el proceso ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en Porvenir contra el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

El órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial dijo que llaman la atención “las interpretaciones cargadas de excesiva susceptibilidad sobre el tema, haciendo ver al Consejo de la Judicatura como si estuviera en contra del juez Dávila y, por tanto, a favor del prefecto Fernández, cuando lo único que hace es atender la necesidad y el pedido de una investigación que aclare las actuaciones judiciales contradictorias”.

En el marco de un proceso ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en la localidad de Porvenir (Pando), el juez Dávila remitió a Fernández al penal de San Pedro. La Suprema y la Fiscalía le comunicaron que no tenía competencia para llevar adelante este caso, por lo que le pidieron remitir al Prefecto y el proceso a Sucre. La autoridad judicial fue recusada y tuvo que transferir el caso al Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal que dio lugar a ese pedido.

Familiares agreden a empleada

Los parientes de los tres normalistas fallecidos en Porvenir agredieron ayer a una estudiante de la carrera de Derecho y pasante en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal, porque, supuestamente, era ella la que llevaba los documentos que autorizaban el traslado del prefecto Leopoldo Fernández a Sucre, tal como lo dispuso ese tribunal. Entretanto, el juez Álvaro Melgarejo denunció que fue amenazado y puso a su familia a buen recaudo.

Los allegados de Joni Cori Sarzuri (24), una de las víctimas de la masacre en Pando, estuvieron apostados ayer por la mañana en puertas de la oficina del juez Melgarejo. Al llegar a las 12.00, una mujer de pollera tomó de los cabellos a la joven pasante y la arrastró hasta una esquina de ese piso. “Eres cómplice”, le gritaba junto con otros querellantes. Tres policías intervinieron, pero también recibieron puñetazos. Para calmar los ánimos de los agresores, los uniformados les rociaron con gas lacrimógeno.

Los familiares fueron desalojados del quinto piso y la Policía resguardó las oficinas Melgarejo y a los funcionarios con los que trabaja.

La autoridad judicial, quien el lunes dispuso que el Prefecto pandino sea llevado a Sucre tal como lo solicitó la Corte Suprema de Justicia, denunció ayer que recibió amenazas y que le dijeron que puede sufrir un atentado. “Si supiera (quiénes son), sentaría la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen; si pudiera identificarlas, las denunciaría con nombre y apellido”.

Explicó que por seguridad tuvo que desactivar su celular, desconectó su teléfono y tomó las previsiones para que su familia esté segura y para ello los sacó de su domicilio. “El responsable es el Gobierno. Me han informado que quieren interceptar mi vehículo, quieren maltratar mi coche, quieren maltratarme, por favor... dónde estamos, si en aplicación de la ley estamos dictando nuestras resoluciones”.

Cronología

11 de septiembre. Al menos 14 personas (entre ellas tres normalistas y 11 campesinos) mueren en una masacre en Porvenir. A esa lista se añade la muerte de un funcionario.

12 de septiembre. El Gobierno decreta estado de sitio.

15 de septiembre. La Fiscalía General inicia un proceso al prefecto Leopoldo Fernández, al ex alcalde Miguel Becerra y al senador de UN afín al MAS Abraham Cuéllar, por genocidio.

16 de septiembre. El Prefecto es arrestado por desacatar el estado de sitio y es confinado en La Paz. Los familiares de los tres normalistas fallecidos en Porvenir le inician un proceso penal por asesinato, asociación delictuosa y terrorismo.

18 de septiembre. En el marco de ese proceso ordinario, Fernández es remitido a la cárcel de San Pedro.

19 de septiembre. La Sala Penal Segunda de la Suprema ordena trasladar al Prefecto a Sucre y comunica que asume competencia en este caso.

20 de septiembre. La decisión de acatar o no la disposición de la Corte Suprema transfiere el caso al Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal.

22 de septiembre. Ese juzgado dispone el traslado del Prefecto pandino a Sucre.

Los hechos

El Prefecto está recluido en el penal de San Pedro desde el jueves de la anterior semana.

Fue detenido preventivamente en el marco de un proceso ordinario iniciado en su contra.

La defensa de la autoridad no fue notificada con la decisión del tribunal supremo.

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