La percepción de inseguridad es cada vez mayor en el país.
Los reiterados asaltos y otros delitos, que por su singular audacia ocupan mayores espacios en los medios de comunicación intensifican esa impresión.
A pesar de que los índices de homicidios y robos se hallan en el país por debajo del promedio en América Latina, la percepción de inseguridad responde a la creciente incidencia de aquellos.
En 2005, el índice regional registró 25,1 homicidios por 100 mil habitantes. En el Ecuador fue de 15,8; pero 25 años atrás registraba 6,4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Según análisis de la Cámara de Comercio de Quito, ocho de cada 10 habitantes de la ciudad han sufrido algún tipo de robo o asalto y casi la mitad de los afiliados a la institución ha sido víctima de la delincuencia.
Ese imparable azote delictivo se produce a pesar de que tanto el sector público como las empresas privadas, e instituciones y personas particulares destinan cada vez más recursos a la seguridad. Esta constatación debería inducir a replantear las políticas de seguridad ciudadana.
Estas exigen la modernización policial. Existe ya una unidad ejecutora para ella. El presidente de la República reiteró, días atrás, que su Gobierno invertirá cerca de $300 millones, en dos años, para dotar de equipos a la Policía y mejorar la situación de los uniformados. Sin embargo, esa inversión no es suficiente sin verdadera modernización policial, política nacional de seguridad y rendición de cuentas.
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