La Ley de altos cargos se aprobará por consenso

La Comisión de Presidencia y Justicia, en su reunión, dejó cerrada la tramitación del proyecto de ley, pendiente ya sólo del debate y votación en el pleno. De las trece enmiendas que presentó el PP, cinco han sido incorporadas sin cambios, otras cuatro con modificaciones y las cuatro restantes han sido retiradas.

Entre los cambios que introducen esas enmiendas, destaca la incompatibilidad que se marca al presidente del Gobierno y los consejeros para que no puedan ser al mismo tiempo senadores.

Además, la competencia para autorizar excepciones a las incompatibilidades de la Ley cuando se trata de miembros del Consejo de Gobierno dependerá del propio Consejo, y no de la Inspección General de Servicios como ocurre para los demás altos cargos. Otro de los cambios es que la memoria de la Inspección General de Servicios, que el Gobierno proponía como anual, será finalmente de carácter semestral.

Los portavoces de los tres grupos parlamentarios mostraron hoy su satisfacción por el acuerdo en torno a la Ley y coincidieron también en las mejoras introducidas en la tramitación.

El diputado 'popular' Luis Carlos Albalá destacó que con esta Ley, que garantizará la transparencia en los miembros del Gobierno y los altos cargos, se sustituirá la normativa previa, de 1984, que había quedado "posiblemente superada y obsoleta en muchos de sus extremos".

A su juicio, con las enmiendas incorporadas se han "superado" algunos conceptos jurídicos "indeterminados", lo que evitará "interpretaciones dispares o distantes en el futuro". Aunque cree que algunas partes no son todavía lo "suficientemente claras", confió en que la nueva norma pueda ser "perfeccionada" en su aplicación práctica.

Por su parte, el regionalista Rafael de la Sierra destacó que se trata de una Ley que ya en origen estaba "bien pensada" y era "muy equilibrada, bastante rigurosa y de acuerdo con las últimas tendencias y recomendaciones" en la materia. Y además, opinó que durante la tramitación en ponencia y comisión, ha sido "enriquecida" con enmiendas que la "mejoran" y la hacen "más rigurosa".

En la misma línea, la diputada del PSOE Ruth Carrasco elogió el proyecto remitido por el Gobierno al Parlamento y aseguró que se ha "enriquecido". Con esta Ley explicó que se dará "una mejor respuesta a la demanda social de mayor transparencia" en la actividad pública.

'Ley de calado social'

La presidenta de la Comisión de Presidencia y Justicia, Rosa Valdés, felicitó a los tres grupos parlamentarios por el trabajo realizado y el consenso alcanzado en torno a esta Ley de 26 artículos más una disposición final transitoria. En un comunicado, Valdés destacó que este acuerdo permitirá que Cantabria cuente con una Ley autonómica "de especial importancia y calado para la ciudadanía", pese a que no parece haber despertado la atención social.

A su juicio, "la ética del comportamiento de los gestores públicos, la transparencia, independencia e imparcialidad en el ejercicio de la actividad pública administrativa por parte de los miembros del Gobierno y los altos cargos de Cantabria con el fin de primar siempre el interés público, justifican más que de sobra esta Ley".

Según dijo, se trata de una Ley que "previene los conflictos entre intereses públicos y privados en la toma de decisiones, propicia la creación de un entorno de buen gobierno y administración y contribuye a garantizar una gestión pública eficaz, eficiente y honesta, tal y como exigen los ciudadanos".