Los referendos que aprobaron los estatutos autonómicos en la denominada “media luna” de Bolivia, marcaron la necesidad de reabrir otro tipo de pactos de gobernabilidad, esta vez entre el gobierno central y las tendencias a conformar gobiernos prefecturales en Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca.
El antiguo esquema del sistema político donde existía una influencia categórica de los pactos de gobernabilidad en el sistema de partidos políticos, se desplazó hacia otra estructura donde la relación entre el gobierno y la oposición está sujeta a la dinámica de las Prefecturas, Comités Cívicos y organizaciones corporativas que defienden la descentralización.
La acción de los partidos políticos no sólo fue víctima de un profundo desprestigio ante la opinión pública, sino que también perdió capacidad de movilización, propuesta y negociación de espacios de poder. Los partidos han sido rebasados, tanto por organizaciones civiles, movimientos sociales y grupos corporativistas con fuertes intereses regionales; por lo tanto, el sistema político boliviano dejó de ser una estructura de mediación afincada en el monopolio de los partidos.
En toda América Latina los partidos políticos están perdiendo aceleradamente el monopolio de la representación y canalización de las demandas sociales y políticas, apareciendo nuevos espacios que privilegian más lo regional y local en lugar del Estado Nacional; esto significa que en Bolivia han irrumpido un conjunto de microsociedades y microespacios para el ejercicio del poder que buscan conformar un nuevo armazón mediante las autonomías departamentales.
En todo el mundo existe un proceso de transformación de lo que en términos teóricos es la “polis”; es decir, de aquel lugar donde se toman las decisiones respecto a la marcha de una sociedad. En América Latina, durante mucho tiempo se consideró que la sociedad y la polis estaban confundidas en aquello que llamamos Estado-Nación, pero después de todos los procesos de globalización en los que interactúan diferentes poderes como el poder del mercado, los poderes espirituales ligados a instituciones religiosas, los poderes políticos y militares, repentinamente surgen nuevas estructuras de poder que buscan ejercer su dominio en otros lugares atravesando – como poderes transversales – a los Estados Nacionales, con lo cual se va resquebrajando la vieja sociedad-polis. Las autonomías precipitaron una lógica para la toma de decisiones que involucra directamente a las demandas de aquellos ciudadanos que quieren someterse a los poderes políticos locales.
Los referendos autonómicos mostraron fuertemente la defensa que la gente hace de su microcosmos y de sus espacios privados e íntimos frente a un Estado nacional boliviano agobiado por una debilidad estructural. Las expectativas autonómicas quieren lograr un refugio en su provincia, municipio, relaciones de género, espacios étnico-culturales y posibilidades productivas regionales.
Posiblemente, las demandas hacia el sistema político y la democracia en Bolivia siempre reivindicaron espacios donde la ciudadanía pueda tomar decisiones que afectan su vida cotidiana. De aquí nace la importancia de la comunidad local y los barrios marginales destacándose la institucionalidad de los gobiernos municipales y las prefecturas.
En Bolivia con seguridad van a diversificarse los centros de decisión porque será imposible refrenar el poderío de lo regional y local. Asimismo, muy probablemente debemos entender la consolidación del proceso autonómico como un reclamo para el regreso del Estado y el retorno de la política. Se demanda que la política recupere su capacidad de integración respetando las autonomías locales y regionales, al mismo tiempo que se pretende cierta capacidad para construir una comunidad política transnacional como los esfuerzos del Mercosur o las posibilidades de integración económica con Norteamérica y la Unión Europea.
El nuevo sistema político
En la Bolivia del siglo XXI, las nuevas mediaciones del sistema político se asientan en las pugnas de poder de caudillos locales en la media luna, que son esferas de intereses políticos identificados con reivindicaciones de carácter focalizado en territorios específicos y donde se van disolviendo las visiones más abarcadoras concentradas en lo nacional. Es por esto que el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores nacionalistas rechazaron los planteamientos autonómicos acusados de responder a algunas oligarquías.
Entre 1985 y el año 2005, las mediaciones entre el Estado y la sociedad fueron partidarias y las estrategias de gobernabilidad se llevaban a cabo mediante pactos entre los partidos políticos. Las estrategias de acción de los partidos estaban concentradas en su posicionamiento dentro del Parlamento y junto al trabajo de las bancadas regionales, mientras que la sociedad civil era el recipiente de demandas hacia el Estado y el sistema político que debían considerar necesariamente a los “partidos nacionales” como instrumentos dominantes de mediación.
Ahora, las estrategias de movilización están fuertemente unidas a las organizaciones sociales y sindicales que desconocen la institucionalidad del Parlamento y el equilibrio de poderes en la democracia representativa, lo cual impulsa al mismo tiempo a los gobiernos prefecturales y las demandas autonómicas que se caracterizan por ser los nuevos escenarios e instrumentos de poder.
Las estrategias departamentales nacen de los grupos cívicos y corporativos que no responden a los partidos. De aquí que los intereses regionales también obedezcan a orientaciones más restringidas; sin embargo, la acción de múltiples gobiernos municipales, también autónomos, se convierte en el propulsor adicional de las demandas locales que definitivamente convirtieron a la autonomía regional en otra estructura de poder en Bolivia.
El Estado centralista, en el fondo, es defendido por Evo Morales que se opone al reconocimiento de las autonomías departamentales precipitadamente. Si había alguna posibilidad de reconocerlas, era a condición de llevar adelante la propuesta de autonomías indígenas diseñadas por el Poder Ejecutivo, pero esto demostró tener un serio déficit de concertación, además que las autonomías indígenas constituyen enclaves etnocéntricos sin tradición democrática moderna ni institucionalidad solvente para resolver los problemas que las políticas públicas plantean de manera compleja.
El MAS cometió un profundo error al no asumir de una vez que era inviable escuchar las frases de Evo Morales desde enero de 2006 que se convirtieron en su favorita muletilla: “no puedo entender”, pues ahora el futuro político de cualquier gobierno depende enormemente de un nuevo pacto de gobernabilidad entre las regiones autonómicas y el Estado central, momentáneamente en manos del MAS.
Finalmente, estamos ante el nacimiento de una “post-política” porque Bolivia está ingresando en una nueva era de visiones de democracia. El país con las autonomías ha llegado a su propia post-modernidad. Los conflictos por la autonomía no muestran una crisis de la modernidad sino la diversificación y descomposición de ciertos modelos de modernidad y de democracia. Estamos en un momento en el que se mezclan la pre-modernidad con la modernidad, así como la democracia representativa con otra democracia de autonomías territoriales.
¿En qué consiste hacer política hoy en día después de los referendos autonómicos? En la capacidad de articular estas tensiones entre los rastros de la pre-modernidad, la diversificación y descomposición de la modernidad, la irrupción de identidades colectivas, la fuerza autónoma de esferas privadas que los individuos reivindican, así como en la probabilidad abrir el poder para el reconocimiento de los espacios locales y regionales con sus propias dinámicas de dominio democrático
Franco Gamboa Rocabado
Sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program
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