OPINIÓN/Víctor Gijón
El PP como la Inquisición
El PP utiliza las preguntas en el Parlamento como si fueran jueces del tribunal de la Santa Inquisición. En el próximo pleno el consejero de Industria, Javier del Olmo, deberá responder a una diputada popular que le pregunta por qué mintió en su anterior comparecencia ante la Cámara sobre GFB-Suyesa.
Cabría esperar que junto a tan dura presunción se relacionaran pruebas y datos, sostén documental de afirmación tan grave. Pero no hay caso. Las pruebas del PP son recortes de prensa donde se recogen sus insinuaciones, cerrando así un círculo vicioso y viciado donde el acusado debe defenderse de acusaciones no probadas.
Si Del Olmo dice que ha dicho la verdad será acusado, juzgado y condenado en sede parlamentaria. Y si al final se llega a la reprobación --ya lo han hecho con otras mentiras contra la vicepresidenta del Gobierno, Lola Gorostiaga-- y la iniciativa fracasa, que sepan todos los que la rechacen que serán acusado de cómplices del ‘mentiroso’.
Si el PP cree que el Gobierno miente, acusación que viene realizando desde hace meses de forma continuada y por las más diversas causas, que presente las pruebas. Y si las mentiras tienen consecuencias penales ya tardan en acudir a los tribunales. En las últimas semanas, y aunque se han cuidado de llamarlas por su nombre, los populares han insinuado que distintos miembros del Gobierno han incurrido en posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La insolvencia política, la intolerable demagogia, la falta de escrúpulos y su miserable forma de actuar, hace que, por ejemplo, el presidente del PP, Ignacio Diego, otorgue el beneficio de la duda al imputado alcalde de Castro Urdiales, amigo con el que los populares administran el ayuntamiento de Castro Urdiales en contra de la voluntad de los ciudadanos, pero condene sin paliativos a los que ni siquiera ellos se atreven a llevar ante la justicia.
Las acusaciones más graves, todas sin prueba alguna, se hacen siempre en sede parlamentaria. Saben que los atacados de forma tan cobarde no podrán ir a los tribunales en defensa de su honor. Y es que existen normas legales que garantizan a los diputados no ser imputados por opiniones o afirmaciones realizadas en el ejercicio de su función representativa.
Si (
No(
