Al parecer, el proceso autonómico iniciado en Santa Cruz, y que plantea -más allá de los cuestionamientos legales- una nueva forma de organización estatal, más descentralizada y, eventualmente, mejor vinculada a la gente, prevalecerá sobre la actual estructura estatal que está prácticamente agotada. Paradójicamente, quienes tenían toda la legitimidad política para capitanear las autonomías son hoy sus más grandes detractores y enemigos. Evo Morales y el MAS perdieron esta oportunidad, como muchas otras, y hoy expresan el "fin" del ciclo sustentado en el "centralismo" de un Estado que prácticamente no existe en gran parte del territorio nacional.
En efecto, ¿quién puede evitar que hoy la comunidad "x", por un problema local que es incapaz de resolver por sí misma, salga a "bloquear" una carretera interdepartamental por horas e incluso días, perjudicando a miles de personas ajenas al conflicto, para de este modo llamar la atención de autoridades estatales que, a su juicio, deben plantear la mejor solución? ¿Dónde están las autoridades del Estado para evitar que vecinos o comunarios enfurecidos, invocando la "justicia comunitaria", torturen y asesinen cruelmente a presuntos "ladrones", "violadores", etc.?¿Qué autoridad puede impedir que grupos de "contrabandistas" trafiquen GLP al Perú, Paraguay o Argentina, contribuyendo al desabastecimiento de ese combustible en el país? ¿Qué instancia estatal puede evitar que los cocaleros de Yungas y el Chapare hayan decidido incrementar, de forma masiva, el cultivo de hoja de coca destinada al narcotráfico?
Como puede apreciarse, existe un enorme conjunto de problemas que afectan la vida en común y que el Estado actual no puede resolver, por mucha buena voluntad que desplieguen sus eventuales titulares.
El problema de fondo radica en el empeño oficialista de mantener un tipo de Estado centralizado, pero incapaz de controlar efectivamente el territorio nacional y aplicar la ley de forma efectiva. Ésto se complica todavía más con la forma displicente, irresponsable e improvisada que caracteriza la actual gestión pública (si es posible denominar de ese modo, a las actitudes contradictorias y cercanas a un genuino estado de "estupidez" que caracteriza a la mayoría de las autoridades gubernamentales).
En este sentido, las autonomías aparecen como un eslabón más en el proceso democrático que, en todo caso y desde la participación popular, adopta formas "descentralizadas" de la gestión gubernamental.
Por supuesto, un formato de Estado con regiones autónomas no solucionará de un golpe todos los problemas de la actual forma centralizada de Gobierno. Pero, en mediano plazo se perfila como respuesta razonable a la crónica falta de "estado de derecho" en vastas regiones del país. Obviamente, esta posibilidad debe ir acompañada de un liderazgo comprometido con la democracia, algo que por ahora no existe ni en el oficialismo, pero tampoco entre los movimientos cívicos regionales que impulsan las autonomías.
Sin embargo, el proceso autonómico no podrá detenerse y, en el corto plazo, la mitad del país adoptará esta opción en función del voto ciudadano. Al MAS (ironías de la historia) sólo le queda gestionar de la mejor forma posible la transición hacia un Estado definitivamente descentralizado o "autodestruise" en el intento de frenar el avance de una realidad inevitable.
* Politólogo y catedrático
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Tomado de la edición de La Prensa 25/04/2008
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