En la vista de apelación al auto de archivo dictado en noviembre pasado por el juez Fernando Grande-Marlaska, que se celebró hoy ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Burgos reclamó la reapertura de la investigación al considerar que en el proceso de identificación de los cuerpos hubo "una mutación de la verdad" en unos documentos "con trascendencia jurídico-pública y jurídico-privada", lo que demuestra, a su entender, "dolo falsario" por parte de sus autores.
La Fiscalía imputa un delito de falsedad documental al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Saéz. Las familias de las víctimas también acusan al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.
El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
Según el relato de hechos realizado por el representante del Ministerio Público, cuando los cuerpos llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en la madrugada del 28 de agosto de 2003, el general Navarro "rellenó los espacios que se encontraban en blanco" en el listado de víctimas elaborado por las autoridades turcas y españolas tras ordenar la realización de las necropsias a los cadáveres no identificados y emitir los correspondientes certificados de defunción.
En Turquía no se asignaron identidades a estos 30 cuerpos porque, según explicó Burgos, "no hubo tiempo para hacerla, no hubo medios distintos de la mera observación y no se pidió". En este sentido, concluyó que esta actuación se corresponde con un delito de falsedad documental con dolo directo o al menos por imprudencia.
"FINALIDAD ESPURIA", SEGÚN LAS FAMILIAS
Los representantes legales de las familias de las víctimas defendieron la "trascendencia jurídica evidente" de los documentos que recogieron las identificaciones erróneas, sin las cuales no se hubieran podido realizar la exhumación de los cadáveres, el funeral del Estado y los posteriores enterramientos.
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