El derecho de los débiles

En vísperas de las sesiones de investidura del Sr. Rodríguez Zapatero, la opinión pública parece más impactada por las deficiencias de la justicia que, además de un caos funcionarial, presenta ligerezas judiciales puestas de relieve por el asesinato de una niña por un pederasta en situación inapropiada de libertad y por la absolución de un terrorista por una negligencia en la prueba. Estos y otros muchos casos no solo derivan de unas circunstancias ocasionales sino que se producen en un ambiente exageradamente garantista y confiado, viciado por una interpretación torcida del objeto del Derecho penal que perjudica a la seguridad de los ciudadanos, interpretación de inspiración retroprogresista mas preocupada por los derechos de los delincuentes que por los de sus víctimas.

El artículo 25 de nuestra Constitución dice que “las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Esto solo indica eso, una orientación complementaria para intentar, en la medida de lo posible, una rehabilitación personal. Pero los retroprogresistas interpretan abusivamente el artículo confundiendo una orientación con un mandato imperativo, creyendo que la reeducación es el objeto predominante del Derecho Penal, lo que no es cierto. El Derecho Penal no está escrito para vengar ni para reeducar. Su objeto es la defensa de la sociedad frente a las actividades delictivas, procurando medir la actividad de los delincuentes. Desde este punto de vista el hipotético intento de rehabilitación, que solo resulta efectivo en ciertos casos, también es un camino para que el delincuente deje de ser peligroso para el resto de los ciudadanos si la suerte acompaña a los intentos reeducadores.

La demagogia que se filtra por todos los canales del retroprogresismo consiste en no entender quiénes son los ciudadanos débiles a quienes hay que proteger. El “progre” considera que el débil es el delincuente, fruto de una sociedad injusta, y no los ciudadanos víctimas del delincuente. No es necesario fijarnos en una niña o en un joven policía para constatar la indefensión de estos ciudadanos. Los débiles son todos los ciudadanos normales que no poseen medios de defensa autónoma, que tienen que convivir  en los mismos espacios que los agresores y los ladrones, que son asaltados en la calle o desvalijados en sus negocios por delincuentes en libertad experimental. Esos ciudadanos son los débiles a los que debe dar máximas garantías el Derecho Penal.