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Alcoholímetros para jueces

Alcoholímetros para jueces

A tenor de algunas sentencias alocadas y absurdas, un amigo dijo públicamente que habría que someter a los jueces a las pruebas del alcoholímetro, lo mismo que a los conductores. A punto estuvo de que lo empapelasen.

Ahora, en cambio, es la propia judicatura la que reconoce que hay magistrados que están como una cabra y que siguen en activo, sin haber pasado ningún control psicológico. A buenas horas, mangas verdes.
Ya de por sí, nuestra justicia está hecha unos zorros. No hace mucho, los sindicatos del sector denunciaron una grave “falta de personal y recursos” que provoca el que existan miles de sentencias sin ejecutar. En algún juzgado concreto, añadían, “ha prescrito el 30 por ciento de las penas impuestas” sin haberse comenzado a cumplir. ¡Jobar!

Incluso, allá donde funciona, la justicia resulta de una lentitud exasperante. Hasta esta misma semana no ha sido condenado Antonio Camacho por la estafa de Gescartera, perpetrada hace ya siete años y que defraudó 110 millones a los confiados clientes del invento. Otro caso notorio, el del anestesista valenciano Juan Maeso, comenzó a instruirse a los diez años del primer contagio de hepatitis B.

Así van las cosas, sin necesidad de que las agrave la mala fe, la desidia o la enfermedad mental de algún magistrado. ¡Si hasta nuestros dos principales tribunales, el Constitucional y el Supremo, se pasan la vida haciéndose la puñeta uno al otro, en vez de dedicarse a sus funciones jurisdiccionales! ¿O es que la exculpación de Alberto Cortina y Alberto Alcocer no es un escándalo de tomo y lomo?

En este contexto de impunidades, suspicacias, subjetivismo y falta de control, ¿cómo deslindar los naturales errores objetivos de la culpabilidad individual de algún juez?, ¿cómo comprender la pasada lenidad de la justicia con Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, quien ha podido vivir con su increíble historial al lado de su siguiente víctima?

Eso pone los pelos de punta a cualquiera. Pero también la absolución a Constantino García, que conducía a 260 por hora y que ahora reclama con toda la cara una indemnización por el tiempo que estuvo sin carné, el mantener olvidado año y medio en la cárcel al inocente José Campoy Maldonado, el haber acumulado la jueza Adelina Entrena 148 fallos sin dictar, o tardar tres años en redactar la magistrada Coro Cillián una simple sentencia.

Con esos casos y muchísimos más que van saliendo a la luz, pienso que mi amigo se quedó corto al pedir alcoholímetros para los jueces. Lo que hay que hacer es una profunda revisión del sistema que garantice la idoneidad de las personas que dicten justicia y las dote de los medios precisos para que la agilicen.
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