Insisten en España en que Cavallo sea juzgado allí

Las víctimas en el juicio contra el represor Ricardo Cavallo en España emprendieron acciones para evitar que el ex militar sea entregado a Argentina sin ser juzgado previamente en Madrid, cuando se cumplen 32 años del golpe militar.

El objetivo de las acciones es "dejar sin efecto" la decisión de la Sección III de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que, el pasado 14 de marzo, ordenó el sobreseimiento y archivo de la causa que, desde hace casi 8 años, se sigue contra Cavallo en España.

En un acto celebrado en Madrid a 32 años del golpe, el abogado de la acusación popular Carlos Slepoy aseguró que la decisión del tribunal - que preside el magistrado Félix Alfonso Guevara -es "contraria a Derecho" y que constituye un "auténtico escándalo jurídico".

Según explicó el letrado, junto a otros abogados, víctimas y asociaciones de derechos humanos, la medida contradice la sentencia del Tribunal Supremo -del 7 de julio de 2007- que revocó la declinación de jurisdicción a favor de Argentina, porque implicaba "el abandono de la competencia y responsabilidad de juzgar".

Además, la resolución de Guevara "vulnera la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en ningún caso, prevé el sobreseimiento para este momento procesal, cuando sólo se está a la espera del señalamiento de la fecha del juicio oral".

Asimismo, la medida contradice dos resoluciones del Consejo de Ministros español, en las que se condicionó esta extradición al cumplimiento de las responsabilidades penales de Ricardo Miguel Cavallo en España.

Tras explicar estos motivos en conferencia de prensa, las acusaciones entregaron un "recurso de súplica" contra la decisión de la Sección III y solicitaron al tribunal que señale la fecha del inicio del juicio oral contra Cavallo.

Paralelamente, la querella presentará en los próximos días un pedido al gobierno español para que "paralice" o "suspenda" la entrega de Cavallo a Argentina hasta tanto el proceso sea resuelto de manera definitiva en el ámbito judicial.

Por otro lado, los abogados querellantes se reunieron también este lunes con el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, a quien solicitaron que sea el Pleno del tribunal el que se pronuncie sobre la extradición.

En ese sentido, Slepoy dijo en declaraciones a Télam que Bermúdez se comprometió a "analizar" ésta posibilidad, aunque también planteó la posibilidad de una entrega temporal de Cavallo a Argentina con el compromiso de que lo devuelvan.

Es por ello que la "impresión" del letrado es que la justicia española buscará dar una "solución intermedia".

Una vez que obtengan una respuesta sobre el recurso de súplica, los letrados analizarán la posibilidad de recurrir la decisión de archivar la causa contra Cavallo ante el Tribunal Supremo, indicó Slepoy.

Miembros de asociaciones de Derechos Humanos, la agrupación HIJOS y víctimas de la dictadura acompañaron este lunes a los letrados en sus acciones, y repudiaron en las puertas del tribunal la decisión judicial de archivar la causa contra el ex oficial argentino en el 32 aniversario del último golpe militar en Argentina.

"Es fundamental que el juicio contra Cavallo llegue a su conclusión en España, porque una condena sentará precedente para la persecución universal de éstos crímenes", dijo a Télam Graciela Daleo, superviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y testigo en el caso Cavallo.

Daleo subrayó que "valora profundamente" la lucha del pueblo argentino, ya que "logramos la reapertura de las causas contra los militares, y la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final".

No obstante, consideró que en el caso Cavallo es "importante que se lo juzgue en España", porque el procedimiento en Argentina "está recién en etapa de instrucción".

Ricardo Miguel Cavallo, conocido con el alias de Sérpico, integró el equipo de represores de la Escuela de Mecánica de la Armada-ESMA, en cuyas instalaciones fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas, casi 5.000 personas.

Cavallo, quien fue extraditado desde México a España en 2003, afronta en este país una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010 años por crímenes de lesa humanidad o genocidio.