Estas palabras son las que usualmente dice a viva voz quien entra en un lugar con la intención de apoderarse, mediante amenaza o violencia, del dinero y los bienes de quienes sorprende en el sitio. La característica básica del hecho es la superioridad de quien asalta en razón de su poder de compulsión sobre los demás, en ese momento.
Sin tanta violencia visual pero con no menos compulsión, hemos visto en estos últimos días al estado argentino quedarse arbitrariamente con propiedad ajena mediante un acto del príncipe, sin siquiera sujetar esa arbitrariedad a tratamiento parlamentario previo. Nos referimos al aumento confiscatorio de las retenciones a la exportación de productos agrícolas. De un día para otro, sin previo aviso los derechos de exportación de la soja y otros granos, que ya eran muy altos, se elevaron ahora hasta el 44%. El argumento oficial fue la “desojización” traducida en el objetivo que se desarrollen la ganadería, el tambo y otros cultivos, como si éstos no hubiera sido igualmente desalentado por otras medidas de intervención. La realidad es que el propósito ha sido recaudatorio y que en su filosofía intervencionista el Gobierno sigue pensando que puede decidir desde un despacho lo que se debe y lo que no se debe producir y juzgar si alguien gana mucho o poco. El efecto fue que los precios internos se desplomaron en un momento que los productores carecen de toda posibilidad de cambiar decisiones tomadas anteriormente. La cosecha gruesa ya está en pleno desarrollo y no hay otra opción que terminarla y soportar el 100% de las consecuencias. Muchos productores de zonas marginales no podrán recuperar la totalidad de sus costos y muchos otros intentarán revisar el valor de los arrendamientos ya pactados.
El gobierno probablemente no recibirá todo lo que pretende. No hay que descartar un aumento de la informalidad y del contrabando hacia afuera. Siempre que las tasas impositivas se elevan, la evasión aumenta porque el beneficio crece, compensando así el mayor riesgo. Cuando los nuevos niveles son claramente confiscatorios, aparece una suerte de justificación moral de la evasión del impuesto y en muchos casos se alega la necesidad de sobrevivir. La situación se asemeja a la de quien escapa de un asalto. El gobierno argentino ya ha superado estos límites y está encontrando resistencia civil y el apoyo de la población a los sectores afectados. Ahora es el pequeño agricultor, el contratista, y el tractorista quien se ve afectado y lo sufre en mayor medida que los grupos de siembra grandes más consolidados. No se percibe que los costos de producción han crecido notablemente y el intento populista del gobierno de hacer creer que la medida sólo afecta a grandes terratenientes que ganan mucha plata, ya no resulta creíble. La Federación Agraria Argentina, en la sólida tradición del socialismo, se ha encargado de desmentirle esa versión.
Hubo otro “asalto” en 2007 que no tuvo toda la repercusión y rechazo que merecía. Es el de la apropiación de las cuentas de ahorro de más de un millón de aportantes al sistema jubilatorio de capitalización. Con el traspaso forzado o inducido de cerca de un millón y medio de personas, el fisco ingresó como recurso corriente alrededor de 7.500 millones de pesos que esas personas habían acumulado con el sudor de su trabajo durante quince años, en cuentas de ahorro a su nombre y propiedad. Los fondos perdieron su identificación y fueron a parar al barril sin fondo del Estado contra la promesa de una jubilación que, como siempre ha ocurrido, no se podrá cumplir. Hubo una profusa propaganda sobre las supuestas ventajas de pasarse al sistema estatal de reparto, con el soporte de cálculos actuariales que suponían que las promesas estatales se cumplirían. En el caso de los que estaban a diez años o menos de jubilarse y que no hubieran acumulado más de 20.000 pesos, el traspaso era automático salvo que se expresara explícitamente una voluntad en contrario. Una trampa cazabobos. De lo que en realidad se trataba era que el fisco necesitaba reforzar sus ingresos ante un fenomenal desborde del gasto, impulsado por los crecientes subsidios para compensar las pérdidas del control y congelamiento de precios, el gasto político, el despilfarro y la corrupción. Se eligió el camino de esta contrarreforma previsional a la que se vistió con grandilocuentes palabras de hondo patriotismo y de defensa de los futuros jubilados frente al capitalismo salvaje de las AFJP. Fue entre asalto y estafa.
Las demandas de la caja estatal siguen creciendo con los subsidios y con la necesidad de construir el poder kirchnerista. ¿Cuál será el próximo asalto?
Manuel A. Solanet
Presidente Fundación Futuro Argentino
www.futuroargentino.com.ar
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