Azkarraga dice que con las "garantías" de la Ertzaintza "no estaríamos" ante un caso como el de Igor Portu

   Azkarraga indicó que "si ha habido irregularidades", además de contra quienes las han cometido directamente, habrá que "proceder también" contra "quienes desde el ámbito político les han dado cobertura, entre ellos el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma".

   En una entrevista en Deia, en referencia a la hospitalización por presuntas torturas de Portu, el consejero acusó al PSOE y al PP de ser "expertos no sólo en limitar los derechos y las libertades, sino también en tratar de ocultar las pruebas que puedan implicar a quienes actúan al margen de la ley".

   "Tengo la impresión de que el ministro de Interior compareció cuando no tuvo más remedio. Y lo hizo, como suele ser habitual en los ministros de Interior de todos los gobiernos españoles que ha habido, para hacer suya la versión de la Guardia Civil, para no dejar ningún margen de duda, cuando lo lógico es que, al menos, se propicie desde el propio Ministerio de Interior una investigación en profundidad sobre lo ocurrido. Lo único que hace con esta forma de proceder es dar cobertura a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios", añadió.

   El consejero pidió que se investigue este caso "hasta sus últimas consecuencias" y, en caso de que se constaten "irregularidades", se proceda contra los funcionarios que las hayan cometido, pero también contra "quienes desde el ámbito político les han dado cobertura, entre ellos el ministro de Interior y el delegado del Gobierno en el País Vasco".

   Azkarraga aseguró que el Gobierno central no le merece "ninguna" credibilidad y "mucho menos después de escuchar al ministro de Interior" o a "un prohombre del socialismo español como José Bono, que animaba a que hubiera bajas, pero en el otro bando".

   "El problema es que no existen garantías --en el Estado--. Si mínimamente existieran las garantías que tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca por parte de la Ertzaintza, no estaríamos ante un problema como éste. No existen garantías cuando hay una ley antiterrorista que avala la incomunicación de los detenidos, con lo cual se producen espacios de opacidad que pueden dar lugar a situaciones de estas características", dijo.

   Para Azkarraga, si el Ministerio del Interior hubiera hecho "lo que el Gobierno vasco, que ha colocado unas cámaras en los centros de detención que graban todo el periodo de detención", esa "opacidad no existiría".

   En este sentido, reiteró su apuesta por la derogación de la Ley Antiterrorista en lo que respecta a la incomunicación y la prolongación del espacio de la detención porque "merman" los derechos y libertades.