La Comunidad de Madrid rescindirá en breve el contrato con las empresas contratadas actualmente para limpiar el metro y las sustituirá por otras, hasta que resuelva el concurso que convocará en el segundo trimestre del año para adjudicar de nuevo este servicio.
Así lo aseguró el consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela, que puso de manifiesto la necesidad de configurar un nuevo marco jurídico para evitar la situación que se ha producido durante la huelga de los trabajadores de limpieza de Metro, desconvocada después de tres semanas de conflicto laboral.
Adjudicación temporal a otra empresa
Lamela realizó estas declaraciones en Alcorcón, donde reiteró las disculpas a los usuarios de Metro por la situación, a su juicio "lamentable", que ha soportado el suburbano durante esta huelga iniciada el 17 de diciembre.
Hasta que se convoque ese concurso público se rescindirá el contrato con las actuales empresas concesionarias de Metro, de cuya limpieza se harán cargo nuevas empresas "por razones excepcionales y de urgencia" que recoge un procedimiento reglado en la Ley de Contratos.
Se mantienen las denuncias
Lamela añadió que ahora serán los jueces los que determinen si hay delito en los actos que quedaron grabados por cámaras de seguridad del suburbano, protagonizados por personas (identificado como supuestos trabajadores de las empresas de limpieza) que vacían bolsas de basura en los andenes y vuelcan aceite en el suelo.
Por su parte, el consejero añadió que el Gobierno regional se mantendrá firme con estas personas. "Ahora corresponde a los tribunales depurar las responsabilidades", indicó Lamela, que negó que la Comunidad de Madrid se haya planteado retirar ninguna denuncia.
"El derecho a la huelga es un derecho reconocido en la Constitución Española, pero no se puede ejercer conculcando los derechos de los ciudadanos", continuó el Consejero, que calificó los hechos reflejados en los videos como "presuntamente delictivos".
Subrogar a los trabajadores
Ahora, los servicios jurídicos de Metro estudian, sin plazo límite, las condiciones que se impondrá a las nuevas adjuticarias, pues el Gobierno regional considera que independiente de las huelgas de personal, el servicio debe seguir prestándose. Asimismo, las condiciones para las futuras concesionarias incluirán que, como establece la Ley, los trabajadores tienen que ser subrogados.
"Una vez firmado el acuerdo del pasado domingo, esperamos cierta estabilidad que garantice su cumplimiento", subrayó Sergio Picallo, portavoz de UGT en el comité de empresa, que insistió en que, a su juicio, "no se puede rescindir un contrato porque haya huelga de los trabajadores, porque ello supone meter presión a los trabajadores para que no ejerzan su derecho a huelga".
"Creemos que la ruptura de los contratos, además de desacertada, es una decisión que no tiene sentido", indicó. El sindicalista apuntó además que "las nuevas empresas están obligadas a entrar y hacerse cargo de los trabajadores, y por lo tanto, ofrecer garantías de subrogación de los trabajadores". "El acuerdo en principio seguirá en vigor, pero si se incumple, nos obligarán a tomar medidas", advirtió.
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