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30 años después: un modelo de convivencia

Me gustaría reivindicar una España en positivo. La España que tenemos que construir entre todos después de que los populares ganemos el próximo mes de marzo.

Mi primera experiencia de la democracia fue ver cómo todos sumaban esfuerzos para lograr  un país de todos y para todos. Esa enseñanza es la que me anima a pensar que lo que entonces fue posible, puede y debe volver a repetirse.

¿Acaso los españoles de hoy no somos capaces de ser fieles a esa imagen de entendimiento, de unidad en lo que verdaderamente importa?

Esta ha sido una pregunta que me ha acompañado toda la legislatura mientras veía y vivía cómo los espacios de encuentro logrados a lo largo de estos 30 años se rompían torpemente.

Tengo claro dónde está la responsabilidad. Esta situación de enfrentamiento comenzó cuando en abril de 2004 se puso en marcha un proyecto de gobierno que ha dividido a los españoles.

Pero no se trata ya de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. Y la solución comienza con el nuevo consenso que ha propuesto Mariano Rajoy.

Tenemos que devolver a los españoles la confianza en la política. Tenemos que escuchar a una sociedad que quiere que los políticos nos entendamos en lo fundamental. Sumar voluntades y  lograr que la sociedad no vea en la política un problema.

El nuevo consenso quiere abrir un espacio para el encuentro y la responsabilidad. Despejar del terreno los obstáculos partidistas, alcanzar un acuerdo sobre lo esencial y localizar nuestra energía en afrontar eso que denominamos los retos y desafíos de la era global.

Una parte fundamental de ese nuevo consenso ha de ser recuperar un diseño del Estado que lo haga viable y eficaz dentro de nuestras fronteras y activo, con una voz potente y firme, fuera de ellas.

España ha de estar dotada de un Estado con capacidad de acción. Un Estado capaz de evaluar las necesidades y aspiraciones de los españoles, así como de liderar un proyecto compartido.

No se trata a mi juicio de replantearse el modelo autonómico, ni de dar marcha atrás en el grado de descentralización alcanzado. Se trata más bien de consolidarlo, de afianzarlo: de reforzar cuanto tiene de bueno, que es mucho, y de encauzar sus debilidades. En resumen, de darle la estabilidad que precisa treinta años después.

Y es que España no puede caer en la melancolía inútil de replantearse a sí misma cada tres décadas. España precisa de certezas y de seguridades. Requiere un soplo de aliento ilusionado sobre sí misma. 

Por eso, garantizar la sostenibilidad del Estado de las Autonomías, hacerlo más eficaz y lograr que cumpla su tarea de salvaguardar la igualdad y la solidaridad de todos los españoles, serán los ejes de gravedad de la reforma constitucional que ha anunciado el Presidente del Partido Popular y que ofrecemos al debate.

Porque cualquier reforma que afecte a nuestro modelo de Estado debe promoverse como una invitación al diálogo con el fin de lograr un acuerdo constitucional mayoritario y sólido entre las formaciones políticas.

No pierdo la esperanza de que vuelva a haber un Partido Socialista sensato, que recupere la senda del consenso de la que nunca debió salir y que contribuya con generosidad y apertura a una discusión que nos interesa a todos.

Proponemos una reforma de contornos precisos y acotados, delimitada en su alcance y contenido. No se trata de modificar radicalmente el diseño actual, si no de introducir en éste reformas que aseguren la viabilidad del Estado y preserven en él los elementos comunes del sistema.

Solamente quiero anticipar aquí los grandes ejes sobre los que articularemos nuestro debate:

En primer lugar, hacer del Estado de las Autonomías un modelo estable y sostenible. Hace veintinueve años la Constitución se centró en la puesta en marcha del Estado de las Autonomías. Ahora toca hablar de su puesta a punto. 

Los españoles no dejamos de asombrarnos ante un estado inerme para abordar una reforma del suelo o para implantar con eficiencia un modelo educativo de calidad.

Por eso, nos parece oportuno delimitar un núcleo básico de competencias irrenunciables e indelegables por el Estado, guiándonos por el criterio de la eficacia y la necesaria coordinación entre Administraciones Públicas.

Y, en particular, debemos afianzar la capacidad de las Cortes Generales de regular aspectos sustanciales que afectan a la libertad e igualdad de todos los españoles en materias como el urbanismo, la inmigración o la enseñanza de la lengua común.

En segundo lugar, nos proponemos dotar al Estado de los instrumentos necesarios para garantizar la igualdad de los españoles en derechos, deberes y oportunidades y la solidaridad entre territorios.

Los españoles se quejan con razón de diferencias de trato: diferentes prestaciones sanitarias, distintas listas de espera, modelos educativos muy dispares...

Los empresarios, grandes, medianos y pequeños, los profesionales se enfrentan a una maraña legislativa, a disparidad de trámites y procedimientos en un Estado, que, tras haber aportado tanto en Europa para la construcción de un espacio común, ve impasible cómo se fractura su mercado interno.

Conviene por tanto fortalecer los instrumentos de cohesión y solidaridad de que dispone España para hacer de la igualdad, con mayúsculas, la base de un sistema de bienestar más justo.

Y por último, queremos consagrar en nuestro Constitución la práctica del consenso que guió la transición en los grandes asuntos de Estado.

En particular, propondremos elevar a 2/3 las mayorías necesarias para aprobar los estatutos de autonomía.

No se trata de forzar unanimidades, sino de asumir con responsabilidad que las reglas de juego son el marco en que han de poder presentarse y actuar las distintas opciones y alternativas de gobierno.

Esta propuesta se enmarca en un compromiso sincero y firme con la calidad de nuestra democracia y su inaplazable regeneración. La política no puede ni debe impregnarlo todo.

Debemos preservar la necesaria independencia de jueces y magistrados, a quienes corresponde aplicar la ley haciendo abstracción de lo que a unos y a otros convenga.

La profesionalidad de los organismos supervisores y reguladores, que no se han de deber a nadie más que a la ley y a la transparencia del mercado.

La eficacia y responsabilidad de la administración pública, para quien el ciudadano ha de ser cliente al que servir y no súbdito.

La centralidad política de las Cortes Generales, que han de ser el eje de un debate constructivo con el que los ciudadanos se sientan plenamente identificados.

Y reivindico desde aquí la fortaleza de la sociedad civil y su protagonismo constante en la vida pública.

En uno de los momentos clave de nuestra historia, fue la sociedad civil la verdadera impulsora del éxito colectivo que significó la Constitución del consenso. Hoy vuelve a ser otra vez imprescindible para estos nuevos tiempos de diálogo y concordia que necesita España.

Tenemos un reto ante nosotros: que España tenga un Estado capaz de reconocerse en él.

Un Estado que sea el fiel reflejo de una sociedad abierta y plural, libre y democrática.

Ése es el desafío que tenemos por delante y en el Partido Popular estamos dispuestos a afrontarlo.

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(*) Soraya Sáenz de Santamaría es secretaria de Política Autonómica y Local y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
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