red.diariocritico.com

Agricultores de EE.UU. contra el endurecimiento de las leyes migratorias en el vecino país

El sector agrario de Texas y los trabajadores indocumentados que laboran en la Unión Americana tienen fuertes preocupaciones y miedos. Muchos empleadores agrícolas estadounidenses temen que la represión de los trabajadores extranjeros indocumentados –dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)- provocará una escasez de mano de obra. Y sus empleados están nerviosos porque el gobierno piensa realizar cambios en una ley de visas que rige sus remuneraciones, condiciones de trabajo y competencia por los puestos.

      

Preocupaciones similares se han registrado en el último año en varios estados, entre ellos California, Arizona, Florida, Washington, Illinois, Georgia y Carolina del sur, donde las cosechas están en riesgo ante la falta de campesinos.

Prestigiadas agencias internacionales de noticias señalan que muchos culpan al Congreso, que se negó en junio a aprobar una ley de reforma global de la inmigración y acaba de entrar en receso sin renovar la ley de subsidios a la agricultura.

Ese proyecto de 6 mil millones también sufre la amenaza de un veto por parte del presidente George W. Bush.

La vigencia de la ley quinquenal de subsidios finalizó el 30 de septiembre (día en que terminó el año fiscal 2007), y el Congreso aprobó una medida interina para financiar los subsidios durante un tiempo.

Algunos grupos que abogan por la reducción del gasto fiscal se oponen al proyecto.

Por otra parte, con la represión de los indocumentados -programa de verificación de empleo- algunos agricultores sufren escasez de mano de obra y temen que la situación empeore, a pesar que el plan se encuentra congelado temporalmente por orden de un juez federal.

El secretario del DHS, Michael Chertoff, ha apelado el fallo e insiste en poner en vigor el programa que sanciona a los empleadores que dan trabajo a los indocumentados.

Según encuestas realizadas por el Departamento de Trabajo, más de la mitad de los empleados rurales reconocen que no tienen autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Algunos grupos creen que la verdadera cifra es cercana al 70 por ciento.

A su vez, el gobierno propone revisar el actual programa de visas H2-A para trabajadores agrícolas.

Menos del 1 por ciento de los empleadores del sector usaron ese programa el año pasado debido a los altos costos y las dificultades burocráticas, dijo Sharon Hughes, vicepresidenta ejecutiva del Consejo Nacional de Empleadores Agrarios en carta a Bush hace unos meses.
 
La visa H2-A es utilizada por trabajadores agrícolas, tiene una duración de dos años y puede ser renovada dos veces por el mismo período de tiempo.

La visa H2-B es usada por trabajadores no profesionales en otras áreas fuera de la agricultura, tales como jardinería, hoteles, pastoreo, sirvientes y circos.

En los últimos tres años la reforma migratoria ha sufrido dos importantes derrotas en el Congreso estadounidense.

El primer fracaso ocurrió el 3 de junio de 2006, cuando el entonces liderazgo republicano canceló el nombramiento del Comité de Conferencia que debía armonizar dos leyes aprobadas, una por la Cámara de Representantes -el 16 de diciembre de 2005- y otra por el Senado -el 25 de mayo de 2006-.

El primer proyecto, patrocinado por los republicanos, proponía, entre otras medidas, criminalizar la estadía indocumentada, acelerar las deportaciones y un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin a la inmigración indocumentada.

El segundo proyecto, que contó con respaldo bipartidista, entre otras recomendaciones incluyó una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que no tuvieran antecedentes criminales.

Los republicanos argumentaron que este plan no era congruente con la política de seguridad del gobierno federal y optaron por cancelar el debate. Un mes después, ambas cámaras del Congreso aprobaron la ley del muro y dos meses más tarde los republicanos perdieron en control de ambas cámaras del Congreso.

A mediados de mayo una comisión tripartita integrada por representantes demócratas, republicanos y de la Casa Blanca anunciaron la elaboración de una nueva propuesta de reforma migratoria que incluía, entre otras recomendaciones, una compleja vía de legalización para indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.
 
El Senado inició el debate el 21 de mayo, pero el 7 de junio el liderazgo demócrata canceló la iniciativa bajo el argumento que los republicanos no estaban dispuestos a fijar un número limitado de enmiendas y que ninguna de ellas anulara la vía de legalización.

Una semana después, el día 14, los líderes de ambos partidos en la Cámara Alta acordaron reanudar el debate, pero el día 28 la propuesta tripartita sucumbió ante la falta de apoyo de ambos partidos.

El plan tripartita, basado también en un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin al tráfico ilegal por la frontera, recomendaba una vía de legalización a cambio de, primero, una residencia temporal de tres años, verificación de identidad, una multa de ,500 por persona y un trámite consular en el país de origen para recibir la residencia permanente.

Leyes locales

El fracaso de ambos debates originó que gobiernos estatales -bajo el argumento de que el gobierno federal no hace mucho por controlar la inmigración ilegal- lancen sus propias iniciativas para solucionar el problema.

En los últimos dos años más de 1,400 proyectos de ley antiinmigrantes han sido discutidos en varios estados.

Un estudio ventilado en agosto en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales celebrado en Boston, Massachussets, precisó que desde 2005 se han aprobado unas 180 leyes.

En resumen, las ordenanzas prohíben a los propietarios alquilar casas y negocios a indocumentados, y otorgan poderes extraordinarios a policías locales para ejercer funciones como agentes de inmigración.

Autorizar a las policías municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones. El entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, explicó en 2003 que el plan formaba parte de la “lucha antiterrorista” dirigida por el gobierno de Washington.

****Presión antiinmigrates golpea a negocios

Desde que entró en vigor en Oklahoma una ley que, entre otras cosas, elimina los servicios de asistencia médica para los indocumentados y establece multas para los que los contraten, los negocios hispanos en Tulsa se enfrentan a graves problemas por el descenso en sus ventas.

Las autoridades del estado autorizaron la puesta en marcha de una legislación que, en aras de combatir la inmigración ilegal, autoriza además a la policía local detener a inmigrantes indocumentados.

Desde el 1 de noviembre, la llamada "Ley para la Protección de los Ciudadanos y Contribuyentes de Oklahoma", patrocinada por el legislador estatal republicano Randy Terrill, prohíbe también la emisión de licencias de conducir para indocumentados.

Según Francisco Treviño, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Tulsa (GTHCC, en inglés), los efectos de la mencionada ley han afectado considerablemente a los comercios hispanos, con cierres de algunos locales o iniciativas para atraer a otra clase de público.

Para Emiliano Gutiérrez, gerente de un restaurante mexicano de comida rápida, el futuro del negocio es incierto y no cree que vaya a cambiar para bien.

"No quiero ser pesimista, pero no veo una luz de esperanza al final del túnel. Nuestro negocio ha experimentado pérdidas de hasta el 40 por ciento de las ventas. Antes teníamos un 80 por ciento de clientela latina, ahora todo ha cambiado y los hispanos son los que menos nos frecuentan", indicó Gutiérrez.

"Ojalá las autoridades se den cuenta del daño que le está haciendo a la comunidad hispana y de cómo eso afecta el crecimiento económico del estado y de esta ciudad. Al final, parece que lo único que nos queda es resignarnos", añadió.

****Proponen leyes aún más duras

Por el momento, Randy Terril, autor de la ley HB 1804, ha dado a conocer sus intenciones de proponer una iniciativa para la próxima sesión legislativa para aumentar las prohibiciones contra los indocumentados.

La más drástica sería la apropiación del estado de bienes como vehículos, casa y negocios que estén registrados bajo los nombres de personas que se encuentran en el país de manera ilegal.

También rechazaría el registro de las actas de nacimientos de los niños nacidos en este país de padres indocumentados y negaría el cuidado preventivo de salud para las mujeres indocumentadas que se encuentran gestando.

"Excluyente y racista"

Para Juan Miret, periodista con el semanario Hispano de Tulsa, lo que pretende Terril es una violación a las garantías constitucionales porque su propuesta sería "exclusivamente excluyente y racista".

"El llamado 'hijo de la 1804' es una exclusión, restricción o preferencia en base a la raza, color o descendencia nacional o étnica, con el único propósito de anular los derechos humanos y las libertades civiles del grupo más vulnerable en la actualidad: los indocumentados", criticó Miret.

La ley HB 1804 también exige que los departamentos policiales arresten a inmigrantes indocumentados acusados de manejar borrachos o de delitos graves, para que posteriormente sean sometidos a un proceso de deportación por parte de las autoridades federales.

Pérdida de hasta el 70%

"La reducción de las ventas es el común denominador de la gran mayoría de negocios cuyos clientes eran únicamente hispanos. Al principio se trataba de un cinco por ciento menos en las ventas, pero ahora se ha incrementado al 60 y hasta 70 por ciento menos", dijo Treviño.

"La razón no es solamente que muchos decidieron irse a otras ciudades o regresar a sus lugares de origen. El otro problema es que muchos hispanos indocumentados han optado por no salir a las calles", agregó.

De acuerdo a la GHTHCC, de los 75 mil hispanos que habitaban el condado Tulsa antes del 1 de noviembre, unos 25 mil se han mudado a otros lugares debido al clima hostil contra los indocumentados.

"Y no todos los que se han ido eran indocumentados. Muchas familias grandes que tenían a uno o dos miembros con un estatus migratorio ilegal decidieron irse con ellos", afirmó Treviño.

Indicó además que los hispanos que se han quedado son aquéllos que de alguna manera tienen un trabajo y están mejor establecidos que otros, pero que de todas maneras están a la espera de lo que va a pasar en los próximos meses.

****Preocupa a Banxico aumento en la inflación

El Banco de México dio a conocer este viernes su postura en materia de política monetaria, en el que destaca que “los precios de los alimentos han sido la causa principal del ascenso de la inflación que se viene registrando desde el año anterior, y continúan siendo un motivo de preocupación”.

El instituto central destacó que en cuanto a la actividad económica, el crecimiento del PIB del tercer trimestre fue 3.7 por ciento, sin embargo, “ha aumentado el riesgo de que el debilitamiento de la economía de Estados Unidos, previsto para el cuarto trimestre del año y para el primer semestre de 2008, tenga una repercusión negativa sobre la actividad económica en México”.

A contrapelo de lo afirmado por el presidente Felipe Calderón este jueves, en El Salto, Jalisco, donde señaló que el país no tendrá crisis económica “pase lo que pase” en Estados Unidos, la institución que gobierna Guillermo Ortiz Martínez agrega que “también se ha incrementado la incertidumbre acerca de las repercusiones de la mayor aversión al riesgo y la consecuente restricción crediticia sobre la actividad económica mundial”.

En el anuncio de la Junta de Gobierno del Banco de México, también se mantuvieron sin modificaciones la tasa de referencia de 7.50 por ciento y el “corto” monetario de 79 millones de pesos diarios.

Por su parte, Arnulfo Rodríguez, de la dirección de Análisis de Accival Casa de Bolsa, afirma que “la percepción de un deterioro generalizado en la calidad crediticia del sistema financiero mundial ha reforzado la recomposición de portafolios favorable a los Bonos del Tesoro de Estados Unidos”.

Rodríguez advierte sobre la afectación a la economía mexicana por parte de Estados Unidos en dos vertientes: una es “la fuerte caída acumulada por el componente de vehículos y autopartes en los últimos dos meses”, mientras que la otra se explica por “el sorpresivamente bajo crecimiento de 0.4 por ciento en la actividad industrial de México durante septiembre (misma que) podría resentir en octubre la caída en la producción industrial de Estados Unidos”.

Joel Virgen Rojano, de la dirección de Estudios Económicas Banamex Citigroup, resalta que “en lo local destaca la expectativa de la desaceleración económica de Estados Unidos, prevista, de manera explícita, para el cuarto trimestre del año y el primer semestre de 2008, y sus eventuales implicaciones negativas para el crecimiento local”.

 

 

 

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios