Tal y como sucedió con la votación en comisión, la norma salió adelante con el voto dividido de los grupos a lo largo de los distintos capítulos. El grueso recibió el apoyo de PSOE, IU-ICV, CiU, PNV, BNG, CC, CHA y Na Bai, aunque algunas minorías se descolgaron en artículos determinados, sobre todo en lo relativo al Archivo de Salamanca.
En el otro lado, ERC plasmó su rechazo negándose a apoyar un solo artículo, mientras que el PP dio su visto bueno a los artículos relativos a aumentar indemnizaciones ya reconocidas. En las tribunas del hemiciclo y otras dependencias del Congreso siguieron el debate algunos de los protagonistas de lucha contra el franquismo --como Santiago Carrillo, el líder del PCE en la Transición--, un numeroso grupos de presos de la dictadura y representantes de los colectivos dedicados a la recuperación de la memoria.
En la sesión salió adelante una enmienda pactada entre PSOE, CiU, PNV y CC que abre la vía para que la retirada de símbolos franquistas y la posible anulación de subvenciones a quien no se preste a ello no se aplique a las iglesias. En concreto se introdujo una tercera excepción a la retirada de símbolos. Si antes se eximía de cumplimiento por motivos "artísticos" y "arquitectónicos", ahora introducen también "razones artístico-religiosas", lo que toca de lleno a las iglesias.
De la Vega: "No hay ni una sola línea que no pueda ser respaldada"
Fernández de la Vega fue la encargada de defender en nombre del Ejecutivo la Ley de Memoria Histórica, intervención que no siguió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De la Vega no dudó en afirmar que está “convencida de que no hay ni una sola línea que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata”.
Todos los grupos votaron a favor del dictamen, excepto el PP y ERC que se opusieron por razones diferentes. Los republicanos ni siquieran se sumaron a las enmiendas de los grupos catalanes CiU y IC, que introducían mejoras en el texto, entre otras cosas, en lo referente al acceso a los archivos incautados por la guerra civil.
De la Vega afirmó que esta es “una ley que se pone del lado de las víctimas, de todas las víctimas” y que pretende “fortalecer lo que nos une y ampliar espacios de
convivencia y encuentro”. A su juicio, la ley, tal y como ha quedado redactada, reconoce “los derechos y la posibilidad de recuperar la memoria individual y familiar”.
La vicepresidenta primera negó que la intención del Gobierno haya sido nunca “mirar al pasado ni de reabrir viejas heridas”, como les acusa el PP, sino que con ella lo que se pretende es dirigirse al futuro "con la mirada limpia” y “avanzar en el proceso reparador iniciado al final de la dictadura con la ley de amnistía”.
Tampoco pudo evitar lanzar alguna velada crítica al partido de Rajoy sobre el atentado del 11-M al afirmar que sobre la ley “se han lanzado muchas sombras por quienes han adoptado como única estrategia hacer del día, la noche. En política, la verdad, como la luz, siempre acaba abriéndose paso”, sentenció.
Zaplana no renunció al protagonismo
La novedad del debate fue la intervención del portavoz del PP, Eduardo Zaplana, que no quiso renunciar a su cuota de protagonismo, para acusar al Gobierno de “revisionismo” mientras se conocía la sentencia del 11-M. También Duran i Lleida subió a la tribuna pero se repartió el tiempo con el ponente de la ley de su grupo, Jordi Xuclá. El presidente Rodríguez Zapatero no estuvo presente durante el debate.
El diputado catalán, Jorge Fernández Díaz, ponente del PP de la ley, se quedó con las ganas de subir a la tribuna a defender la postura de su grupo como ha hecho en la Comisión Constitucional del Congreso. El martes por la noche, en el PP se seguía jugando con la ambiguedad y no se quiso desvelar a quien correspondería el ‘honor’ de criticar la ley de Memoria Historica en el pleno . Pero todo apuntaba ya a que Eduardo Zaplana no iba a renunciar a su cuota de protagonismo. Y así fue.
El portavoz popular tomó la palabra mientras todavía se estaba leyendo la sentencia del 11-M. En una intervención muy política y sumante crítica con el Gobierno, Zaplana habló de “revisionismo” de la historia y achacó la aprobación de la ley a un intento del Gobierno de “distraer a los españoles ante su incapacidad de mirar hacia el futuro”.
El dirigente popular comenzó su intervención con una declaración de principios: “no vengo a ocultar la Historia ni a reescribir el pasado, sino a intentar poner un minimo de sentido común en este debate". Luego desgranó los motivos por los que se oponen a la Ley, el principal “porque rompe la herencia de consenso con la que se construyó la Transición democrática”.
Zaplana aseguró que en aquella histórica etapa los españoles se conjuraron para “que la guerra nunca más fuera utilizada como arma arrojadiza”. El portavoz popular acusó a los socialistas de “intentar colocar al PP en el otro extremo del centro político y de las ideas de libertad que siempre hemos defendido. Si las defendimos en otras epocas, ¿por qué no ahora?”, afimó Zaplana.
“Nos oponemos a ley por que es innecesaria y perjudicial para la convivencia nacional”. “¿Por qué hay que forzar a los españoles a elegir entre Garcia Lorca y Muñoz Seca?”, se preguntó en un momento dado. El portavoz popular, que fue interrupido varias veces por los aplausos de su grupo,
finalizó apelando a la “vuelta a la política de consenso” por parte del PSOE y de los demás grupos que protagonizaron la Transición.
ERC dice que la ley supone una "segunda muerte" para las víctimas
Muy dura también estuvo Esquerra Republicana, que expuso su rechazo global a la Ley al considerar que ratifica la "impunidad" que a su juicio representa la Transición, es "revisionista" con la historia reciente y, en último término, supone "condenar a una segunda muerte" a las víctimas de la represión franquista.
Su portavoz, Joan Tardà, cree que la ley ratifica el "modelo de la impunidad" que a su juicio representa la Transición y, al declarar la ilegitimidad del franquismo, asume la legalidad del sistema y oculta la única definición del franquismo que tiene efectos penales, que sería catalogarlo como "régimen fascista" establecido por "los nazis".
Además, se queja de que la ley "pretende consagrar dos categorías distintas de ciudadanos antifranquistas", antes y después de 1968 (fecha establecida en igualdad con la Ley de solidaridad con las Victimas del Terrorismo), lo cual es, en su opinión, "anticonstitucional y perverso".
Durante su intervención, Tardá cargó contra los dirigentes del PSOE de la Transición, con Felipe González y Alfonso Guerra a ola cabeza, a los que hizo "corresponsables de haber perpetuado el modelo español de impunidad contra los crímenes de la humanidad", y también contra el actual Gobierno, específicamente contra la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega, a la que acusó de "impostura" por no garantizar la anulación del consejo de guerra a Lluís Companys, motivo suficiente, sino para la dimisión, sí para la "vergüenza".
No se libró tampoco el PP, al que ERC dijo no homologar con formaciones democráticas del resto de Europa y a cuyo presidente fundador, Manuel Fraga, responsabilizó de la muerte de víctimas del franquismos y equiparó con Kurt Waldheim, el dirigente austriaco que tuvo que dimitir al revelarse que en su juventud formó parte de las SS nazis. E incluso censuró a CiU e IU-ICV por llegar a acuerdos con el PSOE.
PSOE, IU, CiU, PNV y minoritarios
El Grupo Socialista defendió la ley asegurando que es "justa" y que su redacción es "sumamente cuidadosa" porque está hecha para unir grupos de posiciones distintas. "Dado que ya no hay dos españas, sino una, es razonable que esa España lamente, recuerde y repare la dignidad y la memoria de las víctimas de todos", proclamó.
Joan Herrera, de IU-ICV, saludó las diferencias entre el dictamen de la comisión y el texto original del Gobierno, especialmente en lo relativo a la condena de franquismo, la retirada de símbolos y las políticas públicas de recuperación de la memoria. Respecto a la anulación de juicios, reconoció que no han logrado todo querían, pero recalcó que supone "un paso adelante muy significativo" que permitirá exigir al próximo Gobierno el acceso gratuito la Justicia para la revisión de sentencias.
Desde CiU, Josep Antoni Duran i Lleida respaldó la mayoría de los contenidos de la norma, aunque reiteró que no era necesario plasmarlos en una ley porque cuando los políticos se meten en asuntos históricos "se corre el riesgo de que la memoria pueda ser parcial sectaria o ambas a la vez". Para Duran, la gran aportación de esta ley es que "por primera vez se reconoce que hubo una tercera España" representada, por ejemplo, por la "mucha gente" que murió en Cataluña, "que no era ni de unos de ni de otros".
El ponente del PNV, Aitor Esteban, expresó el respaldo de su grupo "al 90 por ciento" de la ley, alegando que el texto inicial del Gobierno ha sufrido "un vuelco importante" en la Comisión Constitucional. No obstante, reafirmó su discrepancia en relación con la devolución al País Vasco de documentos custodiados en el Archivo de Salamanca.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, expresó el respaldo de su grupo porque el texto se ha corregido en el Parlamento. Para el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, la ley tiene "muchas limitaciones", pero merece ser apoyada. El diputado de la Chunta, José Antonio Labordeta, mostró su apoyo a la ley en honor de las víctimas de la represión. Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, lamentó que mayor parte de los partidos, sólo respalden la ley "por partes". Por último, Eusko Alkartasuna, justificó su rechazo a un texto que, según dijo, carece de los "Verdad, justicia y reparación".
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