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Vinculados a diversos actos de terrorismo

La Policía Nacional detiene a siete miembros de un grupo de apoyo a ETA

La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado en San Sebastián (Guipúzcoa) un presunto grupo de apoyo a la organización terrorista ETA, que tenía como misión realizar atentados mediante la confección y el lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, edificios oficiales, sedes de partidos políticos, entidades bancarias y de ahorro, estaciones y unidades de ferrocarril, transportes públicos y mobiliario urbano

   Como resultado de la operación, agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas en distintos barrios de la ciudad de San Sebastián y han practicado hasta el momento un total de siete registros domiciliarios en los Barrios de Añorga, Intxaurrondo, Gros, Antiguo, Loyola y Amara. En ellos, se han incautado, entre otros efectos, un organigrama de la organización SEGI y varias CPUs que deberán ser analizadas por los expertos. 

  Son Jon Sardon Zabaleta, Unai Pérez Quintans, Julen Garmendia Pradillo, Pello Lamarka, Mikel Arretxe y Ekaitz de Ibero, además de otra persona, de nombre Egoi y cuyo apellido no ha sido facilitado, según informó Askatasuna.

   El operativo desarrollado este martes completa el tercer golpe de la Policía a la estructura de la violencia callejera en cada una de las tres provincias vascas. Así, se sumaría a la desarrollada en octubre en Vizcaya, con siete detenidos, y a la llevada a cabo en Alava en verano, con seis arrestados.

   En la operación llevada a cabo en octubre, agentes de la Policía Nacional detuvieron de madrugada en Vizcaya, concretamente en la comarca de 'Uribe-Kosta', especialmente castigada por este tipo de acto, a Joseba Elorriaga, Txomin Gezuraga, Aner Mimenza, Mikel de Gregorio, Josu Rodríguez y Lander Labajo. Un día más tarde, en el marco de la misma actuación, fue arrestado en Getxo Zigor Goikoetxea.

   El juez Baltasar Garzón ordenó prisión incondicional por pertenencia a banda armada y varios delitos de terrorismo para seis de los detenidos y dejó en libertad bajo fianza por motivos de salud a Zigor Goikoetxea, hermano de un etarra que participó en el atentado contra la casa cuartel de Durango.

   Los detenidos confesaron su participación en, al menos, 11 sabotajes desde 2004. Entre los actos de 'kale borroka' figuran la quema de contenedores, lanzamiento de artefactos incendiarios contra sucursales bancarias y de seguros, "batzokis" (sedes sociales del PNV), corte de catenaria del Metro de Bilbao, apedreamiento de autobuses y varias algaradas callejeras.

   Tres meses antes, el pasado 10 de julio, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo otra importante operación contra el "núcleo dinamizador" de la violencia callejera en Alava que se saldó con la detención de Gorka Velasco, Koldo Moreno, Javier Fernández de Guzmán y Urko Arroy, único al que el juez de la Audiencia Nacional Garzón dejó el libertad, con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

   Los cuatro, según la policía, estaban relacionados con ETA a través de la organización juvenil SEGI. En los registros de sus domicilios se intervinieron diversos artefactos incendiarios, material para la fabricación de otros, propaganda y documentación de la organización SEGI.

   En el auto en el que se envío a prisión a tres de estos detenidos, el juez ordenaba la búsqueda y captura de otros dos miembros del grupo. Se trata de Federico Lomas, que en agosto se presentó de forma voluntaria en la Audiencia Nacional y para quien Garzón decretó prisión incondicional, e Ibai Peña, quien quedó en libertad con obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.  

   Lomas fue acusado de haber participado en el reparto de octavillas a favor del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos y en la organización de un acto de apoyo a su puesta en libertad y de la realización de pintadas amenazadoras con la firma de SEGI contra los partidos PNV y PSOE. Además, en su domicilio se intervino propaganda de la organización juvenil y un documento incluido en un CD en el que se reflejaba un listado de empresas de Vitoria con anotaciones y marcas, similar al intervenido en un apartamento alquilado por miembros de ETA en la localidad francesa de Dax en 2005.

  La policía les acusó de ser los responsables de un grupo de violencia callejera al que se atribuye la realización de más de cuarenta ataques cometidos en la capital alavesa desde 2004 y serían los máximos responsables de un grupo que venía operando en Vitoria durante los últimos tres años. A ellos se les atribuyen los diversos ataques sufridos por la Subdelegación del Gobierno, otros edificios públicos, oficinas bancarias, vehículos, entre otros.

   Desde el inicio de la legislatura, en marzo de 2004, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han arrestado a más de 100 personas por su presunta relación con actos de kale borroka en el País Vasco y Navarra. A estas detenciones hay que añadir las llevadas a cabo por la policía autonómica vasca, como la llevada a cabo el pasado mes de septiembre en la localidad alavesa de Llodio con el arresto de Oier Amorrotu, 29 años.

   El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó prisión incondicional imputándole un delito de "estragos terroristas en grado de tentativa". La identificación se realizó mediante pruebas de ADN.

   El 26 de julio de 2007, la Ertzainzta detuvo en Vitoria a Joseba Mikel Otxoa, de 23 años, supuestamente implicado en actos de kale borroka. Al detenido se le imputan diversos ataques a bienes materiales, alguno de los cuales fue realizado con artefactos mixtos de mayor potencia que los habituales cócteles incendiarios. La Ertzaintza consiguió muestras de ADN de Otxoa tras dos ataques a entidades bancarias llevados a cabo este año en Vitoria en los que participó el detenido, lo que les permitió averiguar su identidad.

   El 17 de julio de 2007, Alberto Gómez González, de 25 años, fue detenido por la Ertzaintza en Barakaldo por su presunta participación en varios actos de kale borroka, concretamente, un ataque a dependencias policiales, en 2004, y en la quema de dos cajeros en 2001. Gómez González ingresó en la cárcel de Soto del Real en Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en funciones de guardia. 

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