El PP no ha presentado oficialmente aún la reprobación de tres magistrados del Constitucional porque tiene dificultades para recabar la firma de 50 diputados de su Grupo, condición sine qua non para que el secretario de Libertades Públicas y Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, se plante en las puertas del edificio de Doménico Scarlatti y selle en el Registro el papelito que va a traer bronca gorda: la recusación de los magistrados ‘progres’ Manuel Aragón Reyes, Pablo Pérez Tremps –ya recusado para intervenir en el debate sobre la inconstitucionalidad del Estatut- y Pascual Sala Sánchez.
Ahora bien, en cuanto el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, consiga aunque a lazo 50 firmas de su diputados, ese papelito acabará en el Registro del Tribunal Constitucional y el final político de está Institución habrá comenzado a hacerse efectivo. Pero esa destrucción del Constitucional han jugado igual de sucio Gobierno y oposición.
Primero fue el Gobierno, que recusó a los magistrados ‘conservadores’ Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. Pero ahora, exactamente con los mismos argumentos utilizados por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el PP va a recusar a los magistrados ‘progres’ ya citados: Aragón, Pérez Tremps y Sala.
Así lo ha confirmado el propio Zaplana, alegando que la recusación se basa en "motivos similares" a los que el Gobierno esgrimió para intentar apartar del caso a García Calvo y a Rodríguez Zapata para el estudio del recurso de inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Como se sabe, el Gobierno basó su particular recusación en que estos dos magistrados habían prejuzgado el objeto de la reforma de la ley, que incluye la prórroga del mandato de la presidenta, María Emilia Casas (‘progre’). y del vicepresidente, Guillermo Jiménez (‘conservador’).
El lío está montado. El Gobierno adoptó esa decisión después de que Casas y Jiménez plantearan su abstención en ese caso al considerarse parte implicada, y el Pleno aceptó la abstención de ambos, lo que supone un giro en el juego de las mayorías dentro del Tribunal: si antes era ‘progresista’, ahora es ‘conservadora’.
Acto seguido, el Gobierno ordenó a la Abogacía del Estado que recusara a los ‘conservadores’ García Calvo y Rodríguez Zapata con el objetivo de conformar una mayoría ‘afín’ para que, supuestamente, dé la razón al Gobierno en el contencioso planteado. Ante ese ‘golpe de mano’ el PP ha reaccionado de forma igual de digamos ‘poco limpia’, siempre bajo la rígida batuta de Ignacio Astarloa: dando un ‘golpe al golpe de mano’, recusando a tres ‘progres’, para que las mayorías vuelvan a ser propias y ‘afines’, por tanto, a sus tesis.
Tratándose del PP, ocurrió el ‘milagro’
Para Zaplana, las recusaciones del Gobierno son "insólitas", porque "abren un camino que jamás se había recorrido". Pero, puesto que ha sido la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, la que al final ha impuesto su criterio para organizar una auténtica guerra en el Constitucional, el PP recoge el guante y lidia con el toro: todos los magistrados deben medirse por el mismo rasero, ya que "los motivos que se imputan a unos tienen que servir para todos".
Ahora bien, lo que Zaplana ha omitido explicar a los medios de comunicación en su rueda de prensa es que el pasado martes declaró que el PP no iba a jugar sucio –como supuestamente lo habría hecho el Gobierno- y no iba a recusar a nadie para no deteriorar aún más la imagen ya casi hundida por los políticos del Tribunal Constitucional.
Pero, ¿qué ha pasado para que este jueves Zaplana cambie de opinión? Pues que ha ocurrido un ‘milagro’, que dirían los crédulos: que el martes, 23 de octubre, Zaplana y Astarloa no tenían ninguna base para plantear la recusación contra ningún magistrado. Pero este jueves, un medio de comunicación, en un artículo sin firma, revela que el pasado 12 de junio se celebró una reunión en el Constitucional, convocada por la presidenta, María Emilia Casas, y a la que asistieron los tres magistrados que ahora van a recusar -Aragón, Pérez Tremps y Sala-, el vicepresidente, Jiménez, y otro magistrado, Rodríguez Arribas.
Supuestamente, en esa reunión a puerta cerrada –benefactora y providencial confidencia, pues, la que se ha hecho ahora a través de la prensa- Aragón, Pérez Tremps y Sala habrían dicho que eran partidarios de la reforma de la LOTC tal y como la ha planteado el Gobierno.
‘Milagro’, insistimos, pues, porque por eso mismo es por lo que el Gobierno ha recusado a los conservadores Rodríguez Zapata y García-Calvo. Habiendo 'causa', hay, pues, recusación. El resultado será que, al ser cinco los recusados, más 2 que se tienen que abstener, suman 7 de 12 los que se quedan fuera, con lo que no habría quórum y el Constitucional quedaría absolutamente paralizado. Ya no queda más remedio que no aceptar ninguna recusación, que es lo que pretende el PP.
Lo malo es que con tanta porquería, PP, PSOE y Gobierno se han cargado de hecho al Tribunal Constitucional. A partir de ahora, ¿alguien se puede creer que el Constitucional es independiente y no depende del poder político? ¿Cualquiera de las sentencias que emita –Estatut, etc.- será realmente ecuánime?
Si (
No(
