El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) acordó abrir diligencias de información previa para esclarecer la actuación judicial en la agresión racista que un joven protagonizó el pasado 7 de octubre en un tren de ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña contra una menor ecuatoriana.
Fuentes de esa institución informaron de que la medida, adoptada a instancias del jefe de inspección José María Gil Sáez, tiene el objetivo de determinar si fue correcta la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Saint Boi de Llobregat (Barcelona), que dejó en libertad al joven al no presentarse ningún representante de la Fiscalía a su declaración.
La menor ecuatoriana prestará declaración ante el titular del citado juzgado. La Fiscalía, por su parte, adelantó ayer su intención de pedir prisión para el agresor, cuya actuación fue grabada por una cámara de seguridad.
Tras la apertura de la información previa, el órgano de gobierno de los jueces decidirá si archiva el caso o si, por el contrario, actúa contra el titular del juzgado por la vía disciplinaria.
A este respecto, el portavoz del CGPJ, Enrique López, defendió la necesidad de acometer cambios legislativos para dotar de una mayor protección a las personas que sufran ataques contra la integridad física, al considerar que actualmente existe una mayor cobertura para los ataques contra la propiedad privada.
Tras su participación en el 'V Seminario de Pruebas Electrónicas' en Madrid, López se preguntó si ha llegado el momento de introducir cambios a este respecto y abogó por extender la consideración de ataque que se produce en los casos de violencia de género al resto de agresiones.
Si (
No(
