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Por el manejo de 11 millones de dólares

La oficina técnica del ALBA - TCP en Bolivia será auditada

La oficina técnica del ALBA - TCP en Bolivia será auditada

Los microempresarios que accedieron a los créditos venezolanos del programa Alternativa Bolivariana de las Américas-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba–TCP) recibieron un primer desembolso de dinero del Banco de Desarrollo Social de Venezuela (Bandes) con aval del Ministerio de la Producción y Microempresa a sola firma de un recibo. Además, en febrero de 2007, les exigieron rubricar contratos formales, pese a que, luego, no les entregaron los recursos prometidos para sus proyectos.

La Prensa, diario de La Paz, dio a conocer el sábado 20 un informe del Ministerio de la Producción elaborado en abril de este año que muestra la falta de rendición de cuentas sobre 11 millones de dólares. Ayer, la ministra Sosa negó que se hayan cometido irregularidades en el proyecto, aunque no explicó qué pasó con los fondos previstos para impulsar planes productivos de los microempresarios.

A través de una solicitada fechada el 20 de octubre y publicada el lunes 22, Sosa aseguró que los recursos eran manejados por el venezolano Bandes. También destacó que ya se entregaron 5,9 millones de dólares del fondo y que el resto se entregaría una vez que los solicitantes cumplan con los requisitos. Sin embargo, por la información proporcionada por los microempresarios una parte de estos recursos se entregó sin que los mismos hayan cumplido requisito alguno.

En tanto, el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Uchani, reveló que el TCP-ALBA de fomento al sector productivo nacional fue suspendido. El Ministerio aseguró que los créditos para los microempresarios se entregarán, aunque sea, con recursos propios.

La historia de los préstamos

Tras la firma de un acuerdo binacional para impulsar el desarrollo productivo, Venezuela entregó un crédito por 100 millones de dólares en abril de 2006.

En octubre de 2006, cuando se realizaron las primeras entregas de recursos, funcionarios gubernamentales y directivos del Bandes dieron fondos a los interesados en desarrollar emprendimientos productivos.

Según los 227 microempresarios afectados, la firma de un recibo era suficiente. Además, los recursos fueron entregados directamente por el Bandes a los proveedores de la maquinaria para realizar los proyectos, por lo que ellos no vieron el dinero.

Ante la primera observación de la entidad venezolana respecto de la operación con los microempresarios, en febrero de 2007, los productores fueron convocados nuevamente y les solicitaron la firma de contratos por el monto total pese a que aún no habían sido desembolsados los recursos.

Al menos 227 microempresarios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca firmaron contratos y se endeudaron con el Bandes sin haber recibido todo el dinero que figura en los documentos.

Esta es la principal molestia de los pequeños empresarios, por lo que reclaman —hasta ahora sin éxito— al Ministerio de Producción y Microempresa el cumplimiento de los compromisos.

Un informe del Ministerio de la Producción al que accedió La Prensa establece que el certificado 01 de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tiene 37 beneficiarios; el documento 02, que corresponde a Santa Cruz, tiene 38 prestatarios; el certificado 03, de El Alto, prevé19 deudores; el certificado 04 corresponde a Tarija, con 30 personas; luego está el certificado 11 de Potosí con 25 prestatarios; Cochabamba 80; Chuquisaca, 20; y, nuevamente, El Alto con 33 deudores.

El máximo dirigente de los microempresarios de Potosí, Crisólogo Alemán, aseguró que a su departamento no llegó “ninguna” ayuda del Gobierno y que todo forma parte de una “lista fantasma” del Poder Ejecutivo.

Pese a que la ministra Celinda Sosa reiteró ayer en conferencia de prensa que los beneficiarios “a abril de 2007” suman 667 y que el monto desembolsado es de 5,9 millones de dólares, los documentos muestran que —en realidad— son 282 los microempresarios que, supuestamente, recibieron $us 4,4 millones.

Los documentos de este Ministerio dan relación de los beneficiados con nombre y apellido; identidad de la empresa; número de carnet de identidad con el que se entregó el crédito; montos aprobados; desembolsos; y, las fechas en las que se entregaron los cheques para los proveedores de las maquinarias solicitadas en la primera etapa.

Sosa se comprometió a entregar una “lista oficial” de los empresarios y proveedores que recibieron el dinero. Sin embargo, fuentes del Ministerio de la Producción informaron que la ayuda venezolana fue suspendida por las irregularidades.

Ayer, La Prensa intentó conocer la versión del Bandes, pero su gerente general, Luis Klein, colgó el teléfono y luego lo desconectó.

Los afectados

La Prensa conversó con media docena de microempresarios afectados por la no entrega de los créditos solicitados.

En febrero de 2007, desde el Ministerio les solicitaron que trasladarse “urgente” a un edificio donde firmaron una carta y la protocolización de los contratos ante la notaria 064 que está bajo la responsabilidad de la abogada, Patricia Rivera.

En diálogo con este medio, el presidente de la Asociación de Pequeños Productores en Confecciones de El Alto y La Paz (Apeccal), Gualberto Quispe, afirmó que —ahora— tiene una deuda por 15 mil dólares, pese a que el préstamo había sido pactado por 12.500 dólares.

Quispe explicó que para la entrega de los fondos, primero lo citaron desde el Ministerio de Producción y la Microempresa para recoger una máquina, pues nunca accedieron a darle el dinero en efectivo. Sólo le pidieron referencias de las empresas donde estaban los equipos y explicó que fue el banco venezolano el que, al final, cubrió el pago correspondiente.

En otros casos, fue la propia entidad la que decidió de dónde se compraría la maquinaria requerida y relegó las proformas que eran exigidas a los solicitantes. Un informe del Ministerio de Producción certifica que Gualberto Quispe, gerente propietario de la microempresa Gual–Ters supuestamente recibió 15 mil dólares en dos pagos, el primero de 12.800, el 5 de febrero de 2007 y, el saldo de 2.200, tres días más tarde. Quispe asegura que “nunca recibió el segundo desembolso” y es, por eso, que reclama “hasta la fecha” ese compromiso.

¿Conejillo de Indias?

De acuerdo con las explicaciones del gerente propietario de la empresa “Tejidos Milani”, Germán Tarqui Zelada, ellos fueron “utilizados como conejillos para experimentar su plan de ayuda”.

Relató que, en noviembre de 2006, la ministra Celinda Sosa les citó a su despacho, en horas de la mañana, y les dijo que sus proyectos debían estar listos “para la tarde”. Además, les pidió que sean cinco por cada federación de microempresarios —la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, tiene diez asociados— y cumplieron la demanda.

Tarqui Zelada fue uno de los que realizaron todos los esfuerzos para cumplir con los requisitos porque le prometieron que, si cumplía, le entregarían el dinero de inmediato. No fue así, pues surgieron observaciones y no recibió el apoyo prometido.

Los formularios para la solicitud del préstamo sumaban 20. Los funcionarios de la Unidad Operativa de proyectos del Alba–TCP eran los más rigurosos a la hora de recibir la documentación. “No teníamos margen ni siquiera para las cotizaciones, porque las proveedoras debían reunir requistos que ellos pedían y, por ello, el precio de la maquinaria sufrió incrementos que van del 10 al 20 por ciento. No podíamos ir a otra empresa porque la Unidad Operativa de Proyectos no aceptaban que otros proveedores nos vendan los implementos”.

Según el documento gubernamental, Germán Tarqui también figura como si hubiese recibido 15 mil dólares en dos desembolsos, el 5 y 8 de febrero de 2007. Sin embargo, el afectado afirma que le redujeron el crédito para la maquinaria y, luego, el capital de operaciones.

La fábrica ubicada en la calle Emilio Calderón amplió sus instalaciones porque el principal requisito era generar más puestos de trabajo.

¿Por qué le suspendieron el crédito?, consultó La Prensa y afirmó que desde el Ministerio le dijeron que tenía “muchas” deudas con los bancos.

Otro caso que llama la atención es el de la familia de José Jacinto y Alberto Huasco. Ésta solicitó un crédito por 15.000 dólares para la elaboración de muebles en la zona de Tembladerani. Al igual que el resto de los beneficiarios acudió a la convocatoria gubernamental en 2006.

El 22 de octubre de ese año les entregaron una maquinaria tasada en 750 dólares, aunque Jacinto asegura que en el mercado tiene un precio de 600.

Según la planilla del Ministerio, no hubo segundo desembolso. Sin embargo, José Huasco tuvo un “tercer desembolso” de 14.250 dólares, el mismo que los beneficiarios dicen nunca no haber recibido. Jacinto Huasco afirmó que ésto “demuestra lo que “todos los gobiernos hacen, prometen y luego se olvidan”.

Finalmente, está el caso de los orfébres. De acuerdo a los microempresarios hubo tres grandes áreas beneficiadas: textiles, madera y joyería. Los primeros recibían un máximo de 15 mil dólares, el sector maderero podía lograr hasta 20 mil y los joyeros tenían hasta 30 mil.

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Artesanos de Bolivia, José Herrera, afirmó que ellos nunca fueron beneficiados a pesar de haber acudido a todas las convocatorias del Gobierno. “Nos dijeron que no estábamos contemplados dentro el programa, por lo que no reconocieron el trabajo”.

Añadió que cumplieron con todos los requisitos pero, sin explicación alguna, fueron excluidos del programa. Herrera dijo desconocer sí algunos de sus afiliados fueron beneficiados por este proyecto.

Ayer, la ministra Sosa no mencionó estos requisitos, sino otros, como el certificado de la comunidad y de los familiares del interesado. Los afectados dijeron que éstos no estaban en los formularios. Insistió que la forma de entregar este dinero es en maquinarias a proyectos que cumplan los requisitos.

Cronología de los supuestos desembolsos

26 de mayo de 2006 Firma del convenio Venezuela–Bolivia para el Alba-TCP.

Noviembre de 2006 Conforman el grupo binacional para la distribución de recursos.

22 de octubre de 2006 Primer desembolso a productores de El Alto.

13 de noviembre de 2006 Primer desembolso a productores de Tarija.

Noviembre de 2006 Venezuela decide retirar el crédito de Bandes para este plan.

29 de diciembre de 2006 Primer desembolso a productores de Cochabamba.

19 de enero de 2007 Segundo desembolso a productores de La Paz.

19 de enero de 2007 Segundo desembolso a productores y microempresarios

de Santa Cruz.

19 de enero de 2007 Entrega del segundo desembolso a los productores de

Cochabamba.

Febrero de 2007 El Ministerio pide a los prestatarios firmar contratos por la deuda total en la Notaría 064, ubicada en el centro de La Paz.

5 de febrero de 2007 Segundo desembolso a productores de El Alto.

8 de febrero de 2007 Tercer desembolso a productores de El Alto.

13 de febrero de 2007 Segundo desembolso a los prestatarios del departamento de Santa Cruz.

Febrero de 2007 Bandes hace conocer su decisión de suspender su apoyo al proyecto productivo por la detección de irregularidades.

Marzo de 2007 Los microempresarios envían cartas al Ministerio de Producción y Microempresa en las que reclaman por sus créditos.

Abril de 2007 En reunión con los prestatarios, la ministra Celinda Sosa hace conocer que la ayuda venezolana fue suspendida pero que ella tramita un refinanciamiento.

Mayo de 2007 El Gobierno hace conocer que todos los proyectos productivos fueron traspasados al Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

Octubre de 2007 Se realizan otras entregas de dinero a microproductores.

19 de octubre de 2007 Los prestatarios retienen al viceministro Ramiro Uchani y ponen al descubierto estas irregularidades.

22 de octubre de 2007 El Ministerio de Producción y Microempresa publica una explicación sobre el problema y niega irregularidades. El documento, fechado del 20 de octubre, se publica el 22.

Instruyen auditoría por los créditos

La ministra de Producción y Microempresa, Celinda Sosa, ordenó la realización de auditorías internas para probar que no hubo malos manejos ni pérdida de 11 millones de dólares de la ayuda venezolana como señalan informes de la repartición gubernamental a su cargo publicados el sábado 20 por La Prensa.

En una conferencia de prensa, la funcionaria declaró que presentará toda la documentación necesaria sobre quiénes y qué empresas reciben la ayuda financiera que el Gobierno venezolano entregó dentro del programa Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba)-TCP.

La Ministra aclaró, sin embargo, que los recursos financieros son administrados en todo el proceso por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y en ningún momento fueron manejados por el Ministerio a su cargo. Reconoció, sin embargo, que una unidad especial de su repartición es la encargada de otorgar las certificaciones que permiten la obtención de los recursos.

“Una vez concluyendo todo el proceso, se hará conocer a la opinión pública de montos exactos que se entregaron a personas, con nombre y apellido por departamento”.

El representante del Comité de Defensa de la Industria Nacional, Porfirio Quispe, alertó de que existen irregularidades de autoridades encargadas de los 11 millones de dólares de la cooperación venezolana.

La ministra Sosa negó que la institución a su cargo esté inmiscuida en la desaparición del dinero y comentó que las declaraciones de Quispe no tienen un sustento legal. Pero destacó que las auditorías ayudarán a aclarar qué pasó con dichos recursos.

“Lo que más daña a las personas es la mentira, la intriga, y creo que no es la forma como los bolivianos sigamos manejándonos”, dijo la funcionaria, y añadió que “las cosas que está declarando el señor Quispe no son verdad, aquí nosotros vamos a desmentir con documentación, se hicieron auditorías y se harán auditorías”.

La Ministra dio más explicaciones

La ministra Celinda Sosa aseguró que existe fiscalización de la maquinaria que entregaron desde octubre de 2006 en el marco del acuerdo bilateral con Venezuela, por lo que no hay lugar para irregularidades.

Sin embargo, en consulta de La Prensa con los beneficiarios, ellos denunciaron que, desde que el Gobierno incumplió el compromiso del desembolso total de los préstamos, los inspectores dependientes de la repartición gubernamental no llegaron a sus fábricas.

La Ministra reiteró que se practican inspecciones regulares y que ella misma visitó los centros beneficiados; sin embargo, en La Paz no se conoce a los funcionarios de la Unidad Operativa de Proyectos del Alba–TCP.

Luego dijo que los créditos no incluían los capitales de operación pero que luego de un estudio se determinó entregar este dinero adicional, en algunos casos de entre el 15 y el 20 por ciento del total del crédito.

En los informes oficiales de su despacho se establece que una parte de ese dinero es para “capital de operaciones” y más aún este dinero no alcanza al 10 o 20 por ciento sino al 50 por ciento del crédito solicitado.

Los rubros que tienen estas planillas son: terrenos (que puedan aportar como garantía los interesados), infraestructura (el espacio de las fábricas o cuánto pueden ocupar con los préstamos), maquinaria (lo que fue adquirido en muchos casos), capital de operaciones (recursos para la compra de material, como madera o lana), finalmente está “otros”, pero no figuran cifras. La Ministra y un comunicado a la opinión pública, afirman que “el Comité Binacional aprobó 667 proyectos, para los que fueron desembolsados 5,9 millones de dólares”, pero la propia documentación del Ministerio establece que son 228 prestatarios y el monto entregado alcanza a 4,4 millones de dólares.

Asimismo, el informe oficial del Ministerio de la Producción asegura que los montos aprobados suman 120.195.232 bolivianos, que representan aproximadamente 15 millones de dólares, y la documentación da cuenta de que se entregaron 4,4 millones y no hay justificación de los 11 millones de dólares restantes.

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