Como se sabe, la nueva entidad de lucha contra la corrupción fue creada por el Decreto Supremo 085-2007-PCM, con carácter permanente, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Entre las funciones de Lizárraga, están las de elaborar el plan nacional sobre ética pública y lucha contra la corrupción y de presentar un informe anual ante el Consejo de Ministros que dé cuenta de los avances, resultados y perspectivas.
También debe poner en conocimiento de los procuradores públicos del Ejecutivo los hechos presumiblemente delictivos de los que tome conocimiento y solicitar la información correspondiente a la Unidad de Inteligencia Financiera en los casos de detección de lavado de dinero o activos.
Otras de sus atribuciones es establecer las bases para la creación de un sistema nacional anticorrupción integrado por las instituciones del Estado que tienen competencia para ello.
La ONA usará los bienes muebles e inmuebles, recursos y acervo documentario que tuviese el Consejo Nacional Anticorrupción, entidad que a partir de ahora queda desactivada y debe transferir, en un plazo no mayor de 15 días, sus pertenencias a la nueva oficina.
Cabe señalar que en noviembre del 2001, el entonces presidente Alejandro Toledo designó a las autoridades de alto nivel encargadas de enfrentar la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. Al frente del flamante Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se colocó a Martín Belaunde Moreyra, nombrado a partir de entonces 'zar' anticorrupción.
Sin embargo, en febrero del 2003 Belaunde fue nombrado embajador del Perú en Argentina y el CNA quedó acéfalo. Sin logros que exhibir, la oposición señaló que el CNA solo servía "para proveer trabajo sin ninguna vergüenza a los militantes de Perú Posible".
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