La palabra orden no es del afecto de nuestro progresismo. Tiene para él resabios de gobiernos de derecha, aunque los extremos más patéticos de un orden autoritario se encuentren en la historia en la Unión Soviética, la China comunista o en otras tiranías del mismo signo. Paradójicamente, quienes rechazan la responsabilidad del estado en mantener el orden, ven con simpatía o al menos con condescendencia, aquellas expresiones autoritarias derivadas de la teoría y de la práctica del marxismo. Esa es la paradoja de nuestros esforzados progresistas, hoy admiradores de Chávez y Castro y añorantes de una patria socialista.
Habría que indagar sobre las raíces filosóficas en estas peculiares manifestaciones de nuestra Argentina. Hay probablemente algo del anarquismo de Bakunin y de Malatesta, que desde la izquierda rechazaban de plano el monopolio de la fuerza por el estado. No hay que olvidarse del ímpetu que tomó el anarquismo revolucionario en la Argentina a principios del siglo XX, que anticipó con la Semana Trágica lo que muchos años después fueron el Cordobazo y los movimientos terroristas subversivos.
El asambleísmo popular emerge también dentro de estas expresiones sostenidas por los sectores progresistas hoy en la Argentina. Habría que buscar su raíz en la admiración por los soviets en los inicios de la revolución bolchevique. Actualmente son los piqueteros y asambleístas populares, respetados casi religiosamente por el progresismo, los que rechazan las instituciones tradicionales de la república, poniendo las decisiones y acciones en grupos de personas por encima de la autoridad de la ley y de sus brazos para imponerla. Toda actitud policial para sostener el orden público, es repudiada y la palabra represión se toma casi como sinónimo de dictadura. En este club de malos, además de la policía, entran las fuerzas armadas y de seguridad.
Hoy tenemos un gobierno que se define como progresista y que transita por todas esas deformaciones del pensamiento. Para él no hay justicia ni autoridad para mantener el orden público frente a la llamada “protesta social”. Se juntan diez personas aduciendo un reclamo social y pueden cortar una ruta, paralizar un aeropuerto o impedir el acceso a un hospital. Los estudiantes de un colegio secundario disconformes con un director, pueden tomar el edificio y llenarlo de grafittis sin recibir castigo alguno. Miles de personas están sometidas a demoras y riesgos inmensos en congestiones de tráfico si, por ejemplo, cinco activistas protestan por sus bajos sueldos y lo exponen sosteniendo una pancarta atravesada en una avenida principal. El gobierno de Kirchner ha acumulado poder y es autoritario, pero lo ha hecho generando miedo y obsecuencia en instituciones que temen su arbitrariedad o gozan del uso discrecional de la caja. La política respecto del orden público y el piqueterismo, por ser expresa y deliberada, resulta parte de su poder y no de su debilidad
Lo absurdo de esta concepción se pone en evidencia cuando ocurre un hecho trágico. Un piquete impidió el paso de una ambulancia que llevaba sangre para el joven correntino Raúl Gauna y éste murió. No ha habido manifestaciones por Gauna como sí las ha habido por el militante docente neuquino Carlos Fuentealba, que murió por el impacto de una granada de gases lacrimógenos disparada contra el auto que ocupaba cuando se dirigía a cortar una ruta. La diferencia entre la calificación, el volumen de la voz del gobierno nacional y de los sectores progresistas, entre estos dos casos, muestra que no sólo se trata de una filosofía absolutamente errada, sino también que se aplica según el color ideológico del caso.
Aquello que el derecho de uno termina donde se avasalla el derecho de los demás, no tiene vigencia en una doctrina que aduce no “criminalizar” la protesta social. En rigor lo que sucede es que se inhibe a la justicia de proceder y de esa forma a las fuerzas del orden a actuar bajo la ley. Es la justicia la que debería decidir cuándo hay o no delito, sin ser inhibida por un preconcepto y por presiones político ideológicas. Sólo así se podría asegurar el correcto orden público en una república que merezca llamarse como tal.
Manuel A. Solanet
Presidente Fundación Futuro Argentino
www.futuroargentino.com.ar
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