En la tarde del miércoles, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, y el portavoz parlamentario socialista, Diego López Garrido, se reunían en el Congreso con el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida. La consigna socialista había sido clara desde el principio: sacar la ley adelante ‘como sea’, y ese ‘como sea’ incluía pacto al canto.
Pero la posición de CiU, cuyo apoyo es fundamental para que el Gobierno pueda sacar adelante su proyecto, era realmente malévola: los nacionalistas catalanes venían diciendo horas antes del acuerdo que ellos apoyarían la ley -enmendada, claro- siempre y cuando también lo hicieran los nacionalistas vascos, es decir, el PNV.
Pero jugaban con información privilegiada, porque sabían que el PNV está en un momento de cambio radical interno –dimisión de Imaz, órdago de Ibarretxe, preparación de asamblea, elección de la Presidencia del EBB del PNV…-, lo que significa que ya se había producido una variación en la política seguida hasta ahora.
Convocar la ponencia y enmendar
En definitiva, que creían en el PNV que apoyar ahora la ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero sería darle al Gobierno socialista un balón de oxigeno que ‘no se merece’, con lo que la estrategia del PNV pasaría por pedir cosas y según se las fueran concediendo, elevar el listón y así hasta hacer el apoyo inviable.
Pero finalmente parece que, in extremis, se habría logrado un consenso -hoy jueves se pone en duda tal acuerdo-. El mismo López Garrido tuvo conversaciones de última hora con Joan Herrera, de ICV, para convencerle de las bondades de una Ley que ha sido casi un empeño personal del presidente Zapatero.
En caso de que definitivamente quede cerrado, será tramitado de urgencia convocando la ponencia de forma inmediata para que los grupos puedan presentar sus enmiendas cuanto antes.
Apoyos 'críticos'
Tras varias semanas de negociaciones con IU-ICV y los nacionalistas de CiU y PNV, a los que este miércoles se sumó el BNG, los socialistas no han logrado el apoyo total y cerrado de los grupos minoritarios, pero al menos se han garantizado que permitirán su tramitación y que limitarán su rechazo a los puntos donde aún mantengan discrepancias.
Con IU-ICV persisten las diferencias sobre la interpretación de la ilegitimidad de las condenas de los tribunales del franquismo, pues la coalición de izquierdas insiste en que eso debería tener efectos si los particulares afectados recurren ante la justicia. Si no hay avances en esta materia, IU-ICV prestará un apoyo "crítico" al proyecto, limitando su oposición a ése y otros artículos concretos donde discrepe.
Similar situación ocurre con el PNV y CiU. Los nacionalistas vascos centran su reclamación en la devolución a Euskadi de documentos incautados en la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca pero, incluso si este tema no se resuelve, apoyarían el resto del proyecto.
No hay votación de conjunto
Así, y pendientes de los contactos con las demás fuerzas minoritarias, algunas de las cuales, como el BNG o la CHA están dispuestas a contribuir al consenso mayoritario, el PSOE se ha garantizado los apoyos para ir sacando adelante la norma en el Congreso, sección por sección, artículo por artículo, aprovechándose de que la ley no tiene rango orgánico y, por ende, no hay una votación de conjunto que obligaría a fijar un voto global a cada grupo parlamentario.
Además, en su favor juega que la oposición a tramitar la ley se está focalizando en dos extremos, el PP y ERC, cuyas enmiendas son incompatibles entre si. Así pues, los socialistas confían en ir sacando adelante el proyecto, incorporando las modificaciones que pacten con IU-ICV y los nacionalistas, y sabiendo que el PP también vetará las propuestas "inasumibles" de las minorías y que éstas rechazarán las demandas del PP.
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