Una vuelta de tuerca más en la olla a presión en la que los políticos –Gobierno y PP- han convertido al Tribunal Constitucional: el Ejecutivo va a ordenar a la Abogacía del Estado que recuse a los magistrados Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García-Calvo por estar ‘contaminados’ para el debate y resolución sobre la abstención de la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, y del vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez. Es la respuesta a la decisión del ‘bando conservador' del alto tribunal de querer apartar a Casas del debate sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) aprobada por las Cortes el 24 de mayo pasado.
Ahora bien, si el recurso de la Abogacía del Estado se demorara un poco, la maniobra gubernamental no tendría efecto y el Partido Popular habría capturado a la ‘reina enemiga’ –María Emilia Casas- y habría llevado la partida hasta un inminente ‘jaque mate’ del rey contrario –la ‘obra legislativa' de Rodríguez Zapatero-. Es un símil ajedrecístico, pero muy apropiado para este caso.
Usar el Constitucional como ‘Parlamento bis’
Pero vayamos por partes. El pasado 24 de mayo pasado el Congreso aprobaba definitivamente la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), una idea del Gobierno de Rodríguez Zapatero para evitar que la presidenta, María Emilia Casas, del sector progresista y con voto de calidad por tal cargo, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, del sector moderado, tuvieran que ser renovados in extremis al haber cumplido su mandato.
La Ley establecía, entre otras cosas, una prórroga automática de los mandatos, y, evidentemente, la Ley se había elaborado para evitar problemas como los que aún perviven en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –sin renovar desde hace casi un año- y, sobre todo, para no descabalar el actual juego de mayorías en el Constitucional.
Hay que recordar en este punto, que ya en mayo pasado las principales leyes de Zapatero estaban recurridas por supuesta inconstitucionalidad. Sin embargo, el Pleno del Constitucional, que es quien decide sobre esos recursos, está compuesto por seis magistrados progresistas y otros seis moderados; pero dado que la presidenta del Tribunal, que es progresista, tiene ‘voto de calidad’ –vale por dos- las votaciones en caso de empate quedarían en realidad 7 a 6 a favor del sector progresista. Y todos suponen que este sector es el más afín al Gobierno.
De ahí que el PP planteara en julio pasado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la LOTC y pidiera, además, que en la discusión y votación de ese recurso se abstuvieran las dos personas afectadas; es decir, la presidenta, Casas, y el vicepresidente, Jiménez.
Eso, justamente, es lo que ha visto el Pleno del Tribunal Constitucional durante dos más que intensos días de debate –al aparecer, los dos sectores del Tribunal se cruzaron palabras gordísimas en la sesión del jeuves-: la abstención de Casas y Jiménez. Al no asistir ninguno de los dos a la sesión plenaria, el presidente en funciones pasaba a ser el conservador Vicente Conde Martín de Hijas y el juego de mayorías varió: 6-5 para el sector conservador –con el voto de calidad de Conde, claro-.
Así las cosas, ¿qué pasó en la reunión plenaria de este jueves? Pues que el ponente, el magistrado Pablo Pérez Tremps, adscrito al sector progresista, presentó un auto no aceptando la abstención de los recurridos –Casas y Jiménez-. No era eso lo que esperaban los conservadores y votaron para que Pérez Tremps cambiara su auto por uno nuevo en el que sí se acepta la abstención y que el mismo se vea en la reunión plenaria del próximo 8 de octubre.
Si finalmente se acepta la abstención el 8 de octubre, el siguiente paso es dictaminar sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la LOTC. Pero el camino ya está hecho para el sector conservador: 6 a 5 a favor de la inconstitucionalidad. ¿Y qué pasaría después? Que, al ser inconstitucional, la reforma no tendría efecto y la actual presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, dejarían sus cargos y pasarían a ser simples magistrados.
En ese supuestos, el nuevo presidente en funciones sería el conservador Vicente Conde y el juego de las mayorías quedaría así: 6 a 6 más el voto de calidad de Conde. Es decir, 7-6 para el sector conservador. Y esa mayoría se mantendría a la hora de ver todos los recursos de inconstitucionalidad pendientes.
La respuesta del Estado
Sin duda, el de este jueves ha sido un imponente revés para el Gobierno socialista, que estudia una respuesta a esta situación y ve cómo más viable la presentación de una recusación contra los magistrados conservadores Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García Calvo. ¿Por qué? Se argumenta que estos dos magistrados están ‘contaminados’ en este debate porque ya se pronunciaron en contra de la reforma de la LOTC en junio pasado sin tener que haberlo hecho.
Pero hay otro argumento de más peso ‘ético’ que baraja el Ejecutivo: todos los magistrados deberían abstenerse en este caso, y no sólo la presidenta y el vicepresidente, ya que son parte afectada: efectivamente, si deciden finalmente que la reforma de la LOTC es inconstitucional, María Emilia Casas dejaría la Presidencia del Tribunal y pasaría a ser simple magistrada y el cargo de presidente recaería en el magistrado de mayor edad; es decir, justamente en el conservador Vicente Conde.
Argumentan fuentes gubernamentales que, por lo tanto, Vicente Conde es parte afectada en el proceso, ya que una renuncia-cese de Casas le favorece para acceder a la Presidencia del Constitucional, y , por tanto, que debería abstenerse. Pero este razonamiento nos llevaría al extremo: todos los magistrados deberían abstenerse, ya que en ese caso el ‘escalafón de la edad’ correría y todos, por ende, serían ‘parte afectada’.
La solución podría estar en que no se admitiera la abstención de Casas y de Jiménez en este caso. Pero de ser así los conservadores -¿el Partido Popular?- pierden la imponente baza de dominar el Constitucional en un momento en el que se debate realmente toda la obra legislativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
La ‘obra’ de Zapatero, en cuestión
Cuando pase la actual ‘bronca’ por la reforma de la LOTC –sea cual sea el resultado- el Constitucional verá en primer lugar la reforma del Estatuto valenciano y, luego, el más que espinoso asunto del Estatut catalán. No obstante, con ser grave lo anterior, no es más que la punta del iceberg: toda la ‘gran obra’ legislativa de Zapatero está en entredicho; es decir, que sobre la misma pesan recursos de inconstitucionalidad.
En estos momentos están cuestionadas leyes importantísimas como la Ley de Dependencia, recurrida por el Gobierno de Navarra sobre todo por la cuestión de la financiación; la Ley de Igualdad, empeño personal de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, recurrida por un juez de Tenerife; la ley del matrimonio gay, recurrida por el Partido Popular, y, entre otras, la ley integral contra la violencia de género, recurrida por múltiples jueces que no ven claro, sino más bien oscuro, eso de la ‘discriminación positiva’ que la vice de la Vega y el ministro Jesús Caldera se han sacado de la manga.
Si (
No(
