El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso en la conferencia sobre el cambio climático de la ONU que los países industrializados deben recompensar a los que están en desarrollo por la contaminación que su bienestar económico ha causado.
En su intervención, el mandatario ecuatoriano aseguró que no se pueden pasar por alto "la desigualdad en el origen y en la distribución de los efectos del calentamiento global" en el actual debate sobre el cambio climático.
"Lo que necesitamos es que los países industrializados nos recompensen por los daños causados por la desproporcionada cantidad de gases del efecto invernadero que han emitido y que siguen emitiendo", afirmó.
En su opinión, los países ricos no se han hecho cargo del verdadero costo en contaminación derivado de su industrialización.
Correa citó un estudio del Banco Mundial (BM) que cifra en 40.000 millones de dólares el costo para los países de desarrollo de las medidas que tendrán que tomar para adaptarse al cambio climático.
El mandatario ecuatoriano, que se considera uno de los representantes de la nueva izquierda latinoamericana y es un aliado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, manifestó que el actual modelo de crecimiento basado en combustibles beneficia a los "privilegiados" y perjudica a todos.
Por ello, defendió la propuesta presentada por su gobierno en junio pasado de dejar sin explotar un campo petrolífero en el Amazonas, a cambio de recibir compensaciones del mundo desarrollado.
Aseguró que su implementación supondría "un ejemplo extraordinario de una acción colectiva en todo el mundo para reducir el calentamiento global".
"Por primera vez, un país productor de petróleo, Ecuador, donde una tercera parte de los ingresos del Estado depende de la explotación de este recurso, renuncia a esta entrada por el bien de la humanidad e invita al mundo a que se una al esfuerzo a través de una compensación justa", agregó.
El plan propone mantener bajo tierra el petróleo del campo Ishpingo-Tamboocha-Tiputini (ITT), situado en una zona vulnerable de la Amazonía de este país andino, que cuenta con 920 millones de barriles de petróleo y podría general 720 millones de dólares anuales durante sus trece años de vida plena.
A cambio, Ecuador sería recompensado con 4.600 millones, el equivalente a cinco dólares por cada barril que no se extraerá, parte del cual se invertiría en un fondo fiduciario destinado a la región donde se encuentra el campo petrolero.
Correa advirtió en su intervención que esta propuesta "transforma el viejo concepto de la economía y del valor", al incluir en la ecuación valores como el medioambiente, la diversidad ecológica y el costo en emisiones de gas contaminante que causaría ese petróleo de llegarse a explotar.
Según sus cálculos, la renuncia a explotar esos 100.000 barriles diarios de crudo extra pesado supondrán, por su potencial de combustión, emitir 111 millones de toneladas de dióxido de carbono.
En una conferencia de prensa posterior aseguró que la propuesta ha logrado una gran acogida "de diferentes sectores", y consideró que se podrá lograr la meta de recibir los 350 millones de dólares anuales que Ecuador pide.
En caso de que este plan fracase, Quito ha indicado que exploraría la asociación con petroleras estatales de otros países o la apertura de una licitación internacional para explotar el ITT.
La estatal ecuatoriana Petroecuador señaló recientemente que empresas petroleras de Argentina, Brasil, Chile, China, Indonesia, Japón, Malasia, India, Argentina, Colombia y Perú, así como la compañía privada Total, de Francia, han mostrado interés en explotar el campo petrolífero.
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