OPINIÓN/Víctor Gijón
Botín y la CEOE le quitan la razón al PP
Dos datos económicos negativos y el PP cree haber encontrado la fórmula magistral para derrotar al PSOE en marzo próximo. Pero, por si acaso, es decir por si sus agoreros presentimientos no se cumplen, mantiene vivas otras líneas de ataque: el terrorismo en primer lugar y también la unidad de España, planteada en términos que parecen beber en las fuentes de los Reyes Católicos.
Que los empresarios de la CEOE, de España y de Cantabria, les hayan salido al paso negando la existencia de crisis alguno, lo mismo que ya había hecho el superbanquero Emilio Botín, no parece hacer mella en las críticas conservadoras.
Que algunos dados económicos no son buenos es algo que nadie discute. Pero de ahí a pronosticar el hundimiento de la economía española, de la que sería responsable el Gobierno presidido por Zapatero, que habría dilapidado la herencia dejada por Aznar, media un abismo y varias mentiras. Pero los empresarios saben, porque lo ven en primera línea y directamente, que las percepciones, los estados de ánimo, el ambiente creado, aunque sea artificial y falso, puede terminar incidiendo en la marcha económica del país. Por tanto callar ante el paisaje catastrofista que pinta el PP podría acabar por influir en el devenir de los acontecimientos. El patrón del Santander se adelantó la pasada semana y esta le tocó la vez a la CEOE. No hay crisis --si algunos desajustes--, ni se la espera.
El PP no puede convencer a nadie en este país que porque el paro haya crecido en agosto pasado hay ahora menos empleo que hace cuatro años, cuando ellos gobernaban. Entre otras razones porque hay tres puntos de diferencia en las estadísticas a favor del Gobierno socialista. Y por si la fría cifra no les dice nada, traduzcámosla en número de personas con empleo: más de dos millones y medio de nuevos trabajadores, y una mayoría mujeres. Dos millones y medio de familias que con el PP no tenían trabajo y con el PSOE sí. Que, además, el PP afirme que la supuesta crisis económica se debe a que el Gobierno se ha dedicado a negociar con ETA o a romper España, hace aún más ridículo el argumentario conservador.
Y luego están la hipotecas. Es cierto que los tipos de interés han crecido y que el euribor, sobre el que pivotan los créditos hipotecarios, ha crecido un punto en un año. El español medio paga ahora una media de 90 euros más al mes por su hipoteca que hace un año. Pero como en la teoría del medio pollo, los matices son importantes. El aumento del precio del dinero para la compra de vivienda va a influir sólo en dos de los tramos del negocio inmobiliario. Por abajo, donde los esfuerzos por pagar la primera vivienda con rentas justitas puede afectar al dinero disponible de miles de familias, y en el tramo más alto de las créditos hipotecarios, destinados a segundas residencias en su mayoría, y donde prima la inversión en ladrillo dada la rentabilidad que suponía el bajo coste de las hipotecas.
Para la rentas más bajas, afectadas por el aumento del precio del dinero, el Gobierno estudia medidas de apoyo, que eviten que la imposibilidad de seguir pagando la totalidad de la hipoteca les haga perder el dinero invertido y la casa. No es una medida sobre las que exista por el momento acuerdo entre la ministra del ramo, Carmé Chacon, y el ministro de Hacienda, Pedro Solbes. Mientras tanto, a los que acudieron al mercado inmobiliario por ser una inversión más rentable y segura que jugar en bolsa u obtener réditos por ahorro, sólo cabe recomendarles que recojan beneficios y den un paso atrás. El parón que esta nueva situación puede producir en el sector de la construcción de viviendas de precio libre se verá compensada, al menos en términos de empleo, aunque no de negocio especulativo, con los planes para poner en el mercado cientos de miles de viviendas de precio tasado y al alcance del bolsillo del español medio.
La política del Gobierno de apoyar el acceso a la vivienda, sea mediante los métodos de siempre o con las nuevas fórmulas que hacen del acceso a la vivienda un derecho sujetivo (Lola Gorostiaga
Ayudas y subvenciones que los gobiernos, ya sean el nacional o los autonómicos, entregan con bastante generosidad siempre que vengan acompañados con la promesa de la creación de empleo. En ese campo han surgido verdaderos especialistas en sacarle el dinero a la Administración mediante el fácil recurso de enfrentarlos con trabajadores desesperados. Tenemos en Cantabria un caso meridianamente claro que recientemente ha hecho crisis. Simsa, la empresa de molturado de soja, estaba en crisis y peligraban los puestos de trabajo. Pues, fuga adelante y proyecto para abrir una planta de biodiésel que aprovechado la sinergia con Simsa, crease más empleo y, sobre todo, riqueza para sustentar el entramado empresarial. Eso prometían.
El Gobierno de Cantabria entró la trapo y Sodercan, a pesar de algunas duda sobre la solvencia de los gestores de Simsa, se embarcó en el proyecto. Y no sólo para facilitar las gestiones sino con dinero: miles de eruos de fondos públicos. Pero pasaban los meses y cada día estaba más claro que no había un proyecto empresarial y si un planteamiento meramente especulativo. Se trataba de ganar tiempo para hacer digerible la venta de los terrenos, convenientemente recalificados. Un pelotazo, vamos. Por eso llegado al punto cero, cuando se trata de ir adelante o atrás, y ya no cabe espacio para más tretas dilatorias, los gestores de Simsa se ha visto obligados a descubrir su juego y que el proyecto de Gebiosa era un sacaduros. El Gobierno hará bien en intentar recuperar el dinero invertido y no dejar ningún resquicio para que empresarios especuladores se salgan con la suya.
Como ningún resquicio debe haber a la hora de recuperar el dinero defraudado a Mercansantander y que equivale al presupuesto anual de la empresa pública comercializadora. No me extenderé en preguntas sobre el cómo y el por qué de una estafa que es imposible entender sin connivencias y lenidades varias. Sólo un dato: ¿que fedatario público, lease notario, dio por buena la firma de Gonzalo Piñeiro y de Pedro Labat, en el momento de la estafa presidente del Consejo de Administración y secretario del Consejo de Mercasantander, respectivamente? Porque cualquier ciudadano sabe que para legitimar una firma es necesaria la presencia del signatario. ¿Estuvieorn? ¿No estuvieron?
Por otra parte que los encausados, la ex directiva Paloma González-Tarrío y su marido, el optometrista Andrés Fernández del Cotero, hayan intentado devolver el dinero defraudado es un paso que seguro tendrá beneficios judiciales para los encausados, pero que no paralizará la acción judicial. Que el director de Mercasantander y promocionador de la empleada infiel, el ex consejero y militante del PP, Juan José Fernández, rechazase esa devolución del dinero sustraído, merece ser explicada por algún responsable político. Como merece que el alcalde aclare las razones de que a día de hoy el Ayuntamiento no se haya aún personado en la causa como perjudicado, vía que el juez deja abierta en el auto de procesamiento del matrimonio.
Personarse para defender los intereses de los santanderinos y santanderinas. Al fin y al cabo las víctimas del robo somos todos los vecinos de la capital de Cantabria. Pero Iñigo de la Serna
En cuanto a los aspectos políticos del asunto se trataría de explicar lo que a todas luces resulta inentendible: que nadie se percatara de los que estaba sucediendo. Y hay responsabilidad política en la decisión primigenia: la de Fernández de confiar la dirección de Mercasantander a empleada infiel para irse a la política. Y tampoco estaría de más que el alcalde De la Serna explicase por qué se esperó para dar a conocer el fraude a que Piñeiro ya no fuera alcalde y hubieran pasado las elecciones municipales. Porque de lo sucedido ya se tenían noticias desde hace meses. Son preguntas, en todo caso, que no toca responder al concejal responsable de Mercados, que ha convocado la comisión del área para este semana, sino al propio alcalde. Porque hay que saber estar a las duras como a las maduras. dixit), cuenta con el rechazo de plano del PP. Para los populares el libre mercado es una especie de mantra que por sí sólo produce progreso. Pero no aclaran que el progreso de que hablan es para unos pocos, mientras que la inmensa mayoría se convierte en pagano de la situación. Claro que la derecha hace la ley (libre mercado) y también la trampa. Está por la libre competencia, siempre y cuando esa competencia no dañe sus intereses. Y tampoco le hacen ascos, al mismo tiempo que defienden el más libre albedrío empresarial, a todo tipo de subvenciones y ayudas públicas. debería hacer algo más: aceptar la creación de una comisión de investigación que determine cómo fue posible que se produjera un desvío de fondos tan importante y durante tanto tiempo sin que saltara alarma alguna. El tipo de gestión y control de Mercasantander debe ser diseccionado con atención. No tanto para buscar responsabilidades políticas, que también, como para fijar las medidas precisas que impidan que hechos así se puedan producir en el futuro.
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