Así se desprende del análisis de la legislación vigente en materia de patrimonio y de expropiaciones, según la experiencia de la profesora en Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Teresa Carballeira.
No obstante, el desposeimiento de la propiedad debe ser "una decisión" tomada por la Administración autonómica como medida "extrema", en concepto de "sanción" a los propietarios por "grave incumplimiento" de sus obligaciones legales y se debe alegar "interés general".
En las últimas semanas el Pazo de Meirás es objeto de varias polémicas, como que la familia Franco haya impedido el acceso de técnicos de la Consellería de Cultura para comprobar su estado de conservación como paso previo a su declaración como BIC o que vecinos del municipio de Sada (A Coruña), donde se emplaza el inmueble, hayan cuestionado cómo se propició la ampliación de la finca y el acondicionamiento del pazo para su donación al dictador.
Además, el BNG instó al Gobierno a que "coopere" para la comprobación del estado del Pazo de Meirás y el grupo parlamentario de IU-ICV demandó que se estudien las posibilidades legales de expropiación a la familia Franco del Pazo de Meirás y de otras propiedades.
POSIBILIDAD LEGAL
Las expropiaciones recaen sobre propiedades privadas cuando la compra-venta no funciona y, para ello, la Administración debe "alegar interés general". No obstante, este mecanismo "ampara" también a los propietarios, que deben ser "compensados" por la "sustracción legal" de su bien con una indemnización económica o con la permuta por otro.
En el caso del Pazo de Meirás actualmente no es posible aplicar esta medida, ya que aún no cuenta con la declaración de BIC para ser sometido a lo que fija la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia de 1995. En el artículo 31 de esa norma se establece que para los bienes que cuentan con el citado reconocimiento "el incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes catalogados por la Administración competente".
Sobre este asunto, la profesora en Derecho Administrativo de la USC, Teresa Carballeira, aclaró a Europa Press que este artículo permite a la Xunta "una causa" para acometer, "si es su voluntad", la expropiación como "sanción" ante un "grave incumplimiento de las obligaciones". A partir de ahí, legalmente podría iniciarse el proceso para reclamar la propiedad pública, que normalmente se extiende por espacio de entre seis meses y un año, según estimó la experta.
El proceso para "sustraer legalmente" el Pazo de Meirás a la familia Franco conllevaría una tasación del inmueble en función de distintos criterios --los habituales y también de tipo histórico-artístico, según la Ley de Expropiaciones-- con el fin de fijar un "justiprecio", que los propietarios podrían apelar, y que podría ser objeto de un contencioso antes de llegar a un acuerdo.
En cualquier caso, fuentes de la Consellería de Cultura aseguraron a Europa Press que "no se busca" la expropiación del Pazo de Meirás, sino que, por tratarse de un bien catalogado a principios de los años 90, se inició un proceso para comprobar si su estado de conservación permite o no su declaración como BIC.
También el alcalde de Sada (A Coruña), Abel López, detalló que el interés del ayuntamiento es que el Pazo de Meirás sea declarado BIC, ya que sería "una cuestión muy importante" porque obligaría a su apertura al público un mínimo de cuatro días al mes y otorga a la Xunta una posición preferente, con derecho de tanteo y retracto, en caso de que la propiedad sea puesta a la venta.
Apuntó que la declaración como BIC permitiría dar "utilidad pública" al inmueble. Sin embargo, puntualizó que en el acuerdo plenario de la Corporación local de Sada "no se pidió la expropiación" del pazo, aunque reconoció que es partidario de "explorar posibilidades de recuperación" del uso público de este bien.
DECLARACIÓN BIC
El Ayuntamiento de Sada y la Consellería de Cultura promueven la declaración como BIC del Pazo de Meirás, por su valor cultural, patrimonial e histórico. De hecho, el departamento autonómico entiende que el inmueble forma parte del Patrimonio Cultural de Galicia --por estar catalogado-- y, por ello, justifica pedir a los propietarios de una inspección técnica para comprobar el estado de conservación de la que fue residencia de verano de Francisco Franco, una medida previa a la toma de decisión sobre si reúne los requisitos para obtener la citada declaración.
Inicialmente la familia Franco había aceptado a la inspección. Según Cultura, la misma propietaria del Pazo de Meirás, Carmen Polo Franco, respondió que "tendría mucho gusto en facilitar el acceso" al inmueble de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio para la "comprobación del estado de conservación, que procuró que fuera el correcto".
Sin embargo, los intentos llevados a cabo por la Consellería de Cultura para fijar una fecha y poder realizar así la inspección resultaron infructuosos por la falta de respuesta de la propietaria. En este contexto, el departamento autonómico decidió utilizar "sus competencias" para fijar la fecha del 30 de agosto para la inspección técnica. Esta decisión se le comunicó en un burofax enviado a los propietarios con una semana de antelación. El equipo de inspección estaba integrado por una arquitecta, un arqueólogo y una historiadora de la arte.
Así, según Cultura, el 30 de agosto, un abogado que se identificó como portavoz de la propietaria les comunicó a los miembros del equipo que no podían acceder al recinto. Ante esta "obstrucción", el departamento autonómico inició la apertura de un expediente sancionador que puede tener como consecuencia una multa de hasta 60.000 euros y decidió "hacer valer sus derechos" mediante la vía judicial.
El pasado lunes, 10 de septiembre, un letrado de la Xunta formalizó en el registro de los juzgados del Contencioso-Administrativo de A Coruña su petición de que se fije "el lugar, día y hora" para la inspección técnica del Pazo de Meirás. Las previsiones de Cultura son que "tal y como es el tipo de proceso irá con bastante rapidez y habrá una resolución pronto", aunque ahora el asunto está en manos de los juzgados.
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