OPINIÓN/Víctor Gijón
Palabra de Rajoy, palabra del PP
Escribo este artículo antes de que Mariano Rajoy ilustre a los cántabros sobre las bondades de que gobierne la lista más votada, aunque sea un principio de aplicación sólo donde ellos lo sean: en Cantabria sí, en Baleares, también, pero no en Canarias y menos en Castro Urdiales, donde con su voto hacen alcalde a un tránsfuga de la cuarta fuerza menos votada.
La ley, para el PP, es como un embudo, ancho para ellos y estrecho para los demás.
La derecha de este país se cree con derecho a establecer lo que estás bien y los que está mal. Incluso a decidir si una misma cosa es mala o buena, dependiendo de sus intereses y preferencias. Por ejemplo los artículos del Estatuto de Cataluña recurridos ante el Tribunal Constitucional, que aparecen tal cual en los textos andaluz y canario, que el PP ha votado a favor, y que no han sido impugnados.
Pero a lo nuestro. Rajoy e Ignacio Diego no van a criticar en esta ocasión el hecho de que Cantabria esté gobernada por quien encabezó la lista menos votada, monserga con la que nos regaló toda la anterior legislatura. Y no lo hará, porque aquella tercera fuerza es hoy segunda, con cuatro escaños más, uno de ellos arrebatado, precisamente, a la formación conservadora, que va en caída libre desde hace ocho años. Claro que no es la única formación política regional que pierde fuerza.
Mientras el PRC ha aprovechado de forma significativa su presencia en gobiernos sucesivos --dos con el PP entre 1995 y 2003, uno con el PSOE (2003-2007) y acaba de iniciar la segunda legislatura con éste último-- pasando de 6 a 12 diputados en el período analizado, el PP pierde poder y el PSOE también. Los socialistas tenían 10 diputado en 1995, subieron a 14 en 1999, perdieron uno en 2003 y tres más el pasado 27-M.
Cantabria, aunque eso sea lo de menos para el PP que hace como los malos periodistas y no permite que la realidad le estropee un buen discurso, está gobernada por una amplia mayoría de la cámara. Nada menos que 22 diputados (los dos patitos de los que oiremos hablar mucho en los próximos cuatro años) frente a 17. La presidencia la ostenta el líder del segundo partido más votado, Miguel Ángel Revilla. Pero es que, además, se trata del cabeza de la lista que más crecimiento en votos obtuvo en las pasadas elecciones autonómicas. Y no sólo eso: el PRC es el único partido que no ha perdido apoyo popular y representación en las instituciones.
La estrategia del PP ante esta nueva situación política no está todavía perfilada. Posiblemente, porque de aquí a las elecciones generales del próximo mes de marzo, las organizaciones regionales del partido conservador carecen de autonomía para actuar. El PP de Cantabria tendrá, con casi entera seguridad, un papel secundario en los próximos ocho meses. Deberá limitarse a aplicar en Cantabria las directrices y consignas que lleguen desde Madrid y que, según los estrategas de Génova (sede madrileña popular), sirvan para “sacar” a Zapatero de La Moncloa.
No les será demasiado difícil a los populares cántabros jugar ese papel subsidiario. Es lo que han hecho en numerosas ocasiones en la pasada legislatura, llevando al Parlamento asuntos de muy dudosa relación con Cantabria: el Estatut, el diálogo con ETA … Volverán sobre la unidad de España y la rendición ante ETA, aunque como en el chiste los únicos que ven a lo etarras rodeando a los demócratas, y no al revés, son los populares. Bueno, ellos y los medios de propaganda de la banda, que tienen que animar a unas huestes diezmadas por la eficaz --“milagrosa”, según la mendaz definición de Rajoy-- acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estamos, por tanto, ante un arranque de legislatura donde la oposición pretenderá que los ciudadanos fijen su atención en cuestiones de supuesta base ideológica, dicen que vitales para el futuro de Essspaña. No parece que el Gobierno de la Nación esté por la labor y, sin olvidar cortarles el traje a los dirigentes del PP cada vez que se pasen de la raya en sus insidias, pondrá sobre la mesa las políticas puestas en marcha para el reconocimiento de nuevos derechos individuales, de la instauración del tercer pilar del Estado del Bienestar (la denominada Ley de Dependencia) o directamente vinculadas a la mejora de la vida de los ciudadanos.
No habrá que perder nada más que el tiempo justo en parar los pies a esos dirigentes populares que un año después del vil asesinato por parte de ETA del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco iniciaron contactos con la banda y que ahora llaman traidor y mentiroso al presidente Zapatero porque no entrega las actas de las reuniones mantenidas durante la última tregua. Claro que escuchar a Aznar, Acebes y Rajoy acusar a alguien de mentiroso, cuando están probadas, política y judicialmente, sus mentiras sobre la guerra de Irak, sobre el Prestige, sobre el accidente del Yak 42 y, lo más grave de todo, sobre el atentado que costó la vida a 192 personas y heridas a otras miles una mañana del 11 de marzo de 2004, es todo menos edificante.
Pero la aportación de Cantabria a ese debate debe ser por elevación. Lo que toca es aplicar los mecanismos de autogobierno. Los ciudadanos deben percibir que sin negar ni un ápice de la importancia de los procesos electorales, cada una de ellas tiene su propio objetivo. En el 27-M se resolvió la cuestión de quién y cómo se va a gobernar Cantabria en los próximos cuatros años. En marzo del próximo año los ciudadanos harán lo propio, pero para establecer quien lo hará en el ámbito nacional. En nuestra región hay tarea de sobra para estos meses y para los siguientes.
Ello no quita que el PSOE intente sacarse la espina del 27-M. Lola Gorostiaga, la máxima dirigente socialista, aceptaba esta semana ver las próximas elecciones a Cortes Generales como una segunda reválida ante los ciudadanos, previo al examen interno que, en forma de Congreso regional, se celebrará a comienzos del verano del año que viene. La líder del PSOE cántabro es consciente de que un mal resultado en los comicios legislativos tendría repercusiones en el debate interno.
Gorostiaga tiene ante sí la difícil papeleta de hacer compatible su vicepresidencia regional, cargada de nuevas responsabilidades con efectos inmediatos sobre la vida de los ciudadanos (trabajo, empleo, servicios sociales, etc), con el liderazgo regional de un partido que se la juega en el ámbito nacional. Cantabria no es quien decide las elecciones, pero unos pocos suman mucho. Aumentar el número de votos, crecer en representación --actualmente el PP cuenta con tres diputados y tres senadores, por dos y uno, respectivamente del PSOE--, aunque el objetivo no sea fácil, pero sobre todo iniciar la remontada electoral, son elementos claves para reanimar las deprimidas bases del socialismo cántabro.
Gorostiaga cuenta con recuperar parte del voto perdido hace dos meses. Un puñado de votos habrá que irlo a buscar a las bolsas de la abstención progresista, pero hay otros sufragios que tiene prestados el PRC o más concretamente Revilla. La postura que éste adopte ante las elecciones tendrá, por tanto, una determinante influencia. El presidente del Gobierno y líder regionalista dejó claro esta semana, en declaraciones a Tele Bahía, que no le temblará la voz a la hora de pedir el voto para Zapatero si con ello se obtiene mejoras para Cantabria.
Es evidente que por arriba, en el nivel de dirigentes, no va a haber problemas. PSOE y PRC no han suscrito inhibiciones electorales, como algunos ignorantes de la ley planteaban, pero si hay un pacto de caballeros para apoyarse en los próximos cuatro años. Revilla reconoce que las relaciones con Zapatero son lo que son, de preferenciales suele calificaras, gracias a Gorostiaga. Y favor por favor, habrá voto regionalista para el PSOE en marzo próximo.
Pero este acuerdo político puede verse complicado por algunas actitudes personales en el segundo escalón. Por ejemplo, no ayuda a crear el clima de confianza necesario en el electorado actitudes como las de algunos cargos municipales regionalistas y socialistas. Digamos que no resulta demasiado ilusionante ni el pacto del alcalde regionalista de Laredo, Santos Fernández Revolvo, con el PP, ni la resistencia de la alcaldesa socialista de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, a cerrar el acuerdo con los regionalistas de la capital del Besaya. Hay otros casos, pero estos son sin duda, los mas relevantes y los que deberían quedar resueltos lo antes posible. Por pedagogía política, más que nada.
Si (
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