Han pasado más de veinte meses desde que el juez Miguel Ángel Torres decidiese abrir el juicio que investiga la trama de corrupción inmobiliaria y urbanística acontecida en Marbella estos últimos años. Esta mañana hemos podido conocer sus primeras impresiones en un acto público celebrado en Málaga una vez que se ha apartado del caso y ha dado el relevo al juez Óscar Pérez.
Entre las intervenciones que ha realizado el magistrado destaca aquella en la que reconoce que el caso en el que ha trabajado este tiempo ha concitado tal revuelo soocial que "me he visto obligado a cambiar mi vida, mis actividades rutinarias e incluso mis relaciones personales".
En la conferencia, titulada 'La corrupción urbanística como forma de crimen organizado', el juez Torres ha dado su opinión sobre los últimos casos de corrupción conocidos en distintos ayuntamientos y ha querido matizar "la falsa creencia que hay en la sociedad de que esos compartamientos se repiten en todos los consistorios. Con ese pensamiento sólo se consigue quitar importancia al delito", concluyó Torres.
Miguel Ángel Torres explicó que hasta ahora la actividad inmobiliaria se había aceptado "porque generaba riqueza para los municipios y cuando las cosas van bien la gente no se plantea qué hay detrás". Por esta razón, insistió en que "hay que dejar de ver la corrupción municipal como un mal necesario porque, aunque siempre existirá, se pueden tomar medidas contra él".
No obstante, el juez reconoció que en muchos casos el delito va por delante de la jurisdicción y se practican diversas maniobras lucrativas que no están recogidas en el código penal y son muy difíciles de juzgar. Criticó que muchos de estos delitos se consideren "simples infracciones administrativas y no penales para no crear alarma social" y así favorecer que los delincuentes se vean impunes frente a la ley".
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