En realidad,
Del Olmo sólo cede a
Garzón la investigación sobre el origen de la documentación falsa que llevaban los dos etarras, pero no de los cuatro números de teléfonos, dos españoles y dos franceses, que llevaban para contactar en caso de dificultades.
La decisión de Del Olmo se produce después de que el jueves Garzón remitiera a su compañero una "ampliación de los razonamientos objetivos" por los que reclama esta causa, entre los que se incluye un número de teléfono vinculado a Suárez que se incluía en las diligencias iniciales del juez central de instrucción número 5, informaron fuentes juridicas.
El origen de este conflicto entre los magistrados de la Audiencia Nacional está en la remisión por parte de la juez antiterrorista Laurence LeVert de una comisión rogatoria en la que inquiría sobre los posibles contactos entre el Gobierno y los etarras Iurrebaso y Suárez. Garzón reclamó la tramitación de esta comisión rogatoria y llevó el asunto al Pleno de la Sala de lo Penal, aunque su maniobra quedó "sin efecto" porque Del Olmo contestó a la juez francesa (con los datos que le remitió el Ministerio del Interior), un día antes de que la Sala se pronunciara al respecto.
La investigación que ahora se cede a Garzón deriva de la anterior, al tratarse de las diligencias previas que el juez central de Instrucción número 6 abrió tras deducir testimonio de los documentos que a su vez le remitió Le Vert sobre las documentaciones y matrículas falsas encautadas a Iurrebaso y Suárez.
Las diligencias cedidas a Garzón se refieren concretamente a delitos de falsificación de placas de matrícula, robo de vehículos y falsificación de documentos, todos ellos cometidos en España con el fin de facilitar infraestructura a Iurrebaso y Suárez, por lo que en España el lugar donde estos hechos deben ser investigados.
Un número de teléfono
El auto de inhibición dictado por Del Olmo dice textualmente que "es ahora cuando el Juzgado Central de Instrucción numero 5 aporta un dato cierto (un número de teléfono) vinculado al origen de la noticial criminal (la detención en Francia el 29 de marzo de 2007) llevando los mismos efectos o vestigios de actividad criminal y habiendo iniciado con anterioridad la actividad instructora en abril de 2007".
Todo ello, continúa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en el marco de una investigación por colaboración de organización terrorista, por lo que "se justifica plenamente su razón de competencia" (la de Garzón).
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo contestó a la comisión rogatoria remitida por la juez Antiterrorista francesa una vez recibió la contestación al respecto del Ministerio del Interior, sin dar tiempo a la Sala de lo Penal a pronunciarse sobre los requerimientos de su compañero del Juzgado Central de Instrucción número 5.
La cuestión relativa a qué magistrado correspondía contestar a la Justicia francesa fue elevada a la Sala de lo Penal después de que el pasado martes Del Olmo (a quien le fue remitido el caso por reparto) rechazara la segunda petición de inhibición planteada al respecto por Baltasar Garzón, que considera que es a él a quien correspondía la realización de este trámite por tener abierta una causa en la que está procesado Suárez, a quien relaciona con el aparato de captación de ETA.
La jueza Le Vert envió la comisión rogatoria el pasado mes de abril a iniciativa propia, a pesar de que Garzón había solicitado anteriormente información sobre Suárez a las autoridades francesas tras producirse la detención de este presunto etarra, el pasado 28 de marzo.
Del Olmo rechazó la primera solicitud de inhibición el pasado 18 de junio alegando que, en aplicación de los criterios técnico-jurídicos que rigen el reparto de casos en la Audiencia Nacional, el caso le correspondía a él y los argumentos planteados por el titular del Juzgado Central número 5 no eran suficientes para determinar la existencia de una vinculación directa de este asunto con la investigación de Garzón sobre Suárez.
Paquete precintado
La semana pasada, el juez central de instrucción número 6 envió las preguntas de Le Vert al Ministerio del Interior, que contestó a las mismas el pasado martes. Sin esperar al Pleno de mañana, Del Olmo cumplimentó el trámite y remitió a la juez francesa los documentos remitidos por Interior, dentro de un pequeño paquete precintado, según las mismas fuentes.
Juan Carlos Iurrebaso Atutxa, de 52 años, y Kepa Mirena Suárez Huarte, de 47, fueron detenidos en la noche del 28 al 29 de marzo. En dependencias policiales dijeron a los policías franceses que eran hombres del proceso y les mostraron una lista de cuatro teléfonos móviles, uno de ellos correspondiente a un alto funcionario del Ministerio francés, Christian Lambert, director central de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS).
Otro número de teléfono correspondía a una tarjeta de teléfono de prepago adquirida en una tienda situada en las inmediaciones de la plaza de Beauveau en París, donde se encuentra el Ministerio del Interior galo. Iurrebaso mostró un papel donde estaban apuntados los cuatro números de teléfono, dos de ellos correspondientes a terminales españoles con tarjeta pre-pago. La juez Le Vert también solicita información sobre los dueños de esos teléfonos.
Si (
No(
