Este asunto fue discutido por 16 magistrados de los que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia en el Pleno que habitualmente celebra este órgano todos los jueves, encabezado por su presidente, Javier Gómez Bermúdez.
Los magistrados señalan en su acuerdo que "habiendo sido cumplimentada y remitida (...) no ha lugar a pronunciamiento sobre la controversia suscitada en relación con la cumplimentación de la comisión rogatoria internacional" cursada por Le Vert y hacen constar que en este caso "no existe cuestión de competencia, sino discrepancia sobre la norma de reparto aplicable su interpretación".
A este respecto, explican que la cuestión planteada por Garzón para arrebatar la tramitación de esta causa a su compañero del Juzgado Central de Instrucción número 6 no debería haberse presentado ante la Sala de lo Penal, sino "mediante la correspondiente reclamación o queja contra la decisión de reparto" realizada por el juez decano, Ismael Moreno. Y contra la resolución decano, la vía para conseguir una rectificación al respecto sería el recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, añade la Sala.
Nuevo movimiento de Garzón
Además, la Sala de lo Penal le dice a Garzón que, de momento, no procede pronunciamiento alguno sobre un segundo requerimiento de Garzón, que cuenta con el apoyo de la Fiscalía, para que Del Olmo se inhiba en otro proceso derivado del anterior, por las diligencias previas que el juez central de Instrucción número 6 abrió tras deducir testimonio de los documentos que a su vez le remitió Le Vert.
Estas diligencias se refieren a delitos de falsificación de placas de matrícula, robo de vehículos y falsificación de documentos, todos ellos cometidos en España con el fin de facilitar infraestructura a Iurrebaso y Suárez, por lo que en España el lugar donde estos hechos deben ser investigados.
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo contestó a la comisión rogatoria remitida por la juez Antiterrorista francesa una vez recibió la contestación de Interior, sin dar tiempo a la Sala de lo Penal a pronunciarse sobre los requerimientos de su compañero del Juzgado Central de Instrucción número 5.
La cuestión relativa a qué magistrado correspondía contestar a la Justicia francesa fue elevada a la Sala de lo Penal después de que el pasado martes Del Olmo (a quien le fue remitido el caso por reparto) rechazara la segunda petición de inhibición planteada al respecto por Baltasar Garzón, que considera que es a él a quien correspondía la realización de este trámite por tener abierta una causa en la que está procesado Suárez, a quien relaciona con el aparato de captación de ETA.
La jueza Le Vert envió la comisión rogatoria el pasado mes de abril a iniciativa propia, a pesar de que Garzón había solicitado anteriormente información sobre Suárez a las autoridades francesas tras producirse la detención de este presunto etarra, el pasado 28 de marzo.
Del Olmo rechazó la primera solicitud de inhibición el pasado 18 de junio alegando que, en aplicación de los criterios técnico-jurídicos que rigen el reparto de casos en la Audiencia Nacional, el caso le correspondía a él y los argumentos planteados por el titular del Juzgado Central número 5 no eran suficientes para determinar la existencia de una vinculación directa de este asunto con la investigación de Garzón sobre Suárez.
Paquete precintado
La semana pasada, el juez central de instrucción número 6 envió las preguntas de Le Vert al Ministerio del Interior, que contestó a las mismas el pasado martes. Sin esperar al Pleno de mañana, Del Olmo cumplimentó el trámite y remitió a la juez francesa los documentos remitidos por Interior, dentro de un pequeño paquete precintado, según las mismas fuentes.
Juan Carlos Iurrebaso Atutxa, de 52 años, y Kepa Mirena Suárez Huarte, de 47, fueron detenidos en la noche del 28 al 29 de marzo. En dependencias policiales dijeron a los policías franceses que eran hombres del proceso y les mostraron una lista de cuatro teléfonos móviles, uno de ellos correspondiente a un alto funcionario del Ministerio francés, Christian Lambert, director central de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS).
Otro número de teléfono correspondía a una tarjeta de teléfono de prepago adquirida en una tienda situada en las inmediaciones de la plaza de Beauveau en París, donde se encuentra el Ministerio del Interior galo. Iurrebaso mostró un papel donde estaban apuntados los cuatro números de teléfono, dos de ellos correspondientes a terminales españoles con tarjeta pre-pago. La juez Le Vert también solicita información sobre los dueños de esos teléfonos.
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