OPINIÓN/Víctor Gijón
Quiero dejar claro con carácter previo que el pacto suscrito entre el PP y Coalición Canaria (CC), que deja fuera al PSOE, la fuerza más votada en las islas el pasado 27-M, es absolutamente legítimo. Tan legítimo y democrático como el que en Cantabria deja fuera del Gobierno a los populares.
En ambos casos los coaligados suman más y por eso van a gobernar. Pero ahí terminan las coincidencias. En Canarias a diferencia de Cantabria los coaligados de ahora habían repetido que nunca, nunca jamás volverían a estar juntos. Y hay una segunda diferencia: fue el PP nacional quien dijo la primera y última palabra, marginando de la negociación a los populares canarios.
En Canarias PP y CC habían hecho campaña abominando uno del otro, después de haber roto el anterior acuerdo de Gobierno a mitad de la legislatura pasada. Para CC los populares amparaban la corrupción y no respetaban la autonomía canaria. Para el PP los nacionalistas pretendían aprobar un estatuto de Autonomía que rompía España. Dicho estatuto fue descalificado por Mariano Rajoy, que le tildó de nacionalsocialista, en una penosa asociación de ideas con el nombre del partido nazi.
Ese mismo Estatuto es desde ayer, con la firma del acuerdo de gobierno, un elemento clave para el desarrollo, de Canarias, en palabras del mismo Rajoy que antes sostenía lo contrario. La otra gran diferencia entre lo ocurrido en Cantabria y Canarias, y de mucho más calado político, es que el pacto ha sido ideado, gestado, negociado y firmado no por los populares canarios, sino por la dirección de su partido en Madrid.
Ayer lo escenificó perfectamente Rajoy obligando a que el acuerdo se suscribiese en el Congreso de los Diputados y estampando él mismo la firma junto a Paulino Rivero, líder de CC y próximo presidente de Canarias, mientras José Manuel Soria, el líder popular canario, era relegado a un papel de mero testigo.
Para que me entiendan es como si el pacto de Gobierno suscrito por socialistas y regionalistas en Cantabria se hubiera firmado en Madrid por José Luís Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Revilla, con Lola Gorostiaga de oyente. ¿Se imaginan la escandalera que habrían montado los populares? Y con razón.
España es constitucionalmente un Estado autonómico. Si un acuerdo de Gobierno en una Comunidad Autónoma lo firma la dirección nacional de un partido ¿dónde queda la autonomía? Es conocido que al PP el titulo VIII de la Constitución, el que regula el Estado de las Autonomías, sólo le vale cuando sirve a sus intereses partidistas. Ideológicamente es contrario y así lo manifestó cuando tuvo ocasión, pidiendo el no a la Constitución en el Referéndum celebrado en diciembre de 1978.
Los que esta semana, sin ir mas lejos, pretendían dar lecciones de constitucionalismo a tirios y troyanos, con Rajoy acusando a Zapatero de no respetar la Carta Magna, son los mismos que intentaron impedir que saliera adelante la Constitución hoy vigente.
La firma de Rajoy en el pacto canario, que más bien debería llamarse el pacto de Madrid, supone la constatación del poco respeto que el PP tiene por lo autonómico. Pero hay otra razón más de andar por casa: la necesidad de Rajoy de hacerse una fotografía en plan ganador el mismo día en que todas las encuestas, incluso las de sus medios de comunicación afines, le dan como el gran perdedor en el último debate del Estado de la Nación. Gran estropicio para tan pueril consuelo.
Si (
No(
