Llevarán a los tribunales a la constructora
Los afectados de la sentencia del 'Cuco' y Fadesa rompen la negociación
Tras una reunión mantenida ayer en el Teatro de Vioño, los afectados por la sentencia que ilegaliza el Plan Parcial que desarrolla el Alto del Cuco han decido romper negociaciones con Fadesa, la empresa constructora, a la que llevarán a los tribunales para reclamar judicialmente la devolución del dinero adelantado por la compra de sus viviendas, más daños y perjuidicios.
La Asociación Costa Verde que agrupa a cerca de un centenar de afectados tomaron esta decisión tras conocer que la empresa se ha negado a devolver las cantidades abonadas a tres afectados a los que ya les había vencido la fecha de entrega de sus casas estipulada en el contrato.
Javier Fernández, abogado y portavoz, ha explicado que la empresa constructora ha sometido a los afectados a "constantes engaños y muestras de deslealtad" desde que se ha tenido conocimiento de la sentencia. Fernández explicó que tras haber alcanzado un "acuerdo verbal" con la empresa por el que ésta se comprometía a devolver el dinero entregado por los citados compradores si no aceptaban otras alternativas, la empresa cambió de criterio y anunció, "contra todo principio legal y ético", que no realizará dichas devoluciones.
La situación afecta a tres miembros de la asociación, y a otras personas, aunque de estas últimas no todas reclaman la devolución de estas cantidades, que oscilan entre los 24.000 y los 36.000 euros. Para el resto de los afectados, unas 239 familias en total, no han vencido todavía los plazos de entrega de las viviendas, según explicó Fernández, quien consideró que Fadesa pretende convertir "en rehenes" a los compradores "con la única finalidad de que su precaria situación personal pueda servir de arma y de argumento ante las Administraciones públicas en la aprobación de un nuevo Plan Parcial".
Por ello, la asociación irá pidiendo las resoluciones de los contratos y la devolución de las letras a medida que vayan venciendo los plazos. Paralelamente, trasladará la problemática a las administraciones correspondientes (Ayuntamiento y Comunidad Autónoma), con el fin de que las actuaciones que se lleven a cabo "no sean en perjuicio de los afectados", precisó el portavoz, quien no descartó la posibilidad de tomar otro tipo de medidas "más adelante".
Según Fernández, las actuaciones se llevarán a cabo con el "máximo sosiego" y siendo "lo más prudentes posible", ya que no pretenden una estrategia "de guerra abierta", sino "la defensa de nuestros derechos". Por eso, de momento no acudirán a la vía penal, sino a la civil.
'Situación de las viviendas'
Sobre la situación de las 400 viviendas que se están construyendo, señaló que tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló el Plan Parcial, hay "amplias posibilidades" de que las licencias también se declaren ilegales.
" Si después se aprueba un nuevo Plan Parcial, veremos qué propone Fadesa", pero "lo que queremos es que si no cumple los contratos tome las medidas consecuentes, devuelva las cantidades, indemnice a los propietarios y no los mantenga de rehenes", dijo.
Por otro lado, señaló que las obras no están "totalmente paralizadas", sino que se ha producido un "incremento de la actividad" de construcción y la empresa pretende "hacer obras de urbanización y asfaltado", pese al auto judicial que ordenó el cese de los trabajos.
Y es que, según Fernández, para la constructora la suspensión del Plan Parcial "no lleva aparejada la paralización de las obras" y sigue adelante con el proyecto porque "entiende que va a seguir adelante la aprobación del nuevo plan".