OPINION/Victor Gijón
Entramos en una semana donde todas las especulaciones son posibles, aunque casi ninguna probable. Me refiero a las listas, apócrifas o no, que van a comenzar a circular sobre los integrantes del nuevo Gobierno. No pretende alimentar el morbo, pero no me resisto a compartir con ustedes una reflexión, advirtiendo que no es fruto de información obtenida, privilegiada o no.
Entramos en una semana donde todas las especulaciones son posibles, aunque casi ninguna probable. Me refiero a las listas, apócrifas o no, que van a comenzar a circular sobre los integrantes del nuevo Gobierno. No pretende alimentar el morbo, pero no me resisto a compartir con ustedes una reflexión, advirtiendo que no es fruto de información obtenida, privilegiada o no. Creo que el próximo gobierno de Cantabria va tener muy pocos cambios con respecto al anterior y que para asistir a modificaciones de peso habrá que esperar a los nombramientos en los segundos niveles, propiciados también por alguna que otra reordenación, posiblemente muy siugnificativa, de ciertas competencias.
No tiene mucho sentido dejar el reparto de competencias como estaba en el anterior Ejecutivo, reconociendo que se trata de acabar la tarea comenzada, y proceder a sustituir a los que han dirigido ese proceso. Pero cambios habrá. Algunos miembros del Gobierno han pedido el relevo por cansancio y otros dejarán el puesto a modo de declaración de intenciones de que se van a impulsar más unas formas de hacer las cosas u otras. Pero ya digo, habas contadas.
En las últimas semanas se habían producido también numerosas especulaciones en torno a la aplicación al reparto de áreas de competencia del futuro gobierno criterios cuantitativos derivados de los resultados electorales: el PRC gana, el PSOE pierde. Dije entonces, y la afirmación no tenía excesivo mérito por obvia, aunque lo recuerdo aquí para dar más peso a mis ‘creencias’ sobre el próximo Ejecutivo, que el talante de Miguel Ángel Revilla y Lola Gorostiaga, así como la química personal existente entre ambos líderes políticos, me llevaba a pensar que no se iba a mover nada o casi nada en el reparto competencial de la coalición. El pacto dado a conocer el pasado jueves me vino a dar la razón.
Si las cosas han funcionado bien, y nadie duda que con el anterior Gobierno regional PSOE-PRC fue así, no parece ni oportuno ni necesario introducir grandes cambios. Que determinados consejeros o consejeras se haya quemado en el empeño de sacar adelante la tarea que les fue encomendada --en algunos casos sólo se valorará su trabajo cuando se pueda analizar con la perspectiva del tiempo transcurrido-- es ley política de la que hay que extraer las lógicas consecuencias. En el caso del PSOE la lección es más cruda, toda vez que los fallos, insisto no de gestión sí de imagen, de algunos de sus altos cargos en el Gobierno se han visto iluminados por un mal resultado en las urnas ¿Son responsables esos responsables políticos? No, pero alguien tiene que pagar los platos rotos.
Pero lo que importa, lo sustancial, además de la imagen que se de con los nombramientos, que también son declaraciones de intenciones, es que cambios se van a introducir en la estructura de la consejerías. Serán formulaciones de cambios que determinen prioridades, objetivos y nuevo medios. Cambios en el área socialista, pero también en el regionalista. En cuando a las competencias de la órbita del PRC la única duda es donde irá Ordenación del Territorio. Si Vicente Mediavilla sigue de consejero es seguro que el control urbanístico se mantendrá en Presidencia, que a partir de ahora será competente en materia de Justicia. Pero si el que fuera candidato a la alcaldía de Santander se queda como portavoz municipal, entonces es muy probable que Ordenación del Territorio y Urbanismo regresen a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
En el caso de las consejerías socialistas hay varias incógnitas por despejar. La principal es si Lola Gorostiaga asume una consejería de más peso o si, por el contrario, continúa con las competencias de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, donde se incluyen las Direcciones Generales de Mujer, Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Juventud y Administración Local. Hay voces autorizadas en el PSOE que mantienes que esa consejería de peso podría ser Industria, pero la secretaria general de los socialistas cántabros no se ha manifestado todavía ni a favor ni en contra. El pasado viernes Gorostiaga confesaba que se tomaría el fin de semana de descanso; pensar en el Gobierno lo dejaba para el lunes.
La consejería de Industria tiene peso y muchas posibilidades. Muchos de sus proyectos son fruta madura que solo queda recoger. Los avances en políticas de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica), en puesta en el mercado de suelo industrial, en planificación energética o en extensión del uso de nuevas tecnologías, son hechos más que evidentes. La renovación en políticas industriales y Desarrollo Tecnológico, dos de los epígrafes del Departamento junto al de Trabajo, ha sido en algunos casos verdaderamente revolucionaria, más por lo segundo que por lo primero. La industria, por otra parte, es cuestión que depende de la iniciativa privada, donde la iniciativa pública debe limitarse a crear las mejores condiciones para su desarrollo, pero sin intervencionismos.
Donde si se ha avanzado, donde si se puede y debe actuar, creando ese marco positivo, ese contexto adecuado que haga que la inversión industrial sea rentable y deseable, es en la segundo competencia, por orden de nombre de la consejería, el Desarrollo Tecnológico. Es por ello que desde antes de las elecciones se vienen planteando la necesidad de cambiar el orden de factores en el epígrafe del departamento, que sería también un gesto sobre prioridades. Además, se reconocería así un hecho incontestable: la implicación directa de l vicepresidenta del Gobierno en la proyección de esas políticas, de I+D+I, sobre todo en el último año y medio.
Tres gobiernos socialistas de tres comunidades autónomas: Andalucía, Galicia y Cataluña han puesto en marcha consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa o Industria. En todos los casos se ha presentado como la mejor forma para agrupar las políticas de investigación, de industria del conocimiento, de nuevas tecnologías y de la Sociedad de la Información, junto a las referidas al desarrollo empresarial, industrial y energético. En Andalucía se incluyen las competencias universitarias. En la practica la actual consejería de Industria ha venido desarrollando todas esas políticas, más la de empleo, que en ninguna de las tres comunidades citadas está adscrita a ese departamento, variando su ubicación desde Consejería propia a encuadrarse en Economía y Hacienda.
Pilotar el proyecto de desarrollo de I+D+I, potenciar las nuevas tecnologías, vincular la Universidad a proyectos de investigación, crear las condiciones para que la iniciativa privada invierta en Cantabria, es parte del discurso de futuro que Gorostiaga presentó ante los ciudadanos en las pasadas elecciones. Es, por tanto, un programa de acción que ni la es ajeno, ni desconoce. Todo lo contrario. Quedaría entonces buscar una solución de encuadre a algunas direcciones generales ubicadas bajo el epígrafe actual de “relaciones institucionales y Asuntos Europeos”.
Pero como en todo cambio hay una cara y una cruz. Si Gorostiaga asume la dirección de una consejeria fuerte, y aún por competentes que sean los directores generales que nombre, el tiempo disponible, que tiene sus límites, no sería suficiente para cumplir todas las tareas que de ella se esperan, unas fijadas por ley y otras a asumir desde la responsabilidad política en el Ejecutivo como líder del PSOE. Coordinar las políticas de todas las consejerías bajo dirección socialista y trasladar la gestión que desarrollan a la opinión pública, pero también la de ejercer de portavoz de Gobierno.
En el pacto suscrito por regionalistas y socialistas incluye en la vicepresidencia la competencia de portavoz del Gobierno, como ya ocurriera en la anterior etapa. Nada se dice sobre donde se residenciara el equipo humano de la portavocía, el Gabinete de Prensa, que en estos cuatro años ha tenido dependencia orgánica de la Consejería de Presidencia. La comunicación externa del Ejecutivo, que tienen su máximo exponente en el portavoz del Gobierno, depende en casi todos los gobiernos regionales del departamento que ostenta la responsabilidad de comunicar la gestión gubenamental. Esa es la idea que se baraja en las filas del PSOE para los próximos cuatro años. Y no porque se considera que la política de comunicación del Gobierno en general haya fallado --en algunas de sus áreas es evidente que sí se han cometido errores-- o haya sido partidista, sino porque entienden que el PSOE necesita más las políticas de comunicación que el presidente Revilla, que comunica prácticamente sólo y con excelentes resultados.
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