Fernando Lamata también explicó a este respecto que, no obstante, cualquier decisión futura "de cualquier Comunidad Autónoma" que pudiera colisionar o afectar a los interses regionales puede ser objeto "puntualmente" de un recurso ante los tribunales, con lo que "no se cierra" esta posibilidad.
Tras el análisis de expertos y del gabinete jurídico, el Gobierno consideró "que no procedía" imponer un recurso ante el Tribunal Constitucional ya que en la cuestión de fondo en relación a la política del agua "está asumiendo" la línea marcada por el presidente regional, José María Barreda, desde hace tres años.
Consideró "importante" que el Estatuto andaluz vaya en la dirección de que las comunidades tengan cada vez más capacidad de gestión del agua y mayor presencia en los órganos de gestión. En este sentido, afirmó la región tiene "que tener más voz, pero no la única decisión" puesto que no se plantea "gobernar desde Castilla-La Mancha o las comunidades la política del agua" pero sí de cogestionar.
Pero, dijo el portavoz del Gobierno regional, en el caso del Estatuto andaluz, "queda bien regulada" la mayor voluntad de decidir en materia de agua, sometida siempre a la Constitución y a las decisiones en estas políticas del Gobierno central.
Además, el texto estatutario se refiere a competencias "siempre definidas" en la comunidad andaluza y por tanto, según Lamata, "no colisionan con nuestros intereses" y establece la voluntad de acuerdo en relación a asuntos que pudieran afectar a ambas comunidades.
Recordó que aunque el Estatuto andaluz, cuando entró en el Parlamento, tenía "una redacción que podía bordear la constitucionalidad y estar en ese límite", tras su debate en el Congreso y su modificación, "se ajusta a esa lectura de mayor capacidad de gobierno en el marco de la Constitución" y en relación a los artículos que dan al Estado la capacidad de gobernar la materia.
Se mostró convencido de que hay que respetar el Plan Hidrológico Nacional y la Ley de Aguas y las normas del Estado que es quien tiene la responsabilidad. Pese a ello, las autonomías, insistió por último, tienen que tener "más presencia y voto" ya que hay competencias en servicios como las infraestructuras o el medio ambiente y por eso, es necesario poder "opinar con capacidad de codecidir" en materia de agua.
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