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Sesión de Control al Gobierno

Rajoy ataca con la subida de la luz y ZP se defiende con su política social

Rajoy ataca con la subida de la luz y ZP se defiende con su política social

Con ETA de nuevo ausente, aunque no ANV, la Sesión de Control se centró en la fuerte subida de la luz, de la que Mariano Rajoy acusó al Gobierno y pidió explicaciones,  y la respuesta de Zapatero, defendiéndose y diciendo que no es así y que lo que el Gobierno "sí ha subido por encima del IPC" ha sido"el salario mínimo, las pensiones mínimas y los salarios de funcionarios, policías y militares"
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró, no obstante,  que la nueva subida de la tarifa de la luz para los consumidores domésticos, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, "irá en línea con la evolución del IPC" y no por encima, como le acusaba Rajoy.

"El Gobierno mantiene el principio de que su evolución vaya en línea con el IPC para que las familias españolas no pierdan poder adquisitivo", indicó Zapatero en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno a pregunta del líder de Partido Popular, en relación a la propuesta del Ministerio de Industria de subir las tarifas eléctricas para consumidores eléctricos una media ponderada del 1,81% a partir del próximo 1 de julio.

Además, el presidente del Gobierno, que recordó que hay una tarifa social que "en todo caso va a tener un aumento por debajo de la evolución del IPC y que afecta en torno a cuatro millones de personas", indicó que la reforma de la ley que afecta al sector de la electricidad, aprobada la pasada semana, ya reconoce que a partir del 1 de enero de 2009 "desaparecerá la tarifa regulada".

"Usted sabe muy bien que hay que hacer una adecuación de los costes, y mantenemos el principio de que la evolución de la tarifa doméstica irá en línea con la evolución del IPC", subrayó.

Por su parte, Mariano Rajoy acusó al Gobierno de subir las tarifas eléctricas por encima del IPC, con un incremento en lo que va del año del 6,5% como media y de un 4,6% para los usuarios domésticos, y achacó esta subida a la OPA sobre Endesa.

Rajoy, que insistió en que estas subidas se producen a pesar de que a finales del pasado pasado "portavoces autorizados del Gobierno" como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, o el propio ministro de Industria, Joan Clos, señalaron que la subida "no iría más allá del IPC", incidió en que esto se debe al "pago de favores" en la batalla por Endesa.

"Lo que ha ocurrido es que en el primer año subieron poco el precio de la luz porque había una OPA sobre Endesa que usted apoyaba públicamente. Eso dio lugar a que los precios fueran bajos y las OPAs baratas, pero después hubo alguien, E.ON, que presentó un precio mayor, a usted no le gustaba E.ON y promovió otra OPA a la que fueron dos actores, y ahora usted les paga los favores", indicó.

Rajoy, que afirmó que con el PP en el Gobierno la tarifa de la luz bajó un 39%, acusó al Gobierno de "hacer pagar al conjunto de los contribuyentes españoles el monumental lío que ha creado en el sector eléctrico".

Turno para ANV

Después llegó el turno para el secretario general del PP, Angel Acebes, que denunció las "coacciones" de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en la jornada de constitución de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra y exigió "medidas" al Ejecutivo socialista. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le replicó que, aunque "evidentemente" se han producido "algunos incidentes", hubo más hace cuatro años.

Acebes había recalcado que esto "ni es normal" ni "ocurre en ninguna democracia europea". En su turno de intervención, De la Vega le replicó que fueron mayores los "incidentes" con el Gobierno de Aznar. Dicho esto, la también ministra de la Presidencia subrayó que los derechos y libertades están "garantizados" por la Constitución, las leyes y "por el Gobierno" de José Luis Rodríguez Zapatero.

Convención contra la Tortura

Más adelante, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció que el Gobierno aplicará el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura aprobado en diciembre de 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas antes de que se cumpla el plazo máximo para su puesta en marcha, que concluye en tres años. "La tardanza en aplicarlo es por nuestro interés de abrir a la sociedad civil este asunto, y que sea un organismo mixto quien se ocupe", dijo.

Bermejo realizó este anuncio en respuesta a la pregunta formulada por la diputada Margarita Uría, del grupo parlamentario EAJ-PNV, sobre los mecanismos nacionales puestos en marcha por el Gobierno en cumplimiento de citado protocolo.

El titular de Justicia explicó que desde hace un año se trabaja en el estudio de los modelos a seguir, y recordó que España fue uno de los primeros veinte estado que ratificó este protocolo contra la tortura. Añadió que la existencia de estos delitos no constituye un problema que concierna a España en la misma medida que a otros países.

Uría, por su parte, dudó de que se pueda considerar al Defensor del Pueblo organismo independiente para ocuparse de este protocolo, tal y como establece la citada norma, y añadió que tampoco han sido bien recibidas por determinados sectores las noticias sobre la presencia en el organismo para su aplicación de personalidades como el ex fiscal general del Estado Leopoldo Torres, que ocupó su cargo en la misma época en la que actuaban los GAL.

 "Le pido que su Ministerio reaccione para trasladar a la ciudadanía que respecto de este tipo de conductas delictivas también se practicará la tolerancia cero", añadió la diputada del PNV.


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