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Recurso ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno valenciano presenta, como el extremeño, un recurso contra el Estatuto de Andalucía ante el Tribunal Constitucional

Como ya ha hecho el Gobierno extremeño, el Ejecutivo de Camps recurre el Estatuto de Andalucía.
   El Gobierno valenciano presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía, según confirmaron fuentes del Alto Tribunal. El Consell ya anunció su intención de presentar el recurso "exclusivamente por razones de financiación", concretamente por el apartado segundo de la disposición adicional tercera.

   La presentación del recurso de inconstitucionalidad al Estatuto de Andalucía aprobada por el Consell en su última reunión tiene, "junto a los argumentos señalados por el Consell Jurídic Consultiu", "una principal razón de índole financiera en la búsqueda de garantizar una adecuada financiación para todas la comunidades autónomas".

   Así, este recurso fue presentado finalmente esta mañana antes de las 12.00 horas ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, celebrará el próximo 11 de julio sendas reuniones con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas.

   El Gobierno valenciano advierte de que el motivo de su recurso no menoscaba la constitucionalidad del conjunto del Estatuto, y añade que es "la única vía procesal posible para que el Tribunal Constitucional interprete la contradicción existente entre las distintas vías de financiación de los estatutos catalán y andaluz".

   En concreto, el Ejecutivo autonómico considera que la disposición adicional tercera de la reforma del estatuto andaluz "puede afectar a los recursos económicos incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial".

   En su apartado segundo, la disposición señala que la inversión destinada a Andalucía "será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años". Según el Consell, esta modificación normativa "contradice abiertamente el sistema de financiación de las comunidades autónomas y ha sido impuesta unilateralmente".
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