La tarara sí, la tarara no

El lío con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña parece ser que no va a acabar nunca, pues si grave fue el que los políticos catalanes se pasaran casi dos años discutiendo sobre algo que el pueblo de Cataluña ha demostrado poco interés, ya que no llegó ni al 50% la participación en el referéndum para aprobar el citado estatuto, más grave es la que se está montando con motivo de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el citado Estatuto.

Una vez pasados todos los trámites legales, se abrió la veda para que distintas instituciones, colectivos y partidos presentaran ante el Tribunal Constitucional una demanda solicitando la anulación, al menos parcial, del citado Estatuto.

Una vez presentadas las demandas corresponde al Tribunal Constitucional dictar sentencia, pero resulta que ni para eso hemos sido capaces de hacer las cosas con un mínimo de tranquilidad, pues, por ejemplo, el PP presentó la recusación contra un magistrado, argumentando que no se podía ser juez y parte, pues el citado magistrado había cobrado un dinero por presentar un dictamen solicitado por el Gobierno catalán en el que naturalmente decía que todo el Estatuto se ajustaba a nuestra Constitución.

Los órganos competentes del poder judicial decidieron que la demanda del PP tenía fundamento y, por lo tanto, decidieron apartar al citado magistrado de su trabajo de juzgar la constitucionalidad o no del Estatuto catalán.

Hasta aquí las cosas podrían considerarse más o menos seria, pero la capacidad de España para que percibamos que todo lo que tiene que ver con el Estatuto de Cataluña es un problema, llega a límites insospechados, como demuestra la ultima propuesta que se maneja y que básicamente consiste en que el magistrado que está recusado por la demanda del PP, sólo esté recusado en lo que corresponde a la demanda del PP, pero sí que intervenga como un magistrado más de la sala para analizar los recursos de inconstitucionalidad que han presentado colectivos distintos al PP.

Pensemos por un momento cómo quedará nuestro poder judicial si el Tribunal Constitucional declara el mismo artículo constitucional e inconstitucional, según haya intervenido o no el magistrado recusado por el PP.

Sería conveniente que al menos el poder judicial no imitara al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, en su afán por poner en evidencia a nuestro país, como ha ocurrido con el tema de E.ON y Endesa, o con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o con nuestro papel en Europa, que aprobamos una Constitución y a los pocos meses estamos dispuestos a que no sirva para nada y aceptar una más reducida, decisión ésta que para colmo ha sido adoptada unilateralmente por el presidente Zapatero, pues ni lo ha consultado con el Parlamento, ni mucho menos con el pueblo.