Así lo puso de manifiesto María Antonia Trujillo, que acudió a Ciudad Real para apoyar la campaña del candidato del PSOE a la Alcaldía, Ángel Amador, definió la nueva norma como una "ley de ciudadanía", ya que, por primera vez en este campo, se tienen en cuentan los derechos de los ciudadanos y no sólo las de los propietarios.
La ministra destacó que, por primera vez también, se establece que, al menos, el 30% de los terrenos de un desarrollo urbanístico en los municipios, deberá ir destinado a aprovechamiento para la construcción de viviendas de protección pública.
Según explicó, la Ley del Suelo, además de favorecer la bajada del precio de la vivienda, acabará con la "especulación y la corrupción", recordando, en este sentido, que el cambio de uso del suelo deberá ser aprobado en Pleno y que los alcaldes y concejales deberán hacer una declaración de bienes, tanto al llegar al Consistorio como al abandonarlo.
En esta línea, Trujillo indicó que los cargos electos y directivos municipales que se dediquen al urbanismo tendrán una nueva incompatibilidad y no podrán trabajar en temas relacionados con él en los dos años posteriores a abandonar el cargo.
Por otro lado, la ministra hizo un balance positivo a la política de vivienda puesta en marcha por el Gobierno socialista en los tres últimos años y, en este sentido, recordó que, en 2006, se pusieron en marcha más de 100.000 viviendas de protección pública, cifra que no se daba desde 1987.
María Antonia Trujillo señaló, por otra parte, que en Plan de Vivienda se ha cumplido ya en un 70 por ciento, con el inicio de la construcción de unas 500.000 viviendas de las 720.000 previstas, reseñando también el aumento del número de viviendas para alquiler, sector al que se han dedicado 13.000 viviendas desde 2005.
Finalmente, la titular del Ministerio de Vivienda consideró que todas estas actuaciones ha hecho bajar el precio de la vivienda en el mercado libre, pasando del 19 por ciento anual en 2004 al 7,2 por ciento en el primer trimestre de 2007, mostrándose convencida de que, en pocos años, sólo subirá lo que lo haga el IPC.
"Protección municipal"
La ministra dijo que desconoce la figura denominada de "protección municipal" aplicada por el Ayuntamiento de Ciudad Real a un edifico de la capital, en el que acabaron comprando ocho pisos varios cargos del PP, entre ellos, el actual alcalde, Francisco Gil-Ortega, y la candidata a la alcaldía del PP, Rosa Romero, por un precio muy por debajo del mercado libre. Trujillo se extrañó de que esta promoción no fuera destinada a la gente que necesita una vivienda en la ciudad y a los más jóvenes.
Por su parte, el candidato del PSOE, Ángel Amador, aseguró que, si sale elegido alcalde, frente a lo que ha ocurrido hasta ahora, no venderá el suelo que le corresponda al Ayuntmaiento por los desarrollos urbanísticos y que ese espacio será destinado a la construcción de viviendas públicas. Amador, se comprometió a construir, en los próximo cuatro años, 2.000 viviendas con algún tipo de protección y dedicar 200 viviendas de alquiler para los jóvenes, con un precio medio de 126 euros al mes.
Rosa Romero demandará a algunos medios de comunicación
La candidata del PP a la Alcaldía de Ciudad Real, Rosa Romero, demandará judicialmente a varios medios de comunicación, que no han sido especificados, por haber publicado informaciones en las que, "aunque no se hace una imputación o acusación directa contra ella, atentan contra su honor".
El portavoz del equipo de campaña de Romero, Francisco Cañizares, en rueda de prensa, dio a conocer hoy este hecho cuya posibilidad fue avanzada por la propia candidata tras conocerse una noticia publicada en el diario "El País" el pasado sábado.
En esta información, recogida por varios medios de comunicación locales ese día y al día siguiente, se señalaba que Romero, junto al actual alcalde, Francisco Gil-Ortega, el ex concejal de Urbanismo, hoy candidato independiente, Gabriel Miguel Mayor, entre otros cargos del PP, compraron pisos a mitad del precio del mercado en un edificio que fue declarado como de "promoción municipal" por el Ayuntamiento, una figura que no existe legalmente.
Según Cañizares, estas informaciones son "falsas y parciales y alimentan un halo de corrupción que no existe". Cañizares, que no aclaró contra qué medios irá destinada la demanda de Romero, confirmó la misma e indicó que, dependiendo de la decisión del bufete de abogados que está estudiando el tema, se puede convertir en una querella.
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