El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, aseguró que la resolución del máximo órgano que declaró cesantes a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia está fuera de las normas. Por su parte, la entidad rechazó el recurso de “enmienda” que había presentado el Ejecutivo.
“El Gobierno hará conocer este fallo a las instancias nacionales e internacionales”, porque considera que éste es “político” y que no se sujeta a la Constitución.
“El Poder Ejecutivo es respetuoso del estado de derecho, pero está analizando detenidamente la situación y verá qué acciones va a tomar, porque entendemos que no es un fallo jurídico, sino político y tiene el objetivo de favorecer la impunidad dentro de los juicios de responsabilidades que estaban en manos de estos cuatro magistrados”.
En diciembre de 2006, el presidente Evo Morales, mediante Decreto 28993 designó interinamente como ministros de la Corte Suprema de Justicia a Zacarías Valeriano, Bernardo Bernal Callapa, Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando.
El miércoles 9 de mayo de 2007, los magistrados declararon constitucional esa designación, pero advirtieron que los interinatos deben mantenerse por el lapso máximo de 90 días, por lo que los magistrados deberían quedar cesantes de sus cargos.
El viernes 11, el Gobierno presentó un recurso de “complementariedad y enmienda”, en la que advierte que la entidad no puede atribuirse funciones para destituir a integrantes de otros poderes del Estado.
El Tribunal rechazó la “aclaración, complementación y enmienda” en el recurso directo de inconstitucionalidad planteado por los senadores Óscar Ortiz y Luis Ángel Vásquez (Podemos), y ratificó la vigencia del fallo sobre los supremos.
Ante ese escenario, el Gobierno analiza la posibilidad de acudir a una corte internacional, aunque no especificó cuál, para denunciar las presuntas “arbitrariedades” cometidas por el organismo.
El Ejecutivo recordó que, en 2006, el ente también falló en contra de la decisión del Ejecutivo de intervenir en el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).
Incluso, el Gobierno analiza la instauración de un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal.
El viceministro Arce destacó que al haber dispuesto la cesación de los cuatro ministros interinos de la Suprema, el órgano violó las leyes del ordenamiento jurídico del país, ya que sólo tiene la potestad para declarar constitucional o inconstitucional una norma.
La autoridad gubernamental explicó que hay tipos penales en los que habrían incurrido los miembros del Tribunal que han suscrito el fallo constitucional, entre ellos una resolución contraria a la Constitución Política del Estado, debido a que hay usurpación de funciones.
“Ellos están facultados para hacer justicia, pero aquí usurparon funciones. Es como que el Gobierno se ponga a hacer leyes o que emita fallos judiciales. Aunque este fallo esté dirigido, lo vamos a respetar”.
El Viceministro explicó que en el fallo emitido se hace referencia a una ley de 1911 que ya no se encuentra en vigencia y que fue derogada por la Constitución de 1938.
También hacen referencia a la Ley de Estatuto del Funcionario Público y aplican el artículo 5, que se utiliza para las suplencias de autoridades inferiores, es decir, autoridades administrativas de cuarto nivel para abajo y que jamás puede aplicarse a una autoridad judicial que tiene su régimen legal especial. “Hay normas especiales que tienen preferencias sobre las normas generales, ahí tenemos la Ley del Consejo de la Judicatura, la Ley de Organización Judicial. También hay una ley de 1880 que está en vigencia, que se aplica y tiene efectividad en nuestros días”.
Según Arce, esta norma indica que un magistrado cuando ejerce un interinato debe hacerlo hasta que la autoridad titular sea nombrada.
En manos del Congreso
El oficialismo abrió también otra de las alternativas para resolver el conflicto de poderes por los magistrados de la Corte Suprema: la designación en el Parlamento.
El vicepresidente Álvaro García Linera convocó a sesión de Congreso para el jueves, donde se elegirán a los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General.
Para estos nombramientos, el Consejo de la Judicatura envió las nóminas a la Vicepresidencia. De acuerdo con la documentación oficial a la que tuvo acceso La Prensa, la lista fue remitida el 29 de junio de 2006 y tiene 179 nombres de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, en tanto que los candidatos a Fiscal General son 16 en total.
La elección de los magistrados y del Fiscal General será pública, según el Vicepresidente, “de cara al pueblo, para evitar el cuoteo del pasado. No habrá acuerdos previos ni reuniones de concertación. Votaremos por los que consideremos que merecen la confianza del pueblo”.
El senador de Podemos Carlos Böhrt anticipó que su agrupación analizará el caso hoy, pero que no irá al Congreso sin una previa concertación.
El viceministro Arce explicó que los miembros del Congreso deben encontrar respuestas para este conflicto de poderes.
Durante el Gobierno de Carlos Mesa, el órgano también declaró inconstitucional el nombramiento de autoridades interinas, pero los dejó en el cargo por 60 días y se dio ese mismo plazo para que el Congreso designe autoridades.
El Fiscal General y el Defensor rechazan la resolución
El fallo del Tribunal Constitucional que determinó la cesación de funciones de cuatro ministros de la Corte Suprema es incoherente y paraliza la investigación del juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y ex ministros, aseguró el fiscal Milton Mendoza.
“Lo que hace el Tribunal Constitucional es declarar constitucionales a los ministros, es decir, el decreto declara constitucional y los deja cesantes a partir de su notificación. Una incoherencia radical, porque en este caso se paraliza así sea el servicio de justicia o los procesos de investigación en los diferentes juicios de responsabilidades”.
En tanto, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, manifestó que los magistrados del Tribunal se excedieron en sus funciones, debido a que su atribución era pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto que designó a los cuatro ministros de la Corte Suprema. El problema está en que la designación que hizo el presidente Evo Morales, a través de un decreto supremo, está a derecho, ya que la Constitución prevé que este tipo de designaciones puedan darse en la circunstancia de que el Congreso Nacional esté en receso.
El presidente de la Asociación Boliviana de Juristas, Mauricio Ochoa, calificó como ilegal el fallo emitido por el Tribunal Constitucional que determinó el cese de las funciones de cuatro ministros de la Corte Suprema y pidió una categórica sanción para sus miembros.
La pelea entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal viene de larga data.
Desde enero de 2006, el Gobierno denunció que el ente tenía criterios políticos.
El órgano falló en marzo impidiendo la intención del Ejecutivo en el LAB.
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