El Congreso de los Diputados aprobaba ayer uno de los escollos más importantes de la Ley de la Memoria Histórica, cuando PSOE e IU alcanzaban un acuerdo para declarar ilegítimos a los tribunales y las condenas dictados por aquellos por motivos ideológicos o político. Como era de esperar, el Partido Popular ha puesto el grito (¿habría que decir berrido?) en la estratosfera, diciendo, entre otras incongruencias, que esta ley entierra definitivamente el “espíritu de la Transición” y el consenso que la presidió.
Pues habrá que negar, por tanto, la mayor. Porque el mitificado espíritu de la transición –aquella época en la que todos éramos más jóvenes y, por descontado, podíamos fumar en casi todos los sitios—fue sólo la necesidad que nos hizo a todos maestros en concesiones mutuas. En definitiva, fue únicamente un medio y no un fin en sí mismo.
Pese a las escasas habilidades del Gobierno de Rodríguez Zapatero en plantear la cuestión, España debe reencontrarse con todo su pasado y no cerrar en falso una época, la del franquismo, que pesa, todavía, como una pesada losa sobre nuestra memoria colectiva. Porque ni la Ley de Amnistía, ni siquiera el relativo y no tan claro borrón y cuenta nueva que supuso la aprobación de la vigente Constitución (un instrumento que el columnista considera francamente útil, aunque necesitaría algún que otro retoque simplemente para adaptarse a realidades como la Unión Europea y el despliegue completo del Estado de las Autonomías) rehabilitó a cientos de miles de personas represaliadas por el régimen de Franco.
Era y es de justicia el reparar este digamos que interesado olvido. Y hacerlo sin ánimo revanchista, tanto por parte del Gobierno como de la oposición del Partido Popular y sin las jaimitadas (Quina creu, Déu meu!!!) de una Esquerra Republicana de Catalunya que exige que el Rey pida perdón “solemnemente en nombre del Estado” por el alzamiento militar que devino en las cuatro décadas de franquismo puro y duro.
Que el Partido Popular, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, sigua por la senda del disparate desmesurado, era algo cantado. Que el resto de formaciones políticas, tanto de izquierda como nacionalistas, manifieste sus profundas discrepancias en cuanto al texto y contenidos del proyecto de ley resulta muchísimo menos digerible. Lo que nos lleva a pensar si, en uno de sus raptos de buenismo avant la lettre, José Luis Rodríguez Zapatero no ha vuelto a meter el remo hasta el corvejón. Que como que sí, vamos. Porque la Ley de Memoria Histórica si de algo precisa es de un acuerdo parlamentario lo más amplio posible. Cosa harto difícil ya en esta legislatura. De momento, andamos por las memorias históricas, a gusto –o a disgusto—del consumidor parlamentario. Porque –y no es la primera vez que el columnista lo escribe—el PP de Rajoy, Acebes y Zaplana está por la negación absoluta. Hasta tal punto, témome, que si Rodríguez Zapatero presentase un proyecto de ley tan revisionista (al gusto de los pseudohistoriadores César Vidal o Pío Moa, por ejemplo) como el de declarar a Franco benefactor de la Patria, tendría en contra el voto del Partido Popular. Y eso ocurre por confundir las memorias históricas con las memorias histéricas. Y, por desgracia, en todo el arco parlamentario hay más de las segundas que de las primeras.
Si (
No(
