La Procuraduría califica el hecho como tración
Se complica el caso minero, roban documentos oficiales
Muy mal debe estar la situación respecto al caso minero y es que la Procuraduría General de la República ha detenido a un elemento de su propia corporación ya que la Toma de Nota de Elías Morales como líder del sindicato y cinco actas originales fueron robadas de la propia dependencia. Según informó la Procuraduría, su delegado metropolitano, Armando del Río Leal, fue removido del cargo y todo el personal ministerial que tenía acceso al expediente, sobre el cual presuntamente se habían falsificado firmas para la destitución de Napoleón Gomez Urrutia, está sujeto a investigación.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer este viernes mediante el comunicado de prensa 162/07 la destitución del delegado Armando del Río Leal tras precisarse que fueron sustraídas ilegalmente de sus oficinas la Toma de Nota y cinco actas originales del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que forman parte de una averiguación previa.
Esta averiguación había sido iniciada por la PGR por las supuestas firmas apócrifas que sirvieron para avalar a Elías Morales como líder minero, mientras se destituía a Napoleón Gómez Urrutia. Esta caso originó polémica durante el 2006, ya que según la oposición, fue una artimaña del gobierno de Vicente Fox para desviar la atención de la explosión de la mina Pasta de Conchos, en la que presuntamente, familiares de Martha Sahagún tenían intereses de por medio.
De acuerdo al comunido, la PGR precisó que su delegado en el DF no informó a su superior jerárquico la sustracción de los documentos, sino hasta después de que transcurrieron 9 horas de que tuvo conocimiento del hecho.
Por esta situación se "ordenó la intervención de la Vistaduría General de esta Institución para realizar las diligencias necesarias a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes y esclarecer los hechos", agrega el comunicado.
Asimismo, la Procuraduría dio a conocer que desde el jueves ha realizado múltiples diligencias ministeriales y periciales, integrando la averiguación previa 12/FECCI/2007.
Finalmente, el comunicado asegura que la dependencia no tolerará los actos contrarios a la ley, y calificó el hecho como traición a las instituciones y al Estado de Derecho.
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