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Por la sentencia que suspende la urbanización de 400 viviendas

Ecologistas piden la expulsión de Pacheco en Piélagos

Ecologistas piden la expulsión de Pacheco en Piélagos

La Asociación Ecologista ARCA anunció hoy que seguirá adelante con los recursos interpuestos contra las licencias de construcción de las 395 viviendas del Alto del Cuco -cuyo plan parcial ha sido anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria-, con el objetivo de conseguir su demolición. Además, instó al PP de Cantabria a que deje de mostrar su apoyo al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, y le "destituya" por haber "incumplido la ley".
En rueda de prensa, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, consideró "un detalle de mal gusto" que el PP, después de la sentencia del TSJC, haya mostrado su apoyo a Pacheco y consideró que casi "el 100% de la responsabilidad" de la construcción de la urbanización "es del Ayuntamiento" de Piélagos, que "además tiene un historial gravísimo de incumplimientos de la legalidad urbanística".

Así, Canales analizó "cómo es posible que se haya llegado a esta situación y sea una asociación de voluntarios la que casi en última instancia controle el urbanismo en Cantabria". La respuesta, afirmó, es que "las instituciones no han funcionado".

En este sentido, manifestó que "la Administración de Justicia no está dotada suficientemente", como demuestra el hecho de que el recurso interpuesto por la Asociación "haya tardado tres años en resolverse". "Los ayuntamientos y promotores lo saben y juegan con ese espacio de tiempo", con la máxima de "coge el dinero y corre".

Esto, unido a la inexistencia de una ley sobre la financiación de partidos, que "está detrás" de las "grandes bolsas de dinero" relacionadas con el urbanismo, y la actual Ley del Suelo, que da "demasiadas competencias" a los municipios, ha convertido a los ayuntamientos en "los campeones de la corrupción urbanística", porque las promociones inmobiliarias se convierten en "un caramelo a la puerta de un colegio".

Por todo ello, ARCA solicita al Gobierno regional que haga "un buen análisis de lo que está pasando y busque soluciones", puesto que hoy son 500 las viviendas con sentencia de derribo, a las que habrá que sumar "las 400 del Alto de Cuco", a las que la sentencia del TSJC anulando el plan parcial "ha dejado en capilla".

El próximo escándalo, Laredo

En este sentido, Canales avanzó que "el próximo escándalo urbanístico en Cantabria" será el de la resolución del recurso que se ha interpuesto contra el plan parcial del sector cuatro en Laredo, "una barbaridad" formada por 200 viviendas dentro de las Marismas de Santoña "que se va a ir abajo".

Afectados

Por otro lado, Canales mostró su rechazo al modo de actuar de la asociación de afectados por sentencias de derribo, ya que, desde su punto de vista, están "tratando de manipular a estos nuevos afectados" del Alto del Cuco y ejerciendo "presión" sobre el Gobierno regional para que tramite una ley de punto final, cuando "ese no es el camino".

Al respecto, el presidente de ARCA recalcó que "si las sentencias de derribo existen es por la actuación de los ayuntamientos", a los que, sin embargo, "la asociación de afectados no presiona".

Por ello, a los propietarios de las viviendas del Alto del Cuco les aconsejó que en lugar de pleitear contra el recurso promovido por ARCA lo hagan por la vía civil contra Fadesa y el Ayuntamiento de Piélagos "para que se les devuelva el dinero".

Informe de impacto ambiental y responsabilidades políticas

En otro orden de cosas, Canales apuntó que "la urbanización no podía haberse hecho sin el concurso activo del Ayuntamiento", pero "hay otras responsabilidades", refiriéndose al informe de impacto ambiental que el consejero de Medio Ambiente, José Ortega, firmó porque "se lo colaron".

Sobre este asunto, el presidente de ARCA dijo que el expediente comenzó a tramitarse en la anterior legislatura. Después de las elecciones y ya con Ortega como consejero de Medio Ambiente, "a los tres días" se le dan para firmar papeles entre ellos, el informe del Alto del Cuco. Posteriormente, al pasar el trámite por la Comisión Regional de Ordenación de Territorio y urbanismo (CROTU) "el consejero se dio cuenta de lo que había firmado y votó en contra del plan parcial".

De todo lo anterior responsabilizó Canales al jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Emilio Flor Pérez, con el que ARCA mantiene "una batalla muy vieja" porque sus informes "tienen consecuencias tremendas".

Asimismo, el presidente de ARCA lamentó que a pesar del "auténtico descalabro" en materia de urbanismo, "los cientos de afectados" y los "millones en el aire", no se haya producido "políticamente ninguna destitución" y no haya "ningún político que asuma responsabilidades".

"Nos sentimos impotentes ante los políticos que tenemos, no velan por el interés general y tienen una forma de hacer política extraña", además de que "fastidian todo lo que se puede" a ARCA, concluyó.

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