El PP, como cualquier otro partido o colectivo, está en su perfecto derecho de salir a calle a manifestarse. Es un derecho constitucional que jamás pondré en cuestión. Eso es algo que le dejo a personajes como Aznar, hoy manifestante asiduo, y ayer insultante comparador de manifestantes contra la guerra de Irak con “perros que ladran su rencor por las esquinas”.
La otra iniciativa en contra de la prisión atenuada, que no excarcelación, del etarra Iñaki de Juana Chaos, la parlamentaria, resulta bastante más discutible. La propuesta de Ignacio Diego es que el Parlamento de Cantabria repruebe al presidente Zapatero y al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba. Pongamos un ejemplo foráneo para entendernos sin caer en debates leguleyos.
¿Se imaginan al Gobierno de España llevando al Congreso de los Diputados la reprobación, no digo del presidente Revilla, algo que seguro aplaudiría el PP cántabro, sino a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre? Ya estoy escuchando a los dirigentes del PP poner el grito en el cielo: “No es lo mismo, no hay motivos... Depende.
Quizás no haya causa si se considera normal hacerse con la presidencia de la Comunidad de Madrid enviando al secretario general del partido y a unos constructores corruptos a comprar a dos diputados del PSOE.
Tampoco resultaría causa suficiente el haber acusado, sin pruebas ni fundamento, a los médicos del Severo Ocha de prácticas indebidas en la sedación de pacientes terminales. O no dar la cara para explicar la muerte de tres bebés prematuros en el 12 de Octubre, hecho ocurrido la pasada semana.
Dirá el PP que la decisión del Gobierno de España de dejar que el etarra De Juana Chaos cumpla en casa y bajo vigilancia policial el ultimo año de una condena de tres por un delitos de opinión si que es motivo de critica y condena. Pues critiquen y condenen, pero no parece que el Parlamento regional sea el lugar indicado.
Una lectura no interesada de la Constitución española de 1978 nos sugiere la idea de que la política nacional y la política regional tienen su respectivos ámbitos de competencia perfectamente definidos. Que para la primera los cántabros, al igual que los ciudadanos del resto del territorio español, eligen a sus representantes en el Congreso y en el Senado.
En el caso de los parlamentos regionales el mandato es evidente para que se ocupen de los asuntos regionales. Claro que de las palabras de Diego ayer se desprende que hay ‘asunto’ regional tras el tema nacional de ‘caso De Juana Chaos’.
Porque lo que el dirigente popular se propone no es condenar al Ejecutivo nacional por una decisión discutible, que también de paso, sino sobre todo intentar provocar un hipótetico enfrentamiento en el Gobierno de coalición entre regionalistas y socialistas y sacar partido electoral de ello.
Si (
No(
