El Gobierno Vasco, con serenidad pero de manera firme, desea trasladar a la ciudadanía una honda preocupación sobre la evolución que está experimentando la actuación de determinados, subrayo determinados, órganos de la Administración de Justicia, por el impacto que algunas –ya demasiadas- decisiones judiciales tienen en el normal desenvolvimiento de una sociedad verdaderamente democrática y libre.
No se trata, desde luego, de una valoración de trazo grueso que comprometa al conjunto –ni siquiera a la mayoría- de los profesionales de que depende todos los días el servicio público de la Administración de Justicia. Vaya para ellos, por delante, nuestro sincero reconocimiento por su anónima pero eficaz labor desde un ejercicio profesional impecable.
Pero, por desgracia, hay una minoría de asuntos muy significativos que tienen por efecto que la vida política y social de Euskadi viva una convulsión permanente y sostenida como consecuencia de determinadas decisiones judiciales, que afectan a pilares básicos de la división de poderes o limitan de forma drástica espacios legítimos de libertad de cualquier sociedad civilizada y democrática.
El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio y cobertura incondicional de su contenido. La sana crítica en defensa de las libertades de todos los ciudadanos ante decisiones formalmente legales, que son susceptibles de vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales, es una obligación de quienes creemos en la construcción democrática desde la responsabilidad y participación de todos los ciudadanos, instituciones y poderes públicos.
Son en este momento cientos los ciudadanos vascos que están incursos en procedimientos judiciales que tienen en la Ley de Partidos, y en el diagnóstico que a ella subyace, el punto de arranque de una nueva forma de legislar, interpretar y aplicar las leyes.
La Ley de Partidos supuso la consolidación oficial de una nueva forma de entender el juego político, que aparejaba una relectura restrictiva de quiénes podían –y quiénes no podían- hacer uso de los partidos como instrumentos de representación. Relectura que implicaba una legislación de excepción que condenaba a una parte muy significativa de la ciudadanía vasca a la invisibilidad política.
Debe recordarse que dicha Ley de Partidos no contó con el consenso mayoritario de la sociedad vasca aún siendo esta sociedad vasca la principal destinataria de sus consecuencias restrictivas. Un cambio tan trascendental de las reglas de juego debía haber contado con el consenso de las fuerzas mayoritarias en nuestro país. El consenso, sin embargo, no se buscó sino todo lo contrario: el diseño legislativo de excepción, la extensión de ilegalidad ad hoc a partidos hasta entonces legales se puso en marcha y se dejó en manos de los jueces su aplicación, sin prever exactamente las consecuencias.
Y las consecuencias, como en tantas ocasiones, han ido mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado. La mancha de aceite de dicha legislación de excepción está ampliando progresivamente su cerco.
Se ilegalizaron partidos y múltiples organizaciones. Pero de manera paralela se empezó a utilizar la legislación penal imputando delitos y dándolos por probados allí donde antes no había más que ejercicio de la actividad política. El conjunto de procedimientos que rodean al denominado sumario matriz 18/98 visualizan una forma nueva de entender qué es terrorismo. Parece diluirse la necesaria imputación individual de responsabilidades en un juicio que prima la supuesta identificación con determinados fines e ideologías antes que con actos concretos de colaboración en hechos de terrorismo. Los macrosumarios recogen así el diseño excepcional de la Ley de Partidos y lo aplican sui generis en la esfera penal, con efectos drásticos en la ampliación de personas imputadas.
Abierta la espita, el desbordamiento de límites está servido y se precipita en cascada. No sólo se involucró en la maraña judicial a organizaciones de la denominada izquierda abertzale. El mismo Parlamento Vasco –con su presidente a la cabeza- tuvieron que enfrentarse a la duda de su connivencia con el terrorismo e, incluso, sentarse en el banquillo de los acusados, viéndose el normal discurrir institucional parlamentario convulsionado durante un interminable –y aún no concluso- periodo de tiempo por intervenciones judiciales.
El recién acuñado paraguas legal y su interpretación judicial repercutían ya directamente en la división de poderes y ponían bajo sospecha la representación parlamentaria máxima de nuestra Comunidad. Y ello ante la perplejidad de una ciudadanía que no era capaz –porque era sencillamente imposible- de distinguir las declaraciones políticas y las judiciales.
Paralelamente se amplia –sin conocerse todavía hasta dónde llegará- la legislación penal antiterrorista ordinaria. Nadie sabe ya hasta donde se extienden las prohibiciones penales: los delitos de amenazas (como muestra el dramatismo del caso De Juana), la apología del terrorismo, los delitos de colaboración con banda armada, los delitos incluso de pertenencia a banda armada se van progresivamente haciendo más y más extensos.
Todo ello, además con una utilización en demasiadas ocasiones de medidas cautelares que acaban por generar el efecto de cosa juzgada antes de haber sentencia. Ejemplo dramático y visible es la clausura de medios de comunicación. Baste recordar que en esta democracia se ha cerrado un medio de comunicación por mandamiento judicial sin que la misma haya recibido el refrendo de la legalidad de tan grave decisión. O que más recientemente se haya actuado de igual forma contra otro medio de comunicación, determinándose ahora que no hay elementos para formularse una acusación. Cabría preguntarse dónde está la tutela judicial efectiva en tales actuaciones.
Son demasiados los casos para recordarlos todos pero no puede tomarse con normalidad y exigir el silencio y el respeto cuando se procesa incluso al propio Lehendakari por un presunto delito de desobediencia. Ya planeó la sombra del encausamiento penal cuando durante el Gobierno del Presidente Aznar se llegó a patrocinar y aprobar una ley ad personam para prohibir la celebración de referendums. Dicha ley felizmente se derogó pero ahora se pretende sembrar la sospecha de que el propio Lehendakari de todos los vascos comete un delito por reunirse para dialogar y reconducir problemas de normalización política.
La lealtad con el Estado de Derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisión judicial, sin derecho a crítica.
Un entendimiento de la democracia real, de una democracia calidad, exige que alcemos la voz precisamente para que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral. Y ello antes de que siga creciendo la bola de nieve. Pero también en defensa de todos nosotros, de nuestros derechos y libertades, de nuestra legitimidad como representantes de nuestro pueblo.
Esta declaración es por tanto una defensa leal de la división de poderes, de la taxatividad de los límites en la administración de justicia, de reivindicación de los derechos fundamentales, de reconducción hacia la normalidad democrática…Las instituciones vascas –y el Gobierno Vasco tiene la obligación aquí y ahora de subrayarlo con total serenidad- debemos liderar y velar por esa necesaria normalidad, que arrumbe de forma definitiva con una deriva que no debe ir más lejos.
Las leyes y su interpretación, en definitiva, no pueden dar por resultado un escenario de periódico y repetido escándalo con decisiones incomprensibles para una mayoría del cuerpo social y en línea directa de deslegitimación de sus máximos representantes institucionales. Las leyes y su interpretación deben, además, generar seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales al margen de nuestra ideología y color político.
El respeto a la ley no es la paz del miedo; no es el callar por si acaso; no es la sensación generalizada de que hay manifestaciones a las que uno no se puede adherir, ni reuniones a las que no se puede acudir… como si cada uno de nosotros tuviéramos que demostrar día tras día un label democrático, que es nuestro por derecho propio.
En resumen:
- El Gobierno Vasco traslada a la ciudadanía su honda preocupación por el impacto y la convulsión que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi.
- Convencidos de que el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido, reiteramos nuestra alarma por el efecto de dichas decisiones en el ejercicio de derechos fundamentales.
- Entendemos que la Ley de Partidos ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes hasta el punto de que, en todo aquello que se relacione con el terrorismo, se tiende a diluir la necesaria imputación individual de responsabilidades.
- El desbordamiento de los límites se ha hecho patente hasta el punto de poner bajo sospecha e la representación parlamentaria máxima de nuestra Comunidad y al propio Lehendakari.
- Nuestro convencimiento democrático nos exige reclamar que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral.
- Conscientes de que las leyes y su interpretación no pueden dar por resultado un escenario de preocupación continuada, demandamos seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos.
- Por último, este Gobierno ha defendido, defiende y defenderá siempre a la Administración de Justicia como poder necesario e imprescindible de cualquier democracia. Nuestra preocupación se deriva, sin embargo, de una minoría de decisiones que, por su relevancia social, pueden acabar por vaciar la credibilidad y estima social incuestionable de la Justicia.
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