Por: Manuel Ángel Menéndez
Lejos de calmarse, la tormenta político-judicial arrecia. Lo último es la más que posible puesta en libertad vigilada del etarra no arrepentido Iñaki de Juana Chaos y las declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sobre lo ‘legales’ que son las reuniones de Ibarretxe y otros políticos con el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi.
Son dos caras de la misma moneda y por las que se enfrentan los políticos, discrepan abiertamente las Salas del Tribunal Supremo entre sí y con respecto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de todos ellos con el fiscal general del Estado. Para remate de una situación explosiva, la inclusión como prueba testifical de tres etarras en el juicio del 11-M cuyo inicio ha quedado fijado para el 15 de febrero.
El caso de De Juana Chaos
La posibilidad de que el etarra Iñaki de Juana Chaos quede en libertad vigilada, con pulsera de control, ha enconado aún más la situación política, pésima de por sí. El caso es que el tribunal de la Sala de lo Penal que preside Manuela Fernández de Prado se ha visto obligado a estudiar el caso del etarra en huelga de hambre, debido a un informe del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, donde está ingresado, en el que se afirma que está a punto de morir.
Los datos -a los que ha tenido acceso diario e-xclusivo- son terribles: el etarra pesa 53 kilos y ha perdido 30 kilos en el último mes. Puede morir de muerte súbita o quedar irreversiblemente dañado.
Hace unas fechas, una fuente normalmente fiable de este diario nos aseguró que el etarra, alimentado a la fuerza, había engordado 4 kilos. Así se lo contamos a ustedes con todas las reservas lógicas, ya que no dábamos total crédito a la información, pero la fuente había sido fiable hasta ese momento. Sin embargo, los datos recabados en el hospital no dejan ahora lugar a dudas: aquello fue una intoxicación, al parecer interesada. La realidad es que De Juana ha perdido 30 kilos, según nos confirman fuentes del centro hospitalario y de la propia Audiencia Nacional.
Pedimos disculpas por aquel error de apreciación, pero debemos recordar que hemos tenido grandes aciertos en este tema, lo que demuestra que nuestras fuentes son generalmente buenas: por ejemplo, cuando les adelantamos en rigurosa primicia que el Gobierno había puesto en marcha la ‘operación salvar a De Juana’. Ahora se ven los resultados.
En cualquier caso, la tormenta política ha estallado. Para el PP no valen argumentos ‘humanitarios’ para quien no los ha tenido en toda su vida y, además, ni siquiera se arrepiente. Pero, además, es que el ‘caso De Juana’ podría servir de ejemplo para otros etarras: bastaría que se pusieran en huelga de hambre –nos comentan los citados medios- y, ¿qué haría entonces el ejecutivo? Piensan que el ‘caso De Juana’ podría ser un ejemplo a seguir a partir de ahora por otros etarras.
Discrepancias judiciales sobre las entrevistas con Otegi
Si el ‘caso De Juana ha enconado la vida política, las entrevistas que dirigentes del PSE -el propio Jesús Eguiguren- y del PNV -especialmente el lehendakari Ibarretxe- han mantenido con Arnaldo Otegi y otros abertzales ha enfrentado a los diferentes niveles judiciales. Hace unas semanas, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dijo no apreciar delito en las entrevistas con representantes de la ilegalizada Batasuna. Pero esa apreciación chocaba con la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha encausado a Ibarretxe por un encuentro anterior con Otegi.
Se da la circunstancia, además, de que el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, se vio obligado a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, según él, está sometido a enormes presiones y ataques personales por el encausamiento de Ibarretxe, el cual se produciría, además, en contra de lo que opina la Sala Segunda del Supremo. Vista la petición, la Comisión Permanente del Poder Judicial, presidida por Francisco José Hernando, se decidió darle amparo.
Pero, por si fuera poco, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, terció ayer en la polémica y dijo taxativamente que la reunión de Ibarretxe con Otegi “no es constitutiva de delito alguno”, como, sin embargo, sí dicen que lo es los dirigentes del Partido Popular y los representantes de sus asociaciones ‘satélite’.
¿Qué significa todo esto? Pues que no existe una posición clara y rotunda en el Poder Judicial al respecto, ni siquiera aunque lo diga la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que la Sala Tercera corrige a la Segunda y afirma que eso hay que estudiarlo porque sí hay indicios de delito el que políticos ‘democráticos’ se reúnan a título político con ‘ilegales’ adscritos a formaciones terroristas.
Como se ve, todo un galimatías político-jurídico; una guerra abierta no sólo entre partidos, sino también entre altas instancias de la Judicatura; una brecha terrible en la sociedad, y, como consecuencia de todo ello, una sensación de burla o de desamparado en el entramado civil.
La comisión de seguimiento del pacto antiterrorista
Así están las cosas en el mundo judicial, pero no son mucho más complicadas de como se desarrollan en el mundo político, especialmente entre el PP y el PSOE. Ayer les anunciábamos en primicia que la reunión de la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista prevista para mañana, jueves, quedaba aplazada ‘hasta que haya contenidos’. Es una muestra de la discrepancia insalvable entre los dos partidos mayoritarios que se vio en la reunión entre el ministro Pérez Rubalcaba y el portavoz popular Eduardo Zaplana.
Los puntos de fricción están en que el PP exige que el Gobierno diga que ha roto definitivamente el proceso de paz con ETA, que proceda a la ilegalización del PCTV y que dé garantías de que no se autorizará a ninguna ‘lista blanca’ de Batasuna a presentarse a las elecciones municipales de mayo.
¿Qué opina el PSOE? Parece ser que lo mismo que el fiscal general del Estado, quien, en un desayuno informativo en Madrid acercó la llama a la mecha: el PCTV “no es una mera envoltura” de Batasuna y “no concurren las circunstancias” para su ilegalización. Ahora bien, si se apreciara en las próximas elecciones municipales que se iba a “utilizar esa carcasa” (la del PCTV) para evadir la ley de partidos por parte de Batasuna, se pedirá su anulación o ilegalización: “Haremos lo que la ley demande” (sic), pero sin presiones políticas.
Así las cosas, PP y PSOE han preferido –de momento- posponer al menos una semana la reunión de la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista, pero en el bien entendido de que no habrá acuerdos. Así se lo hemos explicado en otra parte de este boletín.
Por si fuera poco, etarras en el juicio del 11-M
Y para completar esta ceremonia de la confusión, algunos medios que apoyan la teoría conspiracionista que considera que ETA colaboró en el 11-M parece que están de enhorabuena: la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que juzgará, a partir del día 15 de febrero, el caso por la masacre de Madrid, ha aceptado como testigos durante la vista a tres miembros de ETA: al 'histórico' Henri Parot y a los jóvenes Irkus Badillo y Gorka Vidal, detenidos el 29 de febrero de 2004 en Cañaveras portando una furgoneta cargada de explosivos que fue denominada 'caravana de la muerte'.
El testimonio de estos ‘testigos’ ha sido solicitdo por la defensa de Jamal Zougan y aceptado por la Sala que preside desde el pasado miércoles Javier Gómez Bermúdez.
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